El Gobierno bonaerense modificó el régimen de Policía Adicional (POLAD) y restringió su prestación durante licencias. En paralelo, crecen las protestas por salarios y horas extra, mientras Seguridad admite que los ingresos “no alcanzan” y que muchos agentes deben buscar otros trabajos.

Policía Adicional: la Provincia endurece reglas en medio de un descontento creciente

En un contexto de fuerte malestar dentro de la fuerza, el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto que introduce cambios en el régimen de Policía Adicional, el sistema que permite a efectivos prestar servicios especiales pagos para organismos públicos y privados fuera de su horario habitual.

La medida sustituye el artículo 16 del Anexo Único del Decreto 545/22, reglamentario de la Ley 13.942, que regula el funcionamiento del esquema de adicionales. El nuevo texto precisa las condiciones bajo las cuales el personal podrá, o no, ser autorizado a realizar estos servicios extraordinarios.

Según la normativa, sólo podrán prestar Policía Adicional quienes estén inscritos voluntariamente en un único registro habilitado por el Ministerio de Seguridad y se encuentren franco de servicio. Además, se establecen restricciones expresas durante el uso de determinadas licencias.

En concreto, no se podrá autorizar la prestación del servicio durante licencias por enfermedad o accidente, maternidad, nacimiento, adopción, atención de familiares enfermos, donación de órganos o permisos por exámenes.

Desde Seguridad argumentaron que la adecuación responde a criterios de seguridad, aptitud funcional y control de la prestación. En tanto, descartaron que haya un “descontento salarial” y precisaron que la Policía Bonaerense no puede por ley protestar ni reclamar.

En tanto, el decreto también delimita la figura de “apoyatura” para personal de subescalafones administrativo, técnico o profesional, cuya intervención no podrá superar el 3% del costo total del servicio contratado. Asimismo, se faculta al ministro de Seguridad a ampliar o modificar el listado de licencias incompatibles con la realización de adicionales.

Sin embargo, la decisión se conoce en medio de una creciente tensión salarial. Este lunes, feriado de Carnaval, un grupo de retirados y familiares de efectivos en actividad realizó una protesta en el centro de Mar del Plata para reclamar un aumento del 80%, mejoras en IOMA y actualización del valor de las horas C.O.R.E.S. y de Policía Adicional.

Los manifestantes enviaron un petitorio al ministro Javier Alonso, señalando que los bajos salarios obligan a muchos uniformados a recurrir a adicionales o a empleos paralelos para llegar a fin de mes. También apuntaron contra el Ejecutivo provincial por la situación de la obra social.

A su vez, en una protesta que se dio en La Plata un ex agente penitenciario fue imputado y liberado, mientras que un oficial de 27 años que presta servicios en una comisaría de la capital provincial fue desafectado por Asuntos Internos.

Días atrás, el propio Alonso reconoció públicamente la gravedad del cuadro salarial. Admitió que un oficial que recién inicia su segundo año ronda el millón cincuenta mil pesos mensuales, suma que ,según dijo, incluye básico y adicionales vinculados a la actividad y uniforme, pero que “no alcanza” frente al costo de vida.

El ministro detalló que muchos policías combinan su función con trabajos en aplicaciones de transporte y, en algunos casos, con actividades en plataformas digitales, lo que obligó a la cartera a emitir lineamientos institucionales para evitar situaciones de indisciplina o uso indebido de instalaciones.

Un presente sensible

En paralelo a la modificación del régimen de Policía Adicional, el Ministerio de Seguridad avanzó con otra medida de fuerte contenido institucional: la aprobación del “Programa de Detección y Abordaje de Factores de Riesgo en Evaluaciones de Salud del Personal Policial”, orientado a reforzar el control psicofísico dentro de la fuerza.

La resolución fue firmada por el ministro Javier Alonso y se sustenta en lo establecido por la Ley 13.982, que fija como requisito de ingreso a la institución policial la aptitud psicofísica y reconoce el derecho a la asistencia médica integral y psicológica permanente para los efectivos.

El nuevo programa establece un marco técnico-operativo para la detección precoz y el abordaje integral de factores de riesgo biomédicos, psicosociales y ergonómicos identificados en evaluaciones de ingreso, ascensos y controles periódicos. También fija protocolos de pesquisa, derivación formal y seguimiento.

La iniciativa será implementada por la Subsecretaría de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial, a través de la Dirección Provincial de Promoción de la Salud del Personal Policial, área que tiene entre sus funciones coordinar la gestión sanitaria laboral y los reconocimientos médicos vinculados al perfil psicofísico.

Desde el Ejecutivo argumentan que el programa apunta a fortalecer la prevención, promoción y rehabilitación de la salud del personal, con el objetivo de mejorar la aptitud funcional y el desempeño laboral. La medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes 15.477 y 13.982 y su decreto reglamentario.

La decisión se conoce en un escenario sensible para la fuerza bonaerense: en 2024 se registraron 37 suicidios en la Policía bonaerense, un promedio de tres por mes, cifra que encendió alarmas dentro del Ministerio. En ese marco, el Gobierno busca reforzar la estructura de contención institucional mientras redefine las reglas operativas de los servicios adicionales.

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