GIRARD Y LOS COUNTRIES
28/10
"La idea es que los desarrolladores no hagan un negocio financiero con los impuestos"
Mano a mano con Mañana sin filtro (Cadena Río, 88.7), el Director Ejecutivo de Arba, Cristian Girard hizo referencia a la situación de los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Todos los números. Cuánto pierde la Provincia. Quiénes son los responsables. Qué se va a hacer para revertir la situación. Además, la actualidad general de la recaudación
-P: ¿Cuántos countries hay, están habilitados, pagan o no pagan impuestos? ¿Cómo es la situación en la Provincia?
-CG: Lo primero que me gustaría remarcar es que esto no es un tema de quienes viven en los barrios cerrados, la problemática surge con algunos de los desarrolladores inmobiliarios. De los 871 barrios cerrados que hay en la Provincia, uno 230, el 25 por ciento, no están tipificados como countries y por lo tanto el impuesto inmobiliario que pagan es como si fuera tierra rural. Eso hace que el impuesto sea mucho menor. Para la provincia de Buenos Aires representa una pérdida de recaudación anual de 1500 millones de pesos. Quienes viven en esos barrios cerrados pagan el impuesto en general a través de las expensas, pero el impuesto está en cabeza de los desarrolladores, que lo que hacen es ir avanzando en el barrio y lo van vendiendo. No es que primero construyen los lotes y después lo venden. Hasta que no venden el último lote, la tierra está a nombre del desarrollador, por lo tanto quienes compran y construyen en esas tierras no tienen más que un boleto de compra venta. No pueden escriturar, no tienen la partida inmobiliaria a su nombre y la provincia de Buenos Aires deja de recaudar el impuesto inmobiliario que correspondería cobrar. Esa es la problemática que señaló el gobernador y por eso es necesario trabajar para regularizar la situación de los derechos de propiedad también de quienes viven en los barrios. Esa es la irregularidad de la que hablamos. La idea es que los desarrolladores paguen lo que corresponde, no especulen y no hagan un negocio financiero con los impuestos de la Provincia, que en definitiva son los recursos de todos los bonaerenses. 

-P: ¿Cuál sería el paso a seguir para encontrar una solución?
-CG: Es un problema complejo. La construcción de uno de estos desarrollos, requiere, en teoría, si las cosas se hicieran de manera ideal, primero una autorización del municipio, para construir con una rezonificación. Después se debería tener un certificado de la Autoridad del Agua de la Provincia que dé cuenta que se puede emplazar una ciudad en un lugar en el que antes no había nada; con todo lo que eso implica en términos hidrográficos. Si se avanza sobre humedales se pueden generar inundaciones en la zona. También hay que ver qué pasa con los afluentes, si se contaminan o no las napas; cómo se va a hacer para llevar las cloacas y el agua potable, etc. En el mundo ideal, todo eso requiere de una previa autorización de la provincia de Buenos Aires. Y por si fuera poco, se afecta la fauna y la flora, por lo que es necesaria también una autorización del OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) para determinar el grado de afectación ambiental que tiene la construcción de un barrio cerrado. Y por último la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial debería ver que el emplazamiento de un barrio cerrado no interrumpa la trama urbana y no separe dos barrios que estaban conectados. Todo eso debería estar antes. Lo que ocurre es que los desarrolladores, con la autorización de los municipios, se lanzan a construir el emprendimiento, empiezan a vender los lotes, la gente construye, se muda; pero faltan todas estas autorizaciones de la Provincia que son las que se necesitan para definitivamente convertir esa tierra rