Detrás del acuerdo estarían los mismos beneficiados del anterior sistema. El protagonismo del núcleo duro del sciolismo y las influencias de Katopodis. ¿Licitación o Convenio?

Nuevo convenio, ¿mismos nombres?: muchas dudas fuera de radar en Mardel

Vía La Tecla Mar del Plata

Luego de casi dos años de paralización del acuerdo para el labrado de fotomultas por infracciones de tránsito, el intendente Guillermo Montenegro elevó a comienzos de enero el nuevo Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica celebrado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el cual se prevé un inicial instalación de 50 dispositivos, llegando a 200 al concluir el año.

La letra chica del convenio y sus anexos y el radiopasillo rápidamente comenzó a alertas sobre inconsistencias e incluso irregularidades en torno a la tramitación del nuevo sistema. De la mano, también comenzaron a trascender los nombres de quienes estarían, sigilosamente, detrás de la iniciativa.

El primer dato que llamó la atención a observadores de la política local fue la vinculación con la UNSAM, fuera del radar de los vínculos institucionales de la Municipalidad de General Pueyrredon, un distrito en el cual se desempeñan cinco universidades, dos de ellas públicas: la Nacional de Mar del Plata y la UTN. La afinidad del rector de dicha Alta Casa de Estudios, Carlos Greco, con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, una de las claves del entendimiento, sorteo de grieta mediante.

Uno de los principales interrogantes en torno al cumplimiento del convenio es quién pondrá el soporte técnico para el montaje de todo el sistema, considerando que la UNSAM no cuenta con equipamiento propio. La cláusula Quinta del Convenio aporta más elementos para las conjeturas al abrir la puerta al ingreso de privados: “la suscripción del presente Convenio no constituye impedimento alguno para que las partes signatarias puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades interesadas en fines análogos”.

El fantasma de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) vuelve a aparecer en escena. El balance negativo de la experiencia con la presunta entidad sin fines de lucro es unánime en la política marplatense, pero pese a ello ya se habla de empresas vinculadas a CECAITRA como futuras jugadoras del negocio de las fotomultas, cuyo convenio contempla un plazo inicial de cinco años por una renovación automática por igual plazo.

En esa línea, uno de los nombres que suena en el Palacio Municipal es el de Walter Carbone, exsubsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete, investigado en 2016 por los gastos de la campaña de Scioli. Sin rastros que lo vincularán expresamente, en el mentidero político siempre se lo señaló como el nexo político de CECAITRA y hasta se lo sindicó como el responsable de la llegada de Nicolás Cáfaro, exdirector provincial de Seguridad Vial, a la gerencia de la cámara.

Allí no terminan los nexos, sino que la presencia de referentes de los que fue el sciolismo local llega al punto que incluso algunos de ellos se muestran en diversos círculos como reclutadores de futuros inspectores del nuevo sistema en la ciudad.

El negocio en ciernes

El nuevo sistema de fotomultas pretende un incremento sustancial de los ingresos por el pago de las infracciones de tránsito. Mientras que mediante el convenio vigente durante el gobierno de Arroyo se dispusieron 12 cinematógrafos, ahora escalarían a unos 200 a fin de año. Esa cifra fue informada por la Municipalidad en un comunicado, aunque en el convenio no se detallan las cantidades a instalar, lo cual no fija parámetros exigibles y auditables.

La distribución de ganancias es uno de los puntos contra los que apunta la oposición. El principal ganador será la UNSAM, que se llevará el 56%, mientras que a la Municipalidad le corresponderá el 24%, quedando el restante 20% para la Provincia. En el anterior convenio la Comuna percibía el 50%.

Calculadora en mano, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, rechazó las acusaciones de un convenio perjudicial, ya que argumenta que al aumentar la base de las multas, las ganancias serán mayores. El factor educativo, el cual legalmente debería ser el objetivo de todo sistema de control, permanece ausente.

Fuertes críticas también acumuló Bonifatti luego de reconocer que desde fines de enero ya se comenzaron a instalar dispositivos de control en distintas zonas de la ciudad. La oposición respondió con dureza, al ponerse en práctica el convenio sin la correspondiente aprobación del Concejo Deliberante. El escenario parece adverso para el gobierno, dado que los tres bloques opositores, que tienen mayoría, ya manifestaron que no “acompañaremos” el expediente. La única carta viable es lograr que al menos uno de ellos no traduzca ello en un voto negativo, sino en una abstención que le allane el camino.

¿Convenio o Licitación?

Conocedores de la legislación nacional, provincial y municipal también advirtieron a La Tecla Mar del Plata sobre la posible irregularidad de avanzar con el nuevo sistema mediante un convenio y no por vía de una Licitación Pública. El Tribunal de Cuentas bonaerenses, aseguran, tendrá tarea para analizar.

En primer término, de los objetivos se desprende que en el fondo se trata de una prestación de servicios con actividades onerosas, por lo que la Municipalidad debería hacerlo cursado mediante Licitación Pública o Concurso, según se desprende del Artículo 137 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La idea de “concesión disfrazada” ya corre por los pasillos del Palacio.

En tanto, la Ley 13.927, en su artículo 28 es taxativa al establecer que “no podrán privatizarse ni concesionarse, las acciones vinculadas al contralor directo de las infracciones, las cuales quedarán a cargo exclusivamente de las autoridades establecidas en la presente ley. Las personas que utilicen los mismos o labren infracciones con dichos equipos, deberán ser funcionarios públicos”.

Sin embargo, según consta en el Convenio y tal y como lo reconoció Bonifatti, la Comuna no tendrá ningún tipo de participación en la tramitación de las multas.

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