Por Andrés Sosa y Juan Carvajal
Vivir en un estado de crisis permanente es el deporte por excelencia que se practica en un país que transita sus cuarenta años de la recuperación de la democracia. Las deudas de la dirigencia política con sus sucesivos gobiernos son inmensas, y el contexto exige pies de plomo para resolver problemas tanto estructurales como coyunturales. El Presidente, Javier Milei, y el Gobernador, Axel Kicillof, son los dos máximos protagonistas de una historia con final incierto. No obstante, la pelea política que sostienen los pone en una dimensión que los aleja de la resolución de las principales demandas de la sociedad.
La última semana dejó nuevos elementos que confirman las caracterizaciones del escenario tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. La gestión nacional se encuentra prácticamente frenada, ya que el Poder Ejecutivo apuesta casi todas sus fichas a la sanción de la controvertida Ley Omnibus y a la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
A pesar de tener el DNU judicializado y un proyecto desplumado en el Congreso, desde la Casa Rosada hacen un balance positivo, pero otras lecturas advierten por los costos que tuvo que pagar Milei. El tanque legislativo que propuso el Presidente, en gran parte fue desguazado, y le prenden vela para su sanción definitiva en el Senado. Mientras tanto, los motores que hacen funcionar la estructura de gobierno no arrancan.
Un punto central es la distribución de fondos de Nación a las provincias, como así también las obras abandonadas, además de las licitaciones para la adquisición de alimentos e insumos básicos. Infraestructura, vialidad, salud, educación y ayuda social son las temáticas con impacto en territorio bonaerense que están más afectadas.
En cuanto a transferencias no automáticas de recursos, la Fundación Mediterránea sostuvo que la provincia de Buenos Aires, en enero solo recibió $50 millones, 99,9 % menos que en el mismo mes de 2023, cuando le habían girado $37.510 millones. Sobre la ejecución de obras, las mismas se encuentran paralizadas, salvo algunas pocas que poseen financiamiento internacional. Rutas, autopistas, plantas depuradoras de líquidos cloacales, edificios escolares y sanitarios, con freno de mano en el interior bonaerense.
El Gobierno de Axel Kicillof renovó sus críticas hacia la administración nacional y señaló que distintas áreas todavía no tienen funcionarios designados, por lo que los recursos a la Provincia no llegan y los engranajes administrativos no se activan. Tal problemática también es denunciada por lo bajo hasta por propios integrantes del gabinete del Presidente. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, es el más apuntado, y la incertidumbre ahora alcanzó a la cartera de Infraestructura, tras la intempestiva salida de Guillermo Ferraro.
Sin embargo, la gestión bonaerense también presenta una serie de inconvenientes, que hacen que el funcionamiento no sea el óp-timo en momentos en los que la población requiere respuestas certeras. Al efecto cascada que provoca la impericia de Nación (sumado a la devaluación y la inflación descontrolada) se le agregan palos en la rueda propios de la estructuración interna que se dispuso en la Gobernación.
El loteo que diagramó Kicillof para contener a la diversidad de tribus del peronismo comienza a generarle dolores de cabeza. No son pocos los integrantes del Gobierno en sus diferentes roles que admiten que el reparto de poder en el gabinete fue tan amplio que ahora no solo provoca roces, sino que también actúa como un ancla para la toma de decisiones y ejecución de tareas.
Al margen de las internas ya conocidas, varias voces alertan sobre ciertas ineficiencias de funcionarios en resortes vitales de la gestión. Es que saben que el horno no está para bollos en la sociedad y que es necesario mostrar resultados. “Muchos caciques y pocos indios” es la frase que se escucha decir al referirse al funcionamiento de los ministerios.
Los sectores privados también muestran su severa preocupación por la coyuntura nacional y las medidas implementadas por Milei. Ante la situación en la que se encuentran son convocados por el Gobierno provincial para generar un colchón de contención. De hecho es habitual ver a Kicillof y a sus ministros más cercanos participar de rondas de reuniones con representantes productivos e industriales, entre otros.
Según supo La Tecla, dstintas voces que participan de tales encuentros relatan que como primera acción el Gobierno se encarga de explicar los efectos del plan de ajuste de Milei. Después escuchan el repaso de situación de cada sector y toman nota sobre las problemáticas que atraviesan y las demandas que tienen. Hasta ahí -así cuentan- todo viene dentro de los carriles esperados, pero luego las respuestas requeridas no llegan por parte de los funcionarios.
