En nombre del Encuentro Plurinacional de Argentina, integrantes de los pueblos mapuche, charrúa, quechua y afrodescendientes, presentaron ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), una denuncia contra el ex senador rionegrino, Miguel Ángel Pichetto, en la cual se lo acusa de “incitar al odio”, tras que declarase que "el pueblo mapuche es un pueblo invasor, no es originario de la Argentina, es originario de Chile. En Argentina por suerte apareció Roca y la Patagonia es argentina por Roca", en referencia a la denominada Campaña del Desierto en la que se exterminó a gran parte de los pueblos autóctonos de la zona.
"Los discursos de odio racial que lleva adelante Pichetto en medios de comunicación, afectan mucho a nuestra gente y dejan expuestas a otras en riesgo de ser agredidas de forma verbal o física, ante los dichos públicos de un funcionarios público", manifestó Oscar Farías, integrante de la Comunidad Mapuche Nahuel Payún, a lo que agregó: “Esta campaña racista, discriminadora y negacionista contra el pueblo mapuche nos retrotraen a la campaña de exterminio que Julio Argentino Roca y otros llevaron adelante, donde además desaparecieron personas y se apropiaron de nuestros 'pichikeches' (niños y niñas) para ser utilizados como sirvientes por las familias pudientes de aquella época".
Los denunciantes fueron recibidos por la coordinadora de Recepción y Evaluación de Denuncias, Natalia Mengual, y por la Directora de Asistencia a las Víctimas, Andrea González, quienes hicieron las veces de guía y tutor para indicarle a los que llevaron a cabo la acusación cómo proseguir.
A su vez, y según se destaca en Telam, en la denuncia se especifica que los dichos del actual miembro de la Auditoría General de la Nación, los “pone de frente a una situación paradigmática en Argentina justamente al cumplirse 40 años de la recuperación de la Democracia”, por lo que “es indispensable que las referencias políticas de nuestro país tengan formación real en Derechos de los Pueblos Indígenas y así evitar estas situaciones”.
La Ley 23.592, pronunciada en contra de actos de discriminación, en su artículo 3, sostiene que quienes se encuentren culpables de participar en organizaciones basadas en teorías de superioridad racial, étnica y/o religiosa, o bien quienes realicen propagandas igualmente discriminatorias pueden llegar a sufrir una pena de un mes a tres años de prisión, siempre y en cuando sean acciones que tengan como propósito “la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
Las declaraciones de Pichetto se dan en el marco de una entrevista que sostuvo con la periodista María O’Donell, en la que, previamente, había ratificado sus dichos respecto a la escasa relevancia en los asuntos de la sociedad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades donde, además, había cuestionado la designación de Ayelén Mazzina como ministra de dicho organismo público, al tratarse de una mujer perteneciente al colectivo LGTB .
Específicamente, Pichetto había puesto en duda la sexualidad de la ministra por pertenecer al grupo mencionado, lo que generó un fuerte rechazo tanto de ese sector como de la propia Ayelén Mazzina. “Yo creo sinceramente que el Ministerio de la Mujer nunca debería haber existido como tal, debería haber habido una política trasversal desde la Jefatura de Gabinete que comprendiera a todos los ministerios”, opinó el ex legislador y deslizó que llevaría a cabo una denuncia contra Alejandro Marmoni, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por haber hecho el relevamiento y otorgamiento de tierras a la comunidad mapuche debido a que, según expresó, en el INAI “tienen la capacidad de hacer relevamientos, pero no de otorgar reconocimiento de la propiedad”.
“Acá en Argentina se perciben mapuches, negros… todas las percepciones valen mientras ocupan tierras que no son de ellos, mientras existen estos organismos como el INADI y el INAI… en fin”, deslizó el Auditor General.
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