Con un inusitado éxito internacional, el filme “Argentina 1985” se convirtió en un ayuda memoria de las épocas más oscuras de la historia, y de la gesta que significó comenzar a hacer justicia con los popes de aquella sangrienta dictadura.
A lo largo de un derrotero de golpes de Estado, la Provincia y los municipios se fueron colmando de leyes, decretos y ordenanzas, aún vigentes en muchos casos. Otros han caído en desuso, perdiendo eficacia por la transformación de las condiciones que sirvieron como fuente de su elaboración y adopción, por inadecuación a la necesidad o cosa que pretende regular o por la ausencia de vínculo o nexo entre la norma legal y el criterio predominante de la colectividad social; también por haber cumplido su objetivo o haber expirado el plazo para los que fueron dictados.
Es por eso que este 23 de marzo, por resolución de ambas cámaras, se inició el proceso de reparación histórica legislativa, durante la sesión especial. Así se tratarán casi dos mil decretos leyes, los que se pondrán a consideración del cuerpo legislativo, devolviendo a cada uno su potestad para legislar, cercenada por los sucesivos gobiernos dictatoriales del país y la Provincia.
Por otra parte se profundizarán las tareas para que el territorio bonaerense sea declarado “libre de normas de facto”, invitando a los municipios a que hagan lo propio con sus ordenanzas. Entre los decretos leyes vigentes se destaca el 7565/56, que proclamó la vigencia de la Constitución del año 1934 y derogó la Constitución provincial de 1949.
Otro claro ejemplo del peso actual de normativas de facto es la mismísima Ley Orgánica de las Municipalidades, que rige la relación entre la Provincia y las comunas desde 1958, cuando el poder era ejercido por el entonces Interventor de la Revolución Libertadora, Emilio Bonnecarrére.
La Unidad de Reparación Histórica Legislativa, creada a instancias de la presidencia de la Cámara Baja, a cargo de Federico Otermín, relevó 3.217 decretos leyes y 363 ordenanzas generales, con el objetivo de derogar expresamente los decretos leyes no vigentes o sin eficacia o readecuar los que se encuentren vigentes para convertirlos en leyes de la democracia.
La ardua tarea incluye la identificación de decretos leyes que requieren la participación de dependencias u organismos de la administración, así como organizaciones intermedias y municipios, para confirmar la eficacia de la norma. También la selección de decretos leyes referidos a transferencia de inmuebles para remitir a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble y a la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales de la Provincia.
Los impulsores de la revisión sostienen que hay alrededor de 900 decretos leyes que son expropiaciones o donaciones, donde ni siquiera se ha hecho la comprobación. Cada ministerio tiene que hacer un trabajo de revisión, con tareas para los legisladores, como replantear si los empréstitos deben seguir siendo aprobados por dos tercios de los presentes del día del debate o dos tercios del total de la cámara, que sería lo más lógico para decisiones de tal calibre. “Ese trabajo de la unidad tomó estado parlamentario durante la sesión especial que realizaron ambas cámaras, como ocurre cada año”, sostuvo Walter Abarca, diputado del Frente de Todos.
La Constitución, una piedra basal
El golpe de Estado de 1955 le dio al entonces Gobernador de facto, Arturo Osorio Arana, facultades constitucionales, por lo que derogó la Constitución de 1949 a través de un decreto ley.
Con el regreso de la democracia, el Ejecutivo y las nuevas cámaras que se constituyeron no pudieron suplir de un día para otro esa batería de normativas, por lo que sacaron una ley ómnibus que dejó vigente el andamiaje de los militares. “Esa ley debería haber tenido una temporalidad, que es el plazo necesario para que las legislaturas se ocuparan y revisaran esta normativa, por lo que siguen vigentes. Pero ese decreto ley que derogó la Constitución del ‘49 puso en vigencia la del ´34; no puede haber sido convalidado por decretos, por leyes de la Legislatura, porque si no, la misma se hubiese estado arrogando facultades constituyentes.
Esto hace que la provincia de Buenos Aires tenga la necesidad de volver a rediscutir ese pacto originario que establezca la convivencia social con legitimidad, porque ese decreto ley nunca ha sido convalidado, debería haber sido en una Convención Constituyente”, explicaron desde la Unidad de Reparación.