Tal dinámica provoca molestias, al tiempo que aporta algo de resignación en quienes buscan soluciones. La preocupación crece sobre todo en lo que respecta a obras públicas y viviendas en el ámbito privado, como hasta en distintos gremios.
El escenario presenta desde el vamos serias dificultades, y el panorama futuro pinta sombrío para grandes capas de la sociedad. Los tironeos entre Nación y Provincia, sumados a los problemas internos que cada gestión posee, agregan obstáculos que dificultan la resolución de temas que afectan la vida cotidiana de las personas.
La disputa política por arriba que encarnan tanto Milei como Kicillof coloca a ambos en una dimensión que -por acción u omisión- los aleja del llano. Mientras el país se encuentra en stand by y en la Provincia el impacto de la crisis se hace sentir, la incertidumbre es moneda corriente, y una nueva desilusión empieza a asomar.
EDUCACION Y SALUD
Dos áreas claves con poca inversión y denuncias cruzadas
La cuestión educativa no escapa al universo de Narnia en las dos administraciones. A nivel provincial, la problemática de la infraestructura se vuelve recurrente a solo un mes del inicio de clases en los 135 distritos. Diferentes consejos escolares, principalmente de los distritos opositores, puntualizaron en la falta de recursos o la escasez de los mismos para contemplar la refacción, mantenimiento y mejoras para un normal desempeño de cara al inicio del ciclo lectivo 2024, y gremios opositores alertaron sobre la paralización de la infraestructura
escolar en la Provincia.
Desde algunas administraciones acusaron el impacto del panorama político-económico a nivel nacional por las medidas de ajuste, desinversión en la obra pública y liberación de precios, que llevó a que ningún proveedor de materiales quisiera cotizar desde el mes de noviembre 2023 hasta inicios de enero de este año, provocando que las licitaciones de obras quedaran desiertas en reiteradas oportunidades.
El recorte nacional se hizo sentir, quedando en stand by 16 obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, distribuidas en 14 municipios, además de obras escolares en 11 distritos.
El panorama en Salud es similar. Desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak señalaron estar atravesando una situación compleja con algunos remedios y tratamientos que sostenía directamente Nación y hoy no lo está haciendo, como, por ejemplo, la asistencia para personas con discapacidad y pacientes oncológicos.
Por otro lado el sector sanitario tiene muchos costos dolarizados, como son las prótesis o los medicamentos, por lo que la devaluación impactó directamente, pero además la liberación de precios generó un fuerte golpe y alteró los procesos administrativos y, sobre todo, la relación de compra-venta.
No obstante, en cuanto a prestaciones, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos debido a las deudas millonarias y el corte de servicios en diferentes localidades bonaerenses, que afectan a los afiliados de la obra social.
OBRAS VIALES
Entre la parálisis y la continuidad, pero con los mismos problemas
El Gobierno de Axel Kicillof transita su segunda etapa en medio de una crisis económica que se agudiza y en pleno enfrentamiento con las políticas impulsadas por Javier Milei. No obstante, las obras en los municipios siguen su rumbo, sin complicaciones, salvo excepciones particulares. Las demandas de los bonaerenses crecen y exigen respuestas acordes a sus máximas autoridades. En ese marco se especula con un cambio en Vialidad. Quien está a cargo ahora es Hernán Y Zurieta, el exalcalde de Punta Indio que ocupó el lugar con el desembarco de Martín Insaurralde en el gabinete, en 2021. Sin embargo, en los últimos días se barajaron otros nombres con chances para ocupar esa silla.
Ese lugar clave en la estructura del Ministerio de Infraestructura sería moneda para pagarle a Mario Ishii, jefe comunal de José C. Paz y uno de los poderosos barones del Conurbano, luego de que este se quedara sin representación en las listas de legisladores de Unión por la Patria que compitieron en las últimas elecciones. Se trataría de Roni Caggiano, secretario de Obras y Servicios Públicos de José C. Paz y excandidato a primer concejal en la lista del alcalde en ese distrito bonaerense. Es hermano de Roque, actual presidente del Deliberante paceño.
