25 de junio de 2025
REVISTA QUé
La Ciudad de Buenos Aires impulsa su propio Servicio Penitenciario
Legisladores porteños debatieron la creación del Servicio Penitenciario de CABA y una nueva Ley de Ejecución Penal. El Ejecutivo busca consolidar la autonomía judicial, garantizar la reinserción y mejorar las condiciones de detención en un sistema propio y moderno.
En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrolló una reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia —presidida por la diputada Inés Parry—, Asuntos Constitucionales —a cargo del diputado Hernán Reyes— y Seguridad —encabezada por la diputada Gimena Villafruela—. El encuentro estuvo centrado en el análisis de los proyectos de ley que proponen la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad y una nueva Ley de Ejecución Penal.
Durante la jornada, expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, entre ellos el ministro de Justicia, Gabina Tapia, y el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín.
En su intervención, el ministro Tapia destacó que uno de los ejes fundamentales de la gestión es consolidar la autonomía porteña. En ese sentido, presentó el proyecto de ley para la creación del Servicio Penitenciario local, acompañado por una propuesta de nueva Ley de Ejecución Penal. Según explicó, el objetivo es establecer un sistema penitenciario autónomo, que en una primera etapa se aplicará a los delitos cuya competencia ya ha sido transferida a la Justicia de la Ciudad. Además, remarcó que se trabaja de manera coordinada con el gobierno nacional para abordar la situación de sobrepoblación en las comisarías porteñas.
Por su parte, el subsecretario Halperín valoró el momento institucional que atraviesa la Ciudad y subrayó que "la Ciudad está en condiciones de afrontar este desafío, con un cuerpo legislativo comprometido". Destacó que distintas fuerzas políticas han presentado iniciativas, lo que permite avanzar hacia una legislación construida a partir del diálogo y el consenso.
Halperín también remarcó la importancia de superar una visión meramente punitiva del sistema penitenciario. “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para la reinserción social. El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron”, señaló. En ese marco, propuso fortalecer el rol de las víctimas dentro del proceso de ejecución penal, asegurando su derecho a ser informadas, a participar y a expresar su opinión ante el juez, especialmente cuando se evalúen eventuales beneficios para la persona condenada.
Durante la reunión, se hizo hincapié en que la Ciudad de Buenos Aires, en tanto jurisdicción autónoma relativamente joven, tiene la posibilidad de diseñar un modelo penitenciario propio, libre de estructuras heredadas. En ese sentido, se recordó que en 2016, con la sanción de la Ley N° 5688, se creó la Policía de la Ciudad y se estableció un sistema integral de seguridad pública con intervención de los tres poderes del Estado. El proyecto actual busca completar ese proceso con una legislación que abarque la fase de ejecución de las penas.
Los funcionarios detallaron que actualmente más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la Justicia porteña, una nueva realidad que, según afirmaron, obliga a la Ciudad a definir su política penal post condena.
Por último, destacaron que el principal desafío es convertir el tiempo de encierro en una oportunidad significativa, brindando acceso efectivo a educación, trabajo, salud mental y fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales. "La sociedad ya no espera únicamente que alguien sea castigado; espera que no vuelva a delinquir", concluyeron.