Argentina
Sábado, 2 julio 2022
INFLACION Y SUELDOS
12 de junio de 2022

Las demandas sociales y la dificultad del Gobierno para controlar las calles

El contexto de crisis económica generó que las demandas sociales deriven en protestas por más ayuda del Estado en materia de planes sociales y por otro lado en procesos de judicialización y en una espiralización de los reclamos hacia la Justicia desde el seno de la sociedad.

Las demandas sociales y la dificultad del Gobierno para controlar las calles - La Tecla
Las demandas sociales y la dificultad del Gobierno para controlar las calles - La Tecla
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En un escenario de inflación descontrolada e índices de pobreza en alza, los reclamos sociales por las necesidades básicas como vivienda y empleo se multiplican en el país. 

Cómo es el reparto del dinero para planes sociales

Las demandas sociales y la dificultad del Gobierno para controlar las calles

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022 el Gobierno transfirió a estas entidades $6.511.518.775, es decir, $54.262.656 por día, según pudo saber TN al acceder a información oficial,

Es más del doble de lo que dio el año pasado, cuando repartió unos $21 millones por día. En otras palabras, se duplicó la plata, pero el problema se agrava, con una inflación galopante de por medio.

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A su vez, es sabido que estas transferencias en buena medida se usan para comprar herramientas o alimentos, aunque también las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera aseguran que el principal problema radica en que se necesita abrir el Potenciar Trabajo, que actualmente posee 1,2 millones de beneficiarios.

Qué dicen desde las organizaciones

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Las organizaciones argumentan que 1,3 millones de personas que integran la economía popular están en condiciones de cobrar el Potenciar Trabajo, pero el Gobierno se niega a abrir la canilla por cuestiones presupuestarias. El kirchnerismo duro dice que esto responde al acuerdo con el FMI. De ahí nace buena parte de las críticas a Martín Guzmán y la cartera de Economía.

Cuáles son algunas de las organizaciones beneficiadas

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La Asociación Mutual Senderos, que obtuvo unos $20.371.869. Se trata de la obra social de los trabajadores de la Economía Popular y forma parte de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de la que Grabois es uno de sus referentes.

El dirigente social aceptó que tiene vínculos con la mayoría de las asociaciones que recibieron dinero de parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero afirmó que “no conduce ninguna”.

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“Seamos Libres Para el Fomento de la Cultura Popular en los Barrios” que obtuvo $41.522.945) e integra la UTEP que conduce Esteban “Gringo” Castro.

La Asociación Civil Mujeres Evita que integra el Movimiento Evita de Emilio Pérsico - secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social- también recibió plata del Estado: $37.400.000.

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El dinero se envía mediante transferencias en concepto de subsidios o créditos no bancarios y se utilizan para comprar herramientas de trabajo, alimentos o acciones vinculadas a intentar cubrir las necesidades de quienes conviven con la economía social.

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La distribución de la plata muestra el poder que con el tiempo ganaron las asociaciones y entidades que se nuclean en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En rigor, buena parte de las asociaciones y cooperativas que reciben el dinero están vinculadas a esta organización.

Tal es el caso de la Asociación Civil La Poderosa, que recibió en lo que va del año unos $82.213.379. Por su parte, a la Asociación Ser.cu.po (servicio a la cultura popular) se le envió $84.042.053. Está vinculada al movimiento campesino indígena y en el sur del conurbano trabaja en barrios populares.

Obispados y clubes de fútbol también recibieron millones de pesos

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Estas organizaciones funcionan de alguna manera como un brazo para el Estado, es decir, le permiten llegar adonde con sus propias herramientas no puede, a lo más profundo de los barrios.

Con este dinero, las asociaciones y entidades realizan tareas socio comunitarias en comedores, merenderos, clubes de barrio, tareas productivas en polos textiles, carpinterías y se financia la compra de alimentos.