A nivel nacional, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Fabián Catanzaro, advirtió que la obra vial “está toda parada. No se ha devengado nada y no se ha cargado nada para pagar las obras de 2024. Esto es un desastre, porque las obras se paralizan y es el Estado el que no está cumpliendo con los contratos; esto afecta en redeterminaciones de precios con intereses, y esto genera una deuda. Nosotros tenemos replicado el presupuesto del año pasado, pero no se está pudiendo ejecutar”.
También puntualizó que “hay una contradicción entre la parte alta del Gobierno y Vialidad. Estos últimos llegaron con una perspectiva de trabajar y poder desarrollar su tarea; esto pasó mientras estaba el ministro Guillermo Ferraro, pero con la disolución del Ministerio de Infraestructura tenemos la duda de cuál va a ser la línea, además de que no hay autoridades designadas en esas áreas”.
OBRAS PUBLICAS
El recorte nacional que comienza a sentirse en tierras bonaerenses
La construcción se convirtió en un sector sensible para las administraciones nacional y provincial. Si bien en ambas hay claras diferencias, el panorama es preocupante. Poco antes de asumir, el Presidente Milei dejó en claro que se iba a poner un freno a la obra pública. Su promesa se cumplió y la parálisis se generalizó. Frente a esta coyuntura, desde la Cámara Argentina de la Construcción alertaron que “el país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el des-borde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
Además indicaron que “el Consejo Federal declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda”. En este contexto, la cámara declaró el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos.
En la Provincia la continuidad de las obras y proyectos se transformó en una premisa de la gestión de Axel Kicillof frente al complejo escenario nacional. Allí, el Gobernador marcó la diferencia; no obstante, el listado de 140 obras que maneja el Ministerio de Obras Públicas provincial comprende solo a las de mayor costo. Hay de todo: rutas, trabajos hidráulicos, centros de salud. Y a eso hay que sumar otras 247, de gestión cooperativa.
Fuentes de la UOCRA consultadas afirmaron que todas avanzan, salvo algunas excepciones vinculadas a la redeterminación de precios, entre otras cuestiones burocráticas. No obstante, la principal preocupación se hizo sentir en la construcción de viviendas, donde gremialistas reclamaron al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y a la ministra de Hábitat, Silvina Batakis.
CRISIS SOCIAL
La demanda de alimentos en PBA y el freno de mano en Nación
Desde el Gobierno bonaerense reiteran que las políticas de ajuste del Presidente, Javier Milei, impactan de lleno en grandes sectores de la sociedad, y alertan por la alta demanda de asistencia alimentaria. Asimismo, en los últimos días, fueron varias las acusaciones contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en las que se denunció que la Secretaría de Desarrollo Humano no habría ejecutado partidas durante enero.
Fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires indicaron a La Tecla que el programa MESA (con 2.062.000 beneficiarios) posee recursos de Nación, pero que, por el momento, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ya garantizó las entregas de diciembre y enero. En tanto, en febrero se retomó el cronograma habitual y remarcaron que la “inversión de estos tres meses asciende a 36.000 millones de pesos, aproximadamente”.
Acerca del Sistema Alimentario Escolar (SAE) dijeron que durante el primer mes del año se cumplió con la obligación del desayuno/merienda y almuerzo en las Escuelas Abiertas de Verano (EAV). Además se retomó en febrero la cobertura habitual del SAE para más de 2.300.000 beneficiarios.
La incógnita más grande comenzará a partir de marzo, con el proceso de las nuevas licitaciones para la compra de alimentos. La inflación desbocada y el riesgo de una nueva devaluación ante las inconsistencias del plan económico de Javier Milei ponen un manto de incertidumbre cada vez mayor.
SEGURIDAD
Crecen los delitos: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
La crisis económica incrementa los niveles de pobreza y configura un terreno fértil para que los delitos se disparen en gran parte del territorio. El Conurbano bonaerense arrastra un problema estructural en cuanto a la seguridad y requiere de la articulación entre Provincia y Nación. El clima tenso en medio de la disputa política genera pocas respuestas por parte de las autoridades.
La ola de asesinatos y robos durante el primer mes del año conmovió a la
provincia de Buenos Aires. El crimen de Tomás Tello Ferreyra en Santa Teresita, el femicidio de Yamila García en Ingeniero Budge, el robo de un patrullero en Olivos y el aberrante homicidio de Umma, la niña de nueve años hija del oficial de la Policía Federal Eduardo Aguilera, en Villa Centenario, fueron algunos hechos que marcaron el termómetro.
