Sobre el retorno a la presencialidad escolar la sociedad argentina observa una situación muy paradójica. Desde el decreto que estableció la cuarentena, los responsables de las distintas actividades desplegaron todo su conocimiento y la creatividad para que, mientras atendían las limitaciones que imponía la prevención epidemiológica, sus rubros no se extinguieran. La interacción fluida con las autoridades generó los protocolos que permitieron enfrentar al coronavirus en términos sanitarios sin acabar con el resto de las dimensiones de la vida. De esto, hay incontables ejemplos: ante un Gobierno que no planteó una cuarentena inteligente, fue la presión de distintos grupos el motor de las aperturas. Lo vimos con los runners, con los jugadores de tenis, con los propietarios de caballos de carrera, con los gastronómicos, con los vendedores de calzado, con los empresarios teatrales, y en muchos casos más.
¿Cuál es el objetivo central del sistema educativo? Sin duda alguna, lograr el aprendizaje integral de los chicos y chicas. Sostener el proceso de obtención de saberes significativos para que los alumnos que lo transitan puedan desplegar, tanto personal como profesionalmente, todo su potencial a lo largo de la vida. Esto no solo se alcanza con el intercambio y la generación de contenidos sino también con el crecimiento en valores y la construcción de ciudadanía plural, plena.
Las autoridades educativas nacionales y bonaerenses, a diferencia de los dirigentes de los sectores mencionados, confundieron su rol. Lejos de poner a sus equipos a trabajar para encontrar las soluciones posibles para salvar el desafío, se dedicaron a recorrer medios de comunicación militando el listado de los hipotéticos riesgos en salud. No cumplieron con su deber central, perdieron de vista su responsabilidad indelegable: plasmar el derecho, consagrado en nuestra Constitución Nacional. de enseñar y aprender prestando especial cuidado y protección a los niños. Por otro lado, un derecho que prevalece frente a muchos otros.
No hay país en la tierra cuyo sistema educativo no haya sido afectado por la pandemia. Lo que es inédito es lo que pasó entre nosotros. El mayor error del Gobierno argentino es haber militado la ignorancia. El daño provocado a esta generación de estudiantes es, hoy, incalculable.
Más allá de lo estrictamente educativo, una escuela cerrada es, también, un problema de salud pública, ya que se cancelan posibilidades de seguimiento de niños de poblaciones vulnerables. Se pierde uno de los últimos resguardos de muchos chicos, que ven en las aulas un espacio para escapar de situaciones de violencia, maltrato o problemas de nutrición. Son innumerables los derechos que se ven amenazados sin presencialidad, más allá de los trastornos emocionales y psicológicos que señalan los informes de organismos nacionales e internacionales.
Además, y no es para nada un aspecto menor, sin aulas es alto el nivel de afectación de las dinámicas familiares. Las brechas sociales se profundizan y nos alejan de la ansiada justicia educacional, que significa que el desarrollo de cada individuo no esté condicionado por la cuna.
Hemos retrocedido, también, en términos básicos de la conformación nacional, ya que le han impuesto desde la Capital Federal criterios a todo el territorio desconociendo las particularidades de cada localidad y modalidad. El ejemplo más gráfico, para mí, se dio en un municipio bonaerense, donde no permitían las clases de una comisión de una escuela agraria que tenía tres alumnos. Esos mismos jóvenes sí podían reunirse en mesas de los bares de su comunidad, que sí estaban habilitados.
¿Qué pasó con todo esto? Como en otras cuestiones, es la sociedad la que le pone límites al disparate oficial. Lo hizo con los burdos intentos de manipular a la Justicia, con la expropiación de Vicentín, entre otros. Tendremos que trabajar mucho, durante mucho tiempo, para devolver la cuota de porvenir sacrificada por esta catástrofe provocada. Los chicos, sus actuales familias, las familias que formen en el futuro, lo pagarán con problemas de empleabilidad, con menores ingresos, con talentos perdidos, con condiciones de vida inferiores a las que podrían haber tenido.
La convicción de la sociedad ya es monolítica. La de los docentes también. Las nociones de alumnos y docentes se verifican juntas o no existen. No hay alumno sin un maestro. La inmensa mayoría de los docentes saben que, actualmente, defender al docente es defender al alumno. Y el lugar del alumno es la escuela.
Solo se opone a esto un grupo de dirigentes de Ctera, brazo educativo del kirchnerismo, que desde hace más de una década dejó de respetar el derecho de los chicos y los usó para consolidar peso corporativo y volumen partidario. Son el conservadurismo, el lastre que intenta impedir cualquier cambio. Son muy pocos los docentes sindicalizados. Pero el mayor inconveniente radica en que, la Administración nacional le cedió a Ctera el manejo de los ministerios de educación de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Como decía, el rumbo político adquirido por esas carteras, el norte de sus esfuerzos, dejó de lado la creación de las condiciones favorables para que quienes enseñan tengan los procedimientos y los elementos que les permitan trabajar tranquilos y seguros. Lo más indignante es que todo impedimento es ejecutado continuamente por una burocracia sindical que hace mucho tiempo no tiene tiza en las manos o, peor aún, jamás la tuvo.
No por convicción ni por tardía asunción de su responsabilidad, sino por especulación, el Gobierno gira 180 grados frente a la opinión pública. En política, como señaló inmejorablemente Konrad Adenauer, no solo es importante tener razón, hay que tener razón a tiempo.
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