DISCUSIÓN
25/05
El kirchnerismo se mete en la discusión por la deuda con el FMI y el Club de París
Dirigentes que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández lanzaron la "proclama del 25 de mayo", en el que solicitan la "suspensión de los pagos por capital e intereses" de las obligacios contraídas durante el gobierno de Mauricio Macri con organismos extranjeros "mientras se extienda la emergencia sanitaria".
"Primero la salud y la vida, después la deuda", es la consigna de la denominada "proclama del 25 de mayo", impulsada por funcionarios, legisladores, dirigentes y otras figuras del kirchnerismo.

La principal impulsora de la proclama fue la diputada nacional Fernanda Vallejos y la misiva cuenta con las firmas del secretario General de la CGT, Héctor Daer; la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano; los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Miceli; el gobernador de Formosa, Gildo Isfrán; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el ex juez de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni; el ex vicegobernador Gabriel Mariotto; el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros.
 


A raíz de esto, señalaron que es "imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis"

Por lo cual propusieron, "impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria", "reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país" y "renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes"

Luego, propusieron "utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos"

La objeción a la negociación de la Argentina con acreedores extranjeros apunta no solo contra el presidente, sino contra su ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Al economista, la cara visible de las discusiones con el FMI, se lo acusa de descuidar el avance de la economía doméstica, donde la inflación continúa en alza.

"El gobierno del presidente Alberto Fernández renegoció la deuda con los acreedores privados externos y locales, en moneda extranjera y doméstica. Sin embargo, ese esfuerzo de reestructuración de deuda con el sector privado no produjo los resultados esperados en términos de disminución del riesgo país y del ingreso de divisas esperado", expresaron.

Y agregaron: "En ese marco, las negociaciones con el FMI afrontan un complejo panorama, ya que éste propone únicamente un acuerdo a 10 años, por lo cual se transformaría en un auditor permanente de las cuentas del Estado Nacional e impondría sus condicionantes, perjudiciales para el presente y el futuro de Argentina. No podemos obviar la corresponsabilidad del Fondo en el endeudamiento de Argentina, violando sus propias normas (art. 6° del Convenio Constitutivo) y facilitando la fuga de capitales"

Según analizaron, el acuerdo "stand-by" de Argentina en 2018 por 57.000 millones de dólares "fue el resultado de una decisión política sesgada de las autoridades de ese organismo, completamente alejada de los criterios técnicos habituales y los objetivos de esa institución"

Por otra parte, remarcaron la necesidad de indagar en la responsabilidad del gobierno de Cambiemos en la toma de deuda. En ese sentido, llamaron a "apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI", "investigar el destino de los fondos", para identificar "a los responsables de la fuga de capitales" y finalmente, exigirle al organismo internacional de crédito que "brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones" y que "colabore en encontrar los fondos fugados del país"