El intendente de Chascomús, el massista Javier Gastón, manifestó días atrás su preocupación por el notable incremento en los pedidos de ayuda que recibe el municipio a raíz de la profundización de la crisis desde diciembre pasado, especialmente en el rubro alimentario y alquileres.
Con este panorama, el jefe comunal de Unión por la Patria envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, administrativa y financiera, social, sanitaria y de servicios públicos para el municipio.
La solicitud implica, en los hechos, adherir a las leyes provinciales que declaran la emergencia y que fueran prorrogadas por la Legislatura provincial, a través de la Ley 15.480, hasta el 31 de marzo de 2025.
El texto de la solicitud enviada por el Ejecutivo chascomusense señala que “la sanción de dicha ley, publicada el 2 de enero del corriente año, se fundamenta en la situación actual de la Argentina, que se encuentra atravesando una coyuntura especialmente delicada, con un altísimo grado de incertidumbre respecto del devenir de las principales variables económicas y sociales”.
En ese marco, señala que “el deterioro de la situación fiscal producto de las medidas económicas anunciadas a nivel nacional y el impacto a nivel local que tendrán la aplicación de las disposiciones previstas en el DNU 70/23”.
“Resulta imprescindible en este contexto contar con herramientas de gestión que le permitan a este gobierno garantizar el funcionamiento del Estado, responder a las necesidades de la población y brindar los servicios que son de su competencia”, refirieron desde la comuna.
El propio Gastón añadió otros elementos que agravan la situación actual, como “las consecuencias de las disposiciones del gobierno nacional el 12 de diciembre de 2023 que incluyeron la suba del 118% en el tipo de cambio oficial, el incremento del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias, la reducción de los subsidios a la energía y el transporte y la aceleración de los precios de bienes y servicios”.
Además, consideró como otro aspecto a tener en cuenta la caída en la actividad industrial y una segura retracción en los empleos directos e indirectos por la paralización o disminución de la obra pública.
Finalmente, el gobierno local coincide con la evaluación realizada por el gobernador Axel Kicillof en relación con una “estatización” de gran parte de la población, que abandonará los servicios privados para recurrir a los estatales, como hospitales, CAPS, escuelas públicas, etc.
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