Luego de intensas gestiones de parte de las autoridades de Vialidad Nacional y distintos organismos del Estado con las empresas contratistas, el Gobierno logró rescindir otros dos contratos de Participación Público – Privada (PPP) impulsados durante la gestión de Mauricio Macri.
Fueron seis los contratos adjudicados en julio de 2018 bajo esta modalidad, por la cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas.
Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
Según pudo saber LaTecla.Info, durante la tarde de este lunes, Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el subadministrador Alejandro Urdampilleta, concretaron la suscripción de las actas de extinción de contrato por mutuo acuerdo con los representantes de los consorcios adjudicatarios PPP de los corredores “A” y “Sur”.
De esta manera, en once meses de gestión, el Estado Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, logró dar de baja cuatro de los seis contratos que había firmado el gobierno de Cambiemos promediando el año 2018.
Con las firmas de hoy caducaron de mutuo acuerdo los convenios que comprendían las rutas 3 y 226, a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa (Italia) - el denominado Corredor A ; y el Corredor Sur que incluye a la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, Rutas 3 y 205. A cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).
En los casi dos años transcurridos desde la adjudicación, de las inversiones mínimas y ejecución física que hubieran correspondido de acuerdo al plan de obras principales, apenas se cumplió con un 2%, en promedio.
“Hoy podemos decir que, por suerte para el país, no se obtuvo el financiamiento para ninguno de los seis corredores, ya que hubiera implicado un endeudamiento adicional por 13.000 millones de dólares a pagar por el Estado en los siguientes diez años, por obras cuyo costo total se estimaba en 5.400 millones de dólares”, señalaron semanas atrás desde Vialidad Nacional, cuya administración general está a cargo de Gustavo Arrieta.
Desde el Gobierno tenían en mente avanzar con la rescisión unilateral y la ejecución inmediata de las garantías contractuales por incumplimiento de los cierres financieros, en caso de que las empresas se negaran a llegar a un acuerdo “no traumático” entre las partes, por lo que no se descarta que se avance en esta dirección sobre los otros dos contratos restantes, que representan el 34% del "Universo PPP", como se lo conoce en los pasillos ministeriales.
Los seis corredores que fueron firmados en 2018 abarcan distintas rutas nacionales y provinciales, y estaban en manos de diversas empresas contratistas:
- Corredor A: rutas 3 y 226. Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
- Corredor B: Ruta 5. China Construction America SA y Green SA.
- Corredor C: Ruta 7. Jose Cartellone Construcciones
- Corredor E: Rutas 9, 11, 34 y 193, A008 y A012 circunvalación Rosario. Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España).
- Corredor F: Ruta 9 AU Rosario-Córdoba y Ruta 33. Helport, Panedile, Eleprint y Copasa.
- Corredor Sur: AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, Rutas 3 y 205. A cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal). (Al asumir la gestión, comprobamos que el nivel de avance de este corredor era de apenas el 0,61%).
Los contratos PPP debían impactar en el Programa Rutas Seguras, que prometió 4000 kilómetros de nuevas rutas pero solo construyó 6 kilómetros.
“En suma, el esquema de PPP resultó, ruinoso para el Estado, imposible de ejecutar para las constructoras, carísimo para los usuarios que pagarían peajes en base dólar con sus ingresos en pesos argentinos; pero muy beneficioso para el sector financiero y estudios de abogados, que finalmente fueron los únicos que obtuvieron importantes ganancias”, habían expresado desde Vialidad.
En esta línea, también destacaron que “cuando se firmaron los contratos entre el Estado Nacional y los adjudicatarios de PPP; Argentina ya tenía un índice de inflación del 50% anual, tasas de financiación interna del orden del 77% y era el país con mayor aumento de endeudamiento del hemisferio occidental. Por lo cual, ya en el instante mismo de la adjudicación se sabía que el esquema sería inviable”.
Como si fuera poco, esos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, por lo que su continuidad podría haber perjudicado la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central.
Ya en el mes de septiembre, el Gobierno había logrado firmar la rescisión de los contratos para los Corredores E y F, con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España).
Hoy, logró dar por finalizados dos contratos viales más, cuyas operaciones quedarán en manos de Corredores Viales SA, la empresa estatal que absorbió todas las rutas que no formaron parte de los PPP.
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