Las intenciones de Milei para recortar el gasto público: ¿plan motosierra o bisturí?

Un informe que lanzó la consultora Marangoni y Rodríguez Asociados estudió cuántos puntos del PBI se podrían retocar teniendo en cuenta el discurso de Javier Milei en torno a la economía nacional, con el cual logró más de siete millones de votos en las PASO del 13 de agosto. Gracias a esas intenciones, y ayudado también por el voto bronca del electorado, el economista se coronó como el precandidato más votado en las primarias.

Sin embargo, con el correr de los días su discursiva fue cambiando hacia un tono más moderado y realizó declaraciones en las que aseguró que no recortará en el empleo público, jubilaciones, ni tampoco en planes sociales.

El estudio en cuestión explica que los tres niveles de gobierno gastan en total 43 puntos del producto bruto interno, y que solo el presidente puede operar en el 24.3 del total para llevar a cabo recortes. La porción restante de la torta es administrada por gobernadores e intendentes.

El gasto primario acumulado al mes de julio del 2023 rondó en el 19.1% del PBI. De ese número, el 17,6% corresponden a gastos corrientes. Como mutó el discurso de Milei y manifestó que no recortará en gastos de consumo, el informe de MyR confirmó que “14 puntos sobre 18 puntos del gasto no se retocarán”.

En ese sentido, algunos ajustes que se podrían llevar adelante tienen que ver con el aumento de tarifas a sectores de altos ingresos, recortes en las transferencias a empresas públicas (recorte de déficit o privatización), disminuir lo presupuestado para obra pública o con un fuerte recorte en las transferencias a las provincias.

“El 100% de estos conceptos representan 4.9 puntos del PBI. Solo una fracción de estos 4.9 puntos podrá actuarse con recortes”, expresó el informe. 

Llegaron a la conclusión de que quedó “muy lejos queda la propuesta maximalista de 15 puntos del Milei de hace unos meses”.

Para la consultora, el déficit tendencial superará la pauta oficial de 1.9% a 3% del PBI a finales de año. Se trata de un desafío que los candidatos presidenciales puedan lograr un equilibrio fiscal en el tiempo más corto posible.