Los intendentes bonaerenses, tanto oficialistas como opositores, continúan son sus reclamos históricos de mayor presencia policial y de recursos. El pedido es tanto para el Gobierno de la provincia como para el nacional.
Ante esta situación, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, visitó dos municipios del Conurbano que son gobernados por jefes comunales del PRO: Tres de Febrero (Diego Valenzuela) y San Isidro (Ramón Lanús). Los alcaldes expresaron sus demandas y esperan acciones al respecto.
La ministra Patricia Bullrich generó malestar en los jefes comunales al colmar de fuerzas federales el Congreso, mientras el narcotráfico avanza en los barrios más pobres del país.
BAJO LA LUPA
Contrataciones, un organismo vital que requiere eficacia
El Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) fue creado por el gobernador Axel Kicillof como una forma de marcar diferencias políticas con su antecesora en el cargo, María Eugenia Vidal. La exmandataria había resuelto que la Contaduría General oficiara como ente centralizador de la política de contrataciones, pero para el actual mandamás, tal entidad debe controlar los procedimientos. Victoria Anadón, ligada al camporismo, es la titular que fue ratificada en el cargo, y su accionar está puesto en tela de juicio.
Según supo La Tecla, la funcionaria se encuentra bajo la lupa de varios de sus pares, que entienden que se precisa mayor celeridad y optimización en la tarea. En algunas reuniones, ministros expresaron su preocupación, y hasta cierto enojo, con la performance de Anadón. Incluso trascendió que no verían con malos ojos algún cambio en el área y que trasladaron la inquietud a Kicillof.
El OPC posee el “carácter de Autoridad de Aplicación del Subsistema de Contrataciones”, con lo cual es vital para el funcionamiento administrativo, ya que interviene en los procesos licitatorios del Gobierno. Además puede “establecer compras conjuntas de dos o más jurisdicciones, como así también compras estratégicas en pos de la eficiencia en los procesos”. En tanto posee la chance de que “los municipios incorporen sus compras consideradas estratégicas a los convenios marco suscriptos” por la entidad.
Entre otras tareas tiene la de “dictar normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y complementarias en la materia”; “aprobar el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para las contrataciones”, y dar lugar a “la forma, plazo y demás condiciones para confeccionar e informar el Plan Anual de Contrataciones”.
Los reclamos comienzan a ser cada vez mayores y la gestión de Anadón ocasiona malestar en funcionarios provinciales. Algunas voces se encargan de señalar que la cercanía de la camporista con Máximo Kirchner y Cristina Fernández sería una traba importante al momento de pensar en un recambio.
SERVICIOS PENITENCIARIO
Viandas y obras: alerta en cárceles bonaerenses
En la actualidad el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuenta con 74 unidades, complejos y alcaidías en la Provincia, que alojan a más de 51.000 internos; la provisión alimentaria, como también la infraestructura de las unidades carcelarias, sintieron el efecto de la motosierra.
Sobre la realidad que se atraviesa, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó: “La sobrepoblación está al ciento por ciento, las condiciones siguen siendo de hacinamiento, lo cual acelera el deterioro de las instalaciones en todas las dependencias. La situación es crítica en infraestructura, porque es un
sistema que tiene capacidad para la mitad de las personas ahora detenidas. Varias de las obras que nosotros monitoreamos están paradas”.
Respecto al programa de alimentación carcelaria, García señaló: “Nunca la comida que se tiene que proveer es la que se entrega, y los detenidos comen de lo que las familias les llevan. Con el tema de las viandas hubo problemas con el pago a las empresas, que en este contexto deciden achicar el gramaje de la mercadería que entregan”.
A pesar del panorama informado por la Comisión Provincial por la Memoria, fuentes consultadas del Servicio Penitenciario dieron cuenta de que la provisión de alimentos a las cárceles se lleva a cabo de manera normal. Además, que el pago a los proveedores se rige de acuerdo a los pliegos previamente convenidos.
Con relación al costo de los alimentos provistos en las diferentes unidades a lo largo y ancho de la Provincia se puntualizó que, ante la escalada de la inflación, las empresas solicitaron la redeterminación de precios con la finalidad de mitigar el desfasaje producido por la alta suba de los últimos dos meses; en consecuencia, esos expedientes continúan los pasos que exige la administración bonaerense.
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