La negativa de un sector del PRO a avanzar sobre el proyecto de modificar el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, luego de la reforma votada en tiempos de María Eugenia Vidal y que fue rechazada por los trabajadores bancarios, pone en jaque las sesiones en la Legislatura previstas para este jueves.
El tema está hoy en la Justicia, tras el recurso de amparo presentado por el sindicato contra la eliminación del 82% móvil, el aumento en los años para jubilarse y otros recortes. Al respecto, desde la Corte instaron a las partes a llegar a un acuerdo político para destrabar la situación.
Como si la situación no fuese ya suficientemente intrincada, como publicó La Tecla ayer, en las últimas horas hubo algunas definiciones por parte de la conducción nacional del PRO que suman tensión puertas adentro del partido amarillo, también dentro de Juntos por el Cambio y, por supuesto, con el oficialismo.
El proyecto busca, entre otros puntos, devolver la movilidad jubilatoria, cuestión que Vidal pasó del 82 por ciento a un 70 por ciento, sin movilidad y atado al régimen nacional.
Según trascendió la oposición acordó aprobar las modificaciones, incluyendo la movilidad.
Pero, cuando el sector duro del PRO se enteró, puso el grito en el cielo, dejando de lado lo que habían negociado referentes como el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, o el titular del PRO provincial, Jorge Macri, además del visto bueno de los radicales. Es más, hay quienes aseguran que al jefe comunal del Conurbano no le gustó nada la jugada del “macrismo duro” (aseguran que es una operación del expresidente contra la UCR y los “blandos” amarillos) y amenazó con abandonar la Mesa Provincial de Juntos.
Otros aseguran que los popes del PRO en la provincia de Buenos Aires mostraron su fastidio porque "todas las decisiones se toman desde Capital". En tal sentido, cabe recordar que la directriz de bloquear la ley del Bapro habría partido del propio Mauricio Macri, quien se reunió horas atrás con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y otros encumbrados dirigentes amarillos.
Sin la iniciativa del Ejecutivo sobre la mesa, Diputados -con comisiones ya oficializadas- tendrá en el menú la propuesta de adherir al Consenso Fiscal, algo que es mirado de reojo desde la oposición, aunque sectores del oficialismo tienen sus dudas. “Sesionaremos con Consenso y algún tema más”, sostuvieron desde la bancada del FdT.
En el Senado la cuestión es más compleja. Por estas horas, la balanza se inclinaría más hacia el lado de no sesionar que para el del debate. “Tiene pinta de que no habrá sesión”, confesó esta tarde un legislador radical.
Es que la oposición pretendía tratar los pliegos pendientes en el Banco Provincia y las empresas y organismos con participación estatal que le corresponden, e incluso el tema de la reforma jubilatoria de la entidad bancaria provincial.
Sin embargo, ni uno ni otro ítem fueron consensuados hasta esta tarde. “Sin cargos, difícilmente sesionemos”, especulaban desde los pasillos de la Cámara Alta, donde tampoco se acordó dar curso al pliego de Federico Thea, un alfil de Axel Kicillof, como titular del Tribunal de Cuentas. Su designación es resistida por la oposición, incluso genera dudas en sectores del propio oficialismo.
Como informó La Tecla.info, el proyecto sobre el Banco Provincia pasó por las manos del ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien advirtió un posible desfinanciamiento no sólo de la caja de los bancarios, sino de todo el IPS.
El ex funcionario expuso que para pagar a los beneficiarios se necesitan 42.000 millones de pesos. La caja recauda, entre aportes patronales y del personal, 23 mil millones, con lo cual el déficit de 19.000 millones lo cubre el Banco porque no tiene garantía la Provincia.
“La caja tiene 15.400 beneficiarios y tiene 10.400 empleados, por lo que tendría que tener una relación tres a uno para poder ser superavitaria, o por lo menos dos”, explicó Lacunza.
El mayor problema, según explicó el PRO, es que con el proyecto de Kicillof la Provincia se pone como garante si los aportes no alcanzan. Es decir, si hay déficit y el Banco no puede cubrir, el Ejecutivo es quien sale como respaldo. “Los jubilados del Bapro cobran 215 mil pesos en promedio de jubilación. Lo que le sobra a la Provincia, hoy va al IPS. Pero si la provincia le tiene que pagar a la caja de Bapro, le tiene que sacar al IPS. O sea, le vamos a sacar recursos s los jubilados que cobran 35 mil para garantizar el pago de los que cobran 215”, explicaron desde el partido amarillo al defender su rechazo a la modificación de la Ley.
Ayer, la UCR se le plantó al jefe de bloque de Juntos en el Senado, Christian Gribaudo, para despegarse de la cuestión. “El problema no es nuestro, sino del PRO”, dijeron.
Lo que sí estaría dispuesto a acompañar el partido amarillo, aunque no todos estén de acuerdo, es la movilidad. Pero no la idea de bajar la edad jubilatoria de las mujeres, y tampoco el 82 por ciento por el desfinanciamiento que habría con la caja.
En este escenario, se planteó cambiar articulados para aumentar el aporte de empleados y del propio Banco como requisito para aprobar la movilidad.
El propio Kicillof se refirió al tema del Bapro el martes, asegurando que "para nosotros es muy importante que se arregle el régimen porque está judicializado. La Suprema Corte nos pidió que llegáramos a un acuerdo con el sindicato para que no se sigua judicializando", expresando su deseo de que no haya "vencedores ni vencidos para que funcione bien en el marco de un acuerdo".
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