La causa que puede hacer caer al ASPO

A más de siete meses de la implementación de las restricciones en el marco de la pandemia, el debate sobre las consecuencias de las medidas ganó espacio. En Mar del Plata, además, esa  polémica llegó a los tribunales: por estos días se dirime una causa en la Justicia Federal para determinar la constitucionalidad del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

“Es la única causa de este tipo en el país que está en trámite”, destacó Fernando Herrera, el abogado de los gastronómicos que el 5 de octubre presentó una acción declarativa de certeza para determinar la legalidad del ASPO, con una cautelar que les permita operar bajo protocolos y que devuelva al Municipio funciones asumidas por Nación, como las habilitaciones comerciales.

Desde septiembre, el sector tomó una decisión: abrir las puertas, pese a la negativa de Nación y Provincia. “No vamos a perseguir a quienes quieran trabajar”, informó, por su lado, el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, en un guiño al sector. A la par, los comerciantes buscan una validación en la Justicia. La habilitación para funcionar a cielo abierto dada por Gobernación el 2 de noviembre no alcanza sus pretensiones, por los condicionantes climáticos específicos de la región.

“La principal cuestión que nosotros planteamos es que después de siete meses de cierre de los locales, el Estado nacional mantiene facultades que son propias del Municipio, que no han sido delegadas; por lo tanto, reclamamos la inconstitucionalidad de los DNU, casi una docena, que han restringido los derechos de los trabajadores de Mar del Plata”, aseguró Herrera.
 

En menos de un mes, la causa logró un avance significativo. Primero, el Fiscal General, Daniel  Adler, emitió un dictamen recomendando la realización de una audiencia conciliatoria, lo que fue aceptado por el juez Santiago Martín, del Juzgado Federal Civil N°2. “Ni los actores quieren muerte, ni el Estado quiere desempleo. La extensión de la pandemia y de las normas estatales que la abordan e impiden el ejercicio pleno de los derechos invocados necesita de una instancia superadora”, entendió Adler.

“Debe adoptarse, en esta coyuntura, un rol del juez que no se centre en la lógica de decidir entre ganadores y perdedores, sino en lograr consensos sociales e institucionales que solo se alcanzan mediante acuerdos razonables de convivencia ante una situación inédita”, agregó.

Por su parte, la defensa de la Jefatura de Gabinete nacional hizo foco en el impacto sanitario que tendría una autorización del funcionamiento pleno de la gastronomía. “Los restaurantes son escenarios de riesgo alto de trasmisión de coronavirus; son espacios cerrados ventilados artificialmente, con densidad de población elevada. Las decisiones no se toman (basadas) en caprichos, sino en ciencia y epidemiología”, señaló.

En lo jurídico, el lineamiento reflotó una controversia con Provincia. Para Nación se encuentra vigente la Decisión Administrativa N° 1892/2000 (del 20 de octubre), por la cual se autorizó a 39 municipios bonaerenses en Fase 3 a una serie de actividades, incluidas las de bares y restaurantes al aire libre. “El sentenciante podrá advertir que los actores y sus respectivas actividades se encuentran comprendidos en la normativa, en virtud de lo cual se encuentran exceptuados del ASPO. En consecuencia, la cuestión traída a su conocimiento deviene abstracta”, se argumentó.

Sin embargo, ese mismo día, desde La Plata se difundía una decisión contraria, en la que a ese beneficio lo extendía a 38 municipios, sin incluir a General Pueyrredon. La confusión incluso llegó al gobierno municipal, al que informalmente se le indicó que lo que regía era la determinación provincial.

“Desprecio por la vida humana”

Lejos de abonar un clima fraterno de debate, el descargo de la Jefatura de Gabinete nacional a la demanda apuntó duramente contra los gastronómicos: “Surge de lo expuesto el desprecio por la vida humana que reina en cabeza de los actores, no advirtiendo la situación de extrema gravedad que está aconteciendo”, sostuvo.

Y también responsabilizó a los emprendedores por las consecuencias sanitarias. “El riesgo de mayor gravedad implica que la atención sanitaria podría verse saturada, provocando la   imposibilidad de dar respuesta rápida y eficiente a los afectados, aumentando el riesgo de muerte y, consecuentemente, afectar considerablemente el derecho a la salud y a la vida de los habitantes en general”, apuntó el área.

Los planteos en la audiencia

Tras el pedido del fiscal Adler, finalmente el viernes pasado se celebró la audiencia conciliatoria en la que participaron los gastronómicos, el Municipio, Nación y la Región Sanitaria VIII.

En concreto, desde la administración nacional se insistió para que se rechace la demanda de los comerciantes y plantearon “serios defectos” en la misma. Por su parte, el gobierno municipal remarcó la necesidad de trabajo que hay en la ciudad y consideró que se habían elevado los correspondientes protocolos para el desarrollo de la actividad gastronómica. En tanto, desde la Región Sanitaria VIII se indicó un estado de “amesetamiento” en cuanto a los casos en la ciudad, con una tendencia al “declive”.

Frente a estos planteos, el Juzgado resolvió no darle lugar al pedido de Nación de rechazar la presentación de los gastronómicos, fijó un cuarto intermedio en la audiencia y citará esta semana a un representante de Provincia.

Polémica posición del Municipio

La Municipalidad, que públicamente se mostró en apoyo a los gastronómicos, en la causa, sin embargo, atacó sus sustentos y solicitó al juez Martín que rechace la demanda.

Allí, la Comuna cuestionó los principales argumentos al considerar que “es claro que no existe la mentada prohibición absoluta de la actividad gastronómica” y que “las limitaciones impuestas son razonables dado el estado de circulación del virus COVID-19 en nuestro país, en nuestra provincia y, en especial, en nuestro partido”.

“De la lectura de la demanda surge que al no poder ejercer la actividad gastronómica, es total la limitación en el ejercicio de la actividad. Tal postulado es falso”, se destacó en la presentación de diez páginas.

Gastronómicos piden más intervención del municipio

El abogado que impulsa la causa de los gastronómicos en contra de Nación, Fernando Herrera, tuvo duras consideraciones respecto al rol que cumple el Municipio en el conflicto. “Han  planteado que la gastronomía no tiene derecho a solicitar la inconstitucionalidad, sino que debería aceptar el ASPO, sin los protocolos que públicamente ellos dicen que tenemos que aplicar”.

Asimismo, en diálogo con La Tecla Mar del Plata, precisó: “Por escrito dicen una cosa y públicamente, otra. La gastronomía entiende que el intendente Montenegro tiene un doble discurso”