El proyecto del gobernador, Axel Kicillof, para modificar la Ley 15.008, que regula la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco Provincia no encuentra una salida consensuada en la Legislatura. Ante el rechazo de la oposición, el oficialismo no descartan realizar un último intento de cara al 2023. Mientras tanto, el reloj corre y la fecha de vencimiento está cada vez más cerca.
El 2022 cerró con varios proyectos que no encontraron el consenso en el parlamento bonaerense para ser sancionados. Entre ellos se encuentra una iniciativa clave que genera serias rispideces entre el Frente de Todos y Juntos: la modificación de ley de jubilaciones de los trabajadores del Bapro.
Sobre el cierre del año, desde oficialismo dejaron trascender que no descartan realizar un último intento antes de que propuesta pierda estado parlamentario. De este modo, no bajan los brazos y tiran la pelota hacia la oposición. Será motivo de nuevas discusiones sobre un tema que preocupa a la Provincia debido a las consecuencias millonarias que implicarían para las arcas del Estado en caso que la Corte resuelva la situación.
Mientras tanto, el Ejecutivo no quiere cambiar nada de su redacción y desde Juntos se muestran reticentes a alzar la mano para “voltear” una de las dos leyes emblema del paso de María Eugenia Vidal por la Provincia. La otra fue el límite de reelecciones de los intendentes, que ya ha sido modificada.
Es por ello que desde el PRO duro surgió la postura más intransigente sobre no hacer ningún cambio. Pero ahora, hasta ese sector reconoce que habrá que poner sobre la mesa al menos el artículo 41, que es el que ató la movilidad jubilatoria a la Anses y la sacó de las paritarias provinciales. Sobre ese punto advirtió la Suprema Corte (inundada de amparos de afiliados a la caja) que fallaría en contra. Y si el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de la 15.008, supone un problema económico importante para la Provincia y, también, un inconveniente político para la principal coalición opositora.
Desde el Banco Provincia aseguraron que “no es posible saber de forma cierta el costo que tendrá para el Gobierno, porque dependerá de los términos del fallo. En la última audiencia en la Corte se estimaba un costo de 41.000 millones de pesos por retroactividades. El impacto no necesariamente es sobre el banco, sino sobre el conjunto del Estado provincial. Además hay que ver cómo resuelven cuestiones normativas de la 15.008 que también pueden tener un impacto significativo en el balance del banco y de la Provincia”.
"El déficit de la caja, el Gobierno lo quiere pasar a la Provincia, y nosotros queremos que quede en el banco, porque van a tener más conciencia de que el tema hay que arreglarlo; la caja junta la mitad de lo que sale, está quebrada. Todos los empleados bancarios deberían jubilarse con el régimen de Anses. Y quieren que la Provincia se ponga a financiar ese muerto”, dijo un legislador de Juntos, aunque reconoció la necesidad de salir del atolladero en el que los metió la Corte. El déficit calculado de la Caja del Banco Provincia para este año es de 19.945.253.000 pesos, y para 2023, si continúa la ley actual, superará los 27.000.000.000.
Desde la oposición se sostiene que el Gobierno va a financiar una caja en pérdida en detrimento de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), con jubilaciones mucho menores que las de los bancarios. Ante esto, fuentes de la entidad financiera respondieron a La Tecla que “el proyecto de Ley mantiene la trayectoria a la reducción del déficit implícito en la 15.008, de forma que el planteo de la oposición no es consistente. Lo que sí proponemos es un mecanismo que sea sustentable y solidario. La oposición lo sabe porque el texto tiene todos los comentarios y modificaciones que aportaron los legisladores de las distintas bancadas. El mecanismo de financiamiento solidario y equitativo prevé que tanto trabajadores como pasivos y el propio banco incrementen sus aportes”.
Sobre este punto no habría objeciones por parte de Juntos, como tampoco de volver hacia atrás con que la movilidad regrese a la Provincia, que es el punto neurálgico sobre el que la Suprema Corte declararía la inconstitucionalidad. El problema surge con la idea de retornar a una jubilación inicial del 82 por ciento y a que las mujeres se jubilen a los 60 años, cuando la Ley 15.008 establece el 70 por ciento para el inicial y había elevado a 65 (como los hombres) la edad de retiro de las damas. Allí hay una postura más firme por parte de la oposición de no acompañar esas modificaciones, a las que también se comprometió el Gobernador con La Bancaria. “No entregamos la edad y no entregamos el 39, que es el cálculo inicial; si no hay para pagar el 70 cómo vas a pagar el 82”, sentenció uno de los defensores de la 15.008. “Es importante llegar a un consenso donde se hagan los mínimos cambios, tal cual el pedido de la Corte, y esto es el artículo 41, y no hacer otra modificación sustancial que empeore la situación de la caja”, completó.
“La sustentabilidad de la caja es una preocupación de todas las partes, y eso explica el esquema de financiamiento propuesto. Las estimaciones nos indican que con este nuevo esquema de financiamiento que proponemos, el déficit financiero de la caja se reduciría en los próximos diez años en relación a la proyección realizada con la ley vigente, de forma que no recarga las finanzas provinciales ni compromete el patrimonio del Banco Provincia”, retrucaron desde el Gobierno.
Aun cuando desde el Ejecutivo sueñan con quebrar al menos una parte del bloque de Juntos para que preste quorum y se pueda tratar el proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados, desde Juntos intentan no mostrar fisuras, pese a que hay posturas internas disímiles. “La Coalición Cívica y nosotros decimos que la constitucionalidad de la ley la dará en última instancia la Suprema Corte, que ya indicó un camino de legalidad y constitucionalidad, por lo tanto entendemos que los artículos que están en el camino de la inconstitucionalidad se tendrían que rever. Pero tanto la Coalición Cívica como nosotros sostenemos que tiene que ser una decisión de coalición, que ninguno va a tomar un atajo en términos individuales”, aseveró un referente del radicalismo provincial. En ese sentido, un documento de la CC mostró a ese partido dispuesto a buscar una salida legislativa a cualquier planteo de la Corte.
Es decir que no hay atajo fácil para que se pueda avanzar en el tratamiento. No obstante, desde el PRO también empiezan a tener en cuenta que si el máximo tribunal falla en contra de la ley de Vidal, “nos va a ser difícil después explicar una reforma más amplia”, reflexionó un senador al tanto de las negociaciones. Juntos se quedó con la espina clavada de no haber podido cambiar el régimen jubilatorio del IPS; esa era la verdadera reforma que buscaba Vidal, pero no pudo avanzar y debió conformarse con cambiar el régimen del Banco Provincia. Si la oposición regresa al Gobierno, la reforma jubilatoria integral volverá a estar sobre la mesa.
Por ahora, la reforma del régimen jubilatorio de los empleados del Bapro se ha convertido en una ley maldita, que sigue entrampada en una laberíntica discusión mientras se acortan los tiempos. La Corte fallaría muy pronto, y como si esto no bastara para acelerar la búsqueda de un consenso, el proyecto de Kicillof, si no se vota en extraordinarias perderá estado parlamentario el primer día de marzo.
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