18/01
Intendente cambió a su secretario de Economía, denunciado por malversación
El jefe comunal de Luján, Leonardo Boto, reemplazó al funcionario, quien quedó implicado en una denuncia penal por presunta malversación de fondos para la compra de alimentos en el marco de la emergencia por la pandemia.
A poco más de dos semanas de iniciado el 2021, el intendente de Luján, Leonardo Boto, decidió cambiar a su secretario de Economía, quien había sido denunciado por compras irregulares de alimentos en el marco de la emergencia por la pandemia.

Se trata de Ignacio Pedotti, quien desde el 15 de enero fue reemplazado por Leonardo Santos, quien ya venía trabajando con la Municipalidad hace poco más de cuatro meses como asesor. 

Si bien desde el entorno de Boto descartaron que los movimientos de Gabinete tengan que ver con la denuncia, desde la oposición consideraron que los motivos son claros. “Esta decisión no tiene otra explicación que la vinculación de Pedotti con la Causa Compras, iniciada a partir de la investigación que realizamos desde el Interbloque Juntos por el Cambio a mediados de 2020”, dijo el concejal de Juntos por el Cambio, Fernando Casset, uno de los impulsores de la investigación. 

También es necesario que el intendente Boto informe si estos cambios incluyen, además de al secretario Pedotti, a María Eugenia Rondinella, directora de Presupuesto del Municipio, por sus vinculaciones comerciales con uno de los proveedores de la Causa Compras; y a Luciano Lavallén, quien como director de Compras estuvo a cargo de todos los procedimientos sospechados, desde el inicio y hasta el último paso”.


La causa

Tal como publicó La Tecla a mediados de 2020, fue el diputado provincial Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio, quien decidió acudir a la Justicia luego de que el bloque de concejales de su partido en el distrito revelara una serie de compras directas que realizó la Municipalidad que conduce el peronista Leonardo Boto en beneficio de dos proveedores. 

Se trató de 191 órdenes por un total de $31.286.007,61. De esa cantidad, 128 fueron otorgadas a Marcela Guadalupe Goldsztaud, por $18.828.318,61 en el plazo de cuatro meses, y 63 a Mariano David Rossi, por $12.457.689 en 48 días. Lo llamativo, tanto para los concejales como para el integrante de la Cámara Baja, fue que las compras -en su enorme mayoría para alimentos- fueron sistemáticamente desdobladas para que ninguna superara los 200 mil pesos. Incluso algunas fueron aprobadas en la misma fecha y para el mismo rubro, a fin de evitar la licitación pública.

En este sentido, la ley provincial N° 13.981, que reglamenta el subsistema de Contrataciones del Estado, prohíbe explícitamente el desdoblamiento o fraccionamiento de contrataciones, cuando éstas se desarrollen en un lapso de tres meses para adquirir bienes o contratar servicios de un mismo destino o rubro comercial.

Asimismo, según se desprende de la denuncia a la que accedió La Tecla y que fue radicada en la UFI 10 de Luján, Goldsztaud estaba inscripta en AFIP en el rubro “Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas”, y a partir de febrero incorporó su inscripción en otros y muy variados rubros comerciales, como artículos de ferretería, jardín y alimentos. Sin embargo, carece de habilitación municipal para este tipo de venta y depósito de mercadería.

Rossi, en tanto, aparece inscripto en AFIP a partir de mayo de este año, apenas un mes antes de que fueran emitidas las primeras 22 órdenes de compra a su nombre, y tampoco cuenta con habilitación municipal ni establecimiento alguno. Además, el joven de 23 años figura, según informe del Banco Central de la República Argentina, con situación de morosidad 5, es decir, “irrecuperable”, en dos entidades financieras, lo cual hace desaconsejable su selección como proveedor del Estado municipal.

Quien salió en defensa de la maniobra fue el ahora ex secretario de Economía, Ignacio Pedotti. “Tuvimos que comprar alimentos para dar asistencia a casi 39.000 vecinos y vecinas; 9 mil familias que necesitaron de la asistencia del Estado municipal. Las compras se desdoblaron para poder efectuar la adquisición de 100.000 kilos de alimentos mensuales, que es la asistencia que al día de la fecha se está brindando en todo el territorio y se efectuaron, como en el resto de los municipios, a instancias del decreto nacional 426/2020 y el decreto provincial 132/2020, a los que adherimos por ordenanza del Concejo Deliberante”, argumentó.