Marcelo Santillán
“Son leyes o decretos leyes que están manchados con sangre”
El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán (FdT), es pieza clave en la tarea de la comisión. Acerca de la trascendencia de la revisión parlamentaria aseguró que “es una deuda que tienen los legislativos, tanto provinciales como municipales, de no haber revisado durante 40 años de democracia la normativa dictada por gobiernos de facto. Son leyes o decretos leyes que están manchados con sangre, porque si no hubiese habido la represión que hubo, difícilmente se hubiese instalado esa normativa”.
El alcalde peronista añadió que “se empieza a ir a un camino de encontrar un nuevo pacto social surgido de la voluntad popular, y ni siquiera está expresado en las constituciones nacionales ni provinciales, porque los gobiernos de facto tomaban la presidencia de la Nación y daban mandas a los gobernadores, que también eran de facto esas mandas que le daban, básicamente les daban las facultades legislativas”. Santillán añadió que “hay leyes claves que siguen vigentes, como la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) o el decreto ley que ratifica la creación del IOMA. También el decreto referido al Instituto de Previsión Social (IPS), el 9650/1980, que crea este organismo provincial.
Otro es el decreto ley 8031, que es el Código de Faltas Policial, que castiga cosas como pisar descalzo una plaza o tirar un globo a otra persona. Si hay un pacto de convivencia, ese debe ser para modificar normativas vigentes, porque, incluso, muchas han sido ya declaradas inconstitucionales. Se suma el tema de los bienes, cuáles se consideran privados y cuáles públicos, cuáles son los límites de las jurisdicciones; el uso del suelo, que es regido por una normativa del proceso y no contempla con amplitud la aparición de un country o un club de campo. Durante 40 años de democracia recuperada siguieron rigiendo la vida de los bonaerenses. Lo mismo el Código Rural, que "obliga a marcar el ganado con un fierro caliente, lo que ahora genera protestas de las organizaciones protectoras de animales; pero, claro, antes no existían y la norma obliga al productor a hacerlo de esa manera”, remarcó.
La LOM y una contradicción en las funciones del Procurador
Poner en cuestión la normativa vigente hizo llegar a la mismísima Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) un decreto ley emanado de un gobierno de facto y que “es el origen del pacto de convivencia que establecemos los intendentes con nuestros ciudadanos”.
Al respecto, los miembros de la Unidad de Reparación legislativa consideran que la ley no solo es obsoleta por el tiempo sino que está viciada de falta de legitimidad, ya que no funcionaron la Legislatura ni los concejos deliberantes. Aunque “algunos artículos podrán quedar y otros ser revisados”, explican.
También entra a tallar aquí el tema de la autonomía municipal, incluso porque desde entonces hasta ahora se han creado nuevos distritos. Además mencionaron que “hay que avanzar hacia un sistema inverso de recursos. La Constitución del ´34 prevé que los municipios puedan fijar impuestos, pero en la práctica sólo fijan tasas. Hay que empezar a dar ese debate desde ahora”. Por otra parte, la Unidad de Reparación puso la mira en la Procuración, remarcando una curiosa contradicción creada en origen. Señalaron en tal sentido que la Procuración maneja a los fiscales y a los defensores. Los primeros, ejerciendo la acción en representación de los ciudadanos, acusando, y también a quienes defienden.
“Hay que rediscutir si esa persona que acusa tiene que estar dentro del Poder Judicial o tiene que depender del Ejecutivo, por una parte, pero también si el mismo que acusa puede estar a cargo de la defensa, no puede estar de los dos lados del mostrador. Eso tiene trascendencia en la manera de ejercer la acción penal para controlar delitos”.
Además proponen que el cargo de Procurador, actualmente ejercido por Julio Conte Grand, sea elegido por un sistema popular, de forma directa, y pueda ser removido. Finalmente sostienen que debe haber una convocatoria para una reforma constitucional, con un plazo amplio para que se puedan dar los debates. “Pueden ser tres meses o un año, donde se pueda poner todo en discusión y modificar, al menos, aquellos artículos que son necesarios”, expresaron. Algunos creen que dicho proceso podría durar cuatro años, si es que el próximo Gobernador declara la necesidad de convocar a una Constituyente.
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