Según la Real Academia Española, precario significa “de poca estabilidad o duración”, o bien “que no posee los medios o recursos suficientes”. La definición aplica a varios procedimientos sostenidos por la política local, ya sea desde las áreas ejecutivas o desde la maleabilidad de los ediles en el plano legislativo. Ambas aristas tienen la misma vertiente: la falta de proyecto estratégico. El negocio, la inoperatividad o la negligencia pregnan mejor en el aquí y ahora, en el alambre y en la artesanalidad, dejando al largo plazo como una muletilla de campaña inocua y vacía.
En plena temporada, las 47 Unidades Turísticas Fiscales (UTF) -que pronto serán 52- volvieron a generar rispideces en el recinto legislativo. ¿El motivo? El 10 de enero el Ejecutivo envió un proyecto de ordenanza para regularizar la situación administrativa de siete de ellas, solicitando la renovación de los permisos precarios. Estos aparecen en los casos de playas con servicios para las que no se elaboraron nuevos pliegos una vez vencidos los plazos originales. Por un lado implica la falta de competencia de los concesionarios, que, sin someterse a la presentación de un nuevo proyecto, se mantienen al frente del sitio de explotación. Uno de los casos paradigmáticos es el de la playa popular Bristol, ícono del centro marplatense que año tras año queda bajo la órbita del empresario Italo Ravasio. A esta se suma Punta Cantera I, hoy en manos de UTHGRA, y las playas La Redonda y Escondida.
La polémica también radica en una cuestión de plazos: los permisos, que van del 1 de diciembre del 2023 al 30 de abril del 2024, aterrizaron en el Legislativo con la temporada avanzada, es decir, las UTF operan de forma irregular en el momento más álgido de movimiento en Mar del Plata. Aunque la oposición calificó el hecho de “poco serio” y “vergüenza”, el propio engranaje empuja a la irregularidad: mantener las playas sin permisos es un riesgo, por ende, aun fuera de tiempo y forma, terminan siendo votados igual. La pregunta queda en el aire: ¿Por qué no se envían durante el año? Si bien el permiso precario es una figura contemplada por la normativa, sectores críticos afirman que la Comuna no debería, salvo contadas excepciones donde haya un pliego en marcha, llegar a ese punto?
La precariedad como método tiene otro rubro predilecto también vinculado al territorio: la construcción. El Legislativo convirtió al Código de Ordenamiento Territorial en un borrador lleno de tachaduras, desvíos y anexos. Sin la voluntad política de una reforma integral -que implicaría una mirada estratégica-, los ediles recurren a la excepción. Estas comenzaron a atravesar con mayor frecuencia y velocidad la Mesa de Entradas del recinto a partir de mayo del 2021, cuando se sancionó el Régimen de Incentivos a la Construcción. La medida, pensada para inflar los pulmones de un rubro quebrado por la pandemia, flexibilizó indicadores en busca de inversiones. No obstante, la ordenanza 25.114 fue sancionada con un complemento: la 25.115. Esta estableció la necesidad de crear una comisión especial de compensaciones con el objetivo de crear una reglamentación general, un sistema que evite el caso por caso y, por ende, los parches. Mientras que el régimen de incentivos recibió sendas prórrogas, ponderado su buen funcionamiento, el sistema de compensaciones requirió de extensiones de plazo por la falta de elaboración.
El garabato discursivo aseveró primero que este no vencía en mayo del 2023 sino en noviembre, cuando se cumplieron 24 meses de la reunión iniciática de la comisión. No obstante, claudicada también dicha fecha, la soga llegó hasta enero del 2024, cuando apareció un borrador que podría recibir modificaciones de parte de la oposición. Las excepciones transcurridas en el mientras tanto, por su parte, quedaron galvanizadas como ejemplo del “siga siga” que favorece la precariedad como método.
La plana mayor de la política de Mar del Plata tiene una responsabilidad agravada por la coyuntura de crisis y la relación de tensión con Provincia y Nación. La precariedad como método va dejando rastros que, aunque no siempre visibles a simple vista, orientan los destinos del General Pueyrredon del futuro.
La Reserva: la polémica de un proyecto “hecho a medida”
El territorio de la comuna continúa funcionando como un paño de casino, donde empresarios y política juegan sus cartas. El 31 de octubre del 2022 el empresario Esteban Alberto Materia ingresó una nota particular al Concejo Deliberante, en la que solicitaba “la reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales para el predio y/o sector conocido comercialmente como balneario La Reserva”. ¿El objetivo? El emplazamiento de un complejo de edificios de “uso residencial uni o multifamiliar” con una densidad de 100 habitantes por hectárea y con alturas de hasta 12 metros. La nota, que contaba con dos giros, fue tratada por primera vez el 15 de noviembre del 2022. Luego llegaría un informe brindado por el secretario de Obras, Jorge “Guasa” González, donde se presentó un borrador de proyecto de ordenanza a partir del pedido privado.
Dentro del apartado “Conclusiones” del escrito aparece una frase llamativa: “Si bien resulta aconsejable abordar la temática mediante un plan integral de conjunto arquitectónico integrado (...) a los efectos de darle pronta solución al caso traído a consideración, se estima atendible establecer nuevos indicadores”. El proyecto volvería a tratarse en la comisión de Obras y, luego, en Legislación, hasta convertirse en ordenanza el 28 de diciembre de dicho año, siempre con el visto bueno del oficialismo. Desde algunos sectores vinculados al mundo de la arquitectura calificaron a la iniciativa como “una vergüenza” y “algo nunca visto”, ya que el escrito fue aprobado para un proyecto sin detalles. Como antecedente, La Reserva setea una dinámica donde la política deja de trabajar para un proyecto de ciudad y se pone al servicio de privados particulares sin retribuciones para la comuna.
Expedientes “sin cadena de frío”
El Concejo Deliberante suele recibir más de 1.000 expedientes por año entre el Ejecutivo, los bloques políticos y las notas particulares de vecinos y la sociedad civil en general. El trabajo en comisiones tiene, como objetivo final, dar respuesta, ya sea aprobar, modificar o archivar cada uno de ellos. No obstante, casi 300 proyectos y notas pasaron el límite de días sin resolución -sea aprobación o archivo- en el giro correspondiente, por lo que se consideran vencidos. Si bien el número recoge datos de los últimos diez años, la mayoría corresponden a los últimos cuatro. Legislación, con 78, encabeza el listado. Siguen Educación y Movilidad Urbana (49), Obras (38), Salud (19), Ambiente (18), Hacienda (9), Derechos Humanos (8), Industria y Deportes (7), Seguridad (6) y Género (4). Por su parte, Turismo, con 0, se ubica en la parte baja de la tabla. Los olvidados de las comisiones no solo constituyen una irregularidad administrativa, sino también potenciales problemas futuros. | |