También entre los beneficiarios hay obispados, que en su totalidad recibieron $84.802.925. De estos, el que más obtuvo es el de San Justo (más de 55 millones de pesos). También hay casos particulares, como el club Alumni -que durante el amateurismo fue uno de los más ganadores del fútbol argentino- que recibió $1.761.000 y la Asociación Propietarios de Embarcaciones de Pesca Artesanal de Subsistencia y Afines de Mar del Tuyú, con unos $4.078.000. Particularidades entre la extensa lista de las 300 entidades que recibieron dinero este año.

Retroalimentación del conflicto social 

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Federico Delgado: “Se mezclan la judicialización de la política y la politización de la Justicia”

-A partir de lo que fue el reciente fallo sobre la megatoma de tierras en La Plata y las posturas contrarias que tomaron los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿considera que existe una criminalización hacia los reclamos de los sectores más vulnerables?

-Me parece que el fallo del juez Ramos Padilla fue objeto de una malversación semántica. El texto revela algo muy diferente a la sedimentación mediática. Desde esa perspectiva creo que la dirigencia en su conjunto tiende a eludir responsabilidades políticas y a depositar el problema en la Justicia. A partir de allí, los usos político-partidarios de la judicialización de la política son evidentes.

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-Tras los constantes reclamos hacia los fallos judiciales, ¿existe una intención de deslegitimar la Justicia?

-No sé si hay una intención explícita, creo que la deslegitimación es una consecuencia natural de los reclamos permanentes de quienes quieren una Justicia “a la carta”. Pero también noto que la Justicia asiste en silencio, como institución, a ese proceso. De acuerdo con esa mirada, el formato del poder político en nuestro país necesita una cuota de impunidad para funcionar, y la Justicia, como sistema, garantiza esas cuotas.



-Es parte del proceso por el cual la dirigencia política evita resolver sus problemas de acuerdo con criterios políticos y los lleva a la Justicia, que, lejos de rechazar esa oferta, los toma y utiliza el imperio que asigna la Constitución para desarrollar acciones que la ingeniería judicial no previó pero que ocurren. Así se genera una mezcla explosiva de la judicialización de la política y la politización de la Justicia.


La megatoma de La Plata llevó a la Justicia la tensión de la grieta

La Justicia Federal resolvió archivar la causa por la megatoma de Los Hornos, en La Plata, y reavivó la discusión en torno al déficit habitacional. El juez Alejo Ramos Padilla argumentó tras ejecutar esa resolución que la actual toma no generará “perjuicio de eventuales acciones civiles y/o administrativas que pudieran resultar necesarias en el futuro para llevar a cabo el proyecto de urbanización en curso, de conformidad con los estándares de seguridad y habitabilidad que deben regir este tipo de acciones”.

Posteriormente, un grupo de vecinos organizados de Los Hornos realizó una protesta en los Tribunales Federales de La Plata en rechazo a la decisión. Mediante un comunicado expresaron su descontento por la resolución del magistrado y llamaron también a no pagar el impuesto Inmobiliario, a modo de protesta.


En San Nicolás, un conflicto judicial avivó la pelea entre Moyano y el PRO

Maximiliano Cabaleyro, delegado regional de Camioneros y edil del FdT en San Nicolás, y Fernando Espíndola, también representante del gremio de choferes, fueron acusados y detenidos por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, ocurrido a comienzos del 2021 en la localidad de San Pedro.

Esto provocó una inmediata reacción de la conducción del gremio de Camioneros, que no dudó en vincular lo sucedido a un acto de lafware político - judicial. A partir de una medida de fuerza, la ciudad de San Nicolás estuvo sin recolección de residuos y circulación de camiones, algo que complicó la distribución y provisión de alimentos, generando malhumor y tenso clima social.

Dos días después, el sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano levantó la medida, luego de las negociaciones llevadas adelante desde la empresa que tiene la concesión de la recolección de residuos en el distrito.