El operativo para desactivar el paro y la tensa negociación con los gobernadores

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general nacional para el próximo 24 de enero. La medida, acompañada por una masiva movilización hacia el Congreso, tiene como objetivo principal rechazar las políticas de desregulación económica implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Inmediatamente convocada la medida de fuerza que incluye una gran movilización, el Ejecutivo comenzó a tomar medidas para intentar desactivarla. La escalada inflacionaria y el malestar general podría sumar gente a esta protesta y este es el temo del gobierno de Milei. 

La iniciativa surgió como respuesta a la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 por parte del Ejecutivo.  La elección estratégica de la fecha no solo se basa en la posible discusión legislativa sobre las medidas gubernamentales, sino que también pretendió otorgar un plazo de 27 días al Gobierno para reconsiderar su postura y buscar vías de diálogo y negociación con el movimiento obrero organizado. 

La primera reacción de la Rosada sería la de decretar feriado nacional para esta fecha aunque aún no se formalizó y tampoco se conocen los motivos. Según trascendió sería en honor a Julio Argentino Roca. 

Mientras tanto siguen abiertos los canales de diálogo con los gremios y se reconoce que podría haber algunas modificaciones en la Ley Ómnibus, en lo relacionado con las reformas laborales, el puntos más cuestionado por los gremios.  La encargada de esta tarea es la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, pero el propio Milei estaría dispuesto a recibir a los sindicalistas para mostrar buena predisposición y destrabar el conflicto. Por ahora, la medida de fuerza está vigente.

El papel de los gobernadores 

Otro frente de conflicto abierto del gobierno de Milei es con los gobernadores. El Ejecutivo necesita acuerdos para que prospere la Ley Ómnibus en el Congreso y para esto el rol de los mandatarios provinciales es fundamental.  Lo locales piden a cambios varias cuestiones relacionadas a compensaciones económicas, pero plata no hay y la relación se tensiona. 
La modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que promovió Massa durante la campaña electoral sigue vigente en el inicio del 2024 y le suma presión a la sensible negociación entre Javier Milei y los gobernadores más preocupados por compensar los multimillonarios fondos provenientes de la coparticipación de ese canon.

El impacto en las arcas provinciales se sintió en el cierre del año. Según los cálculos de la firma Politikon Chaco, la caída en los fondos coparticipables provenientes de Ganancias fue, en términos reales, del 41,3% respecto de diciembre de 2022.

Milei abrió la posibilidad de dar marcha atrás con los cambios, pero esto aún no ocurrió y varios de los gobernadores, atentos al impacto en los salarios y correspondiente costo político que generaría, pidieron que lo perdido se compense con la coparticipación del Impuesto al Cheque.

Los gobernadores deben definir por estas horas la estrategia que llevarán adelante. La compensación con la coparticipación del impuesto al cheque está lejos de concretarse, así lo transmitieron desde la Rosada. Y temen que solo se insistirá con la restitución de Ganancias si la Ley Ómnibus recibe la aprobación del Congreso.