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Viernes, 2 mayo 2025
Argentina
31 de diciembre de 1969
Ex empleados enojados

Todos quieren las acciones de YPF por nada

Distintas compañías y grupos de abogados les ofrecen a los ex trabajadores valores irrisorios por sus acciones. Todos pelean por quedarse con el 10% que les pertenecen a los ex agentes, pero nadir quiere pagar lo que corresponde

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Los ex trabajadores de la empresa YPF son tentados por diferentes grupos empresarios. Todos insisten en que vendan sus acciones. Pero todos, también, ofrecen un valor irrisorio por ellas.



Tras la privatización de YPF, los trabajadores despedidos o con retiro voluntarios, que tenían actividad antes de 1993, accedieron como parte de su indemnización al Programa de Propiedad Paticipada (PPP). Así, se les otorgó entre 500 y 5.000 acciones de la compañía, hasta completar el 10% del total de las mismas.



Pero estos bonos nunca llegaron a las manos de los ex empleados. En 1997 esos papeles fueron vendidos en la Oferta Pública de Acciones (OPA) acordada entre el Gobierno de Carlos Menem y Repsol, lo que originó una serie de pleitos judiciales.



Otra parte de las acciones del PPP se vendieron en 1999, año en que la abogada Alejandra Dibo inició acciones legales representando a los ex trabajadores.



Las compañías, a la caza



El estudio Leto & Asociados, es denunciado por la abogada Alejandra Dibo (quien representa a 3.600 ex empleados), quien asegura que su titular, Rubén Leto, habría engañado a sus representados; "porque les hizo firmar poderes que no son legales para ofrecerles un precio vil por sus derechos sobre las acciones"; según denuncia la abogada, los 27.000 pesos ofrecidos representan alrededor de 27 pesos por acción, cuando en bolsa la cotización es del orden de los 139 pesos.



El estudio jurídico anunció que una inversora española se dispone a girar a la banca argentina una partida de fondos prevista en un acuerdo extrajudicial por el cual cada ex agente de YPF recibiría US$ 9.000, a modo de reparación por los daños y perjuicios denunciados en una causa penal que se entabló contra Repsol-YPF, en 1999, por delitos de acción pública.



"Existe un rechazo de la mayoría de los accionistas a la propuesta. La cifra de 9 mil doláres implica un acuerdo ruinoso, ya que es muy superior. Quieren pagar este dinero a todos los trabajadores, hay gente que tiene 500 acciones y gente que tiene 5.000".



Aparece una segunda empresa: la española Komat Eurogroup. El contacto insistente de esta compañía con Dibo, a través de email, la invita de manera reiterada a España a concretar la venta de las acciones de los ex tabajadores.



La página web de esta compañía (www.komateurgroup.com) expone que la empresa "inicia la operativa de lo que es la fase final en la adquisición de un significativo paquete accionarial de YPF", y agrega un cuadro de evolución del valor de las acciones de la compañía que indica que cotizan a US$ 46,53.



"Komat podría ser el instrumento de la intermediación instrumentada por un grupo de accionistas de la empresa Repsol para resolver el problema del Programa de Propiedad Participada de una vez, y además, hacer un buen negocio, aseguran los ex trabajadores.



Por último, el Grupo Petersen lanzó una oferta pública por un precio de US$ 49,45 por acción. Esta compañía espera tener el 25% de las acciones de YPF.



"Todos estos movimientos se deben a que Repsol no se quiere hacer cargo de la deuda que mantiene con los ex trabajadores. De acuerdo al fallo judicial con sentencia firme, en la causa 39.646 dice que les deben pagar a los trabajadores la suma de 2.000 millones de doláres", confían los ex agentes.



De acuerdo a ellos: "Repsol YPF pondría de pretexto que la empresa compró la compañía en 1999, cuando las acciones clase C -correspondientes al personal de la empresa- ya habían sido vendidas en 1997.



Dicen que la empresa no cometió ningún ilícito; sin embargo, hay yb fallo de la Cámara Federal que dice lo contrario".



Lo cierto es que desde el año 1999 hay acciones judiciales por las acciones pertenecientes a los ex trabajadores.



Sus derechos no dejan de ser permanentes motivos de disputa entre abogados y fondos de inversión que quieren comprar sus bonos a precios irrisorios respecto de los que se manejan en el mercado.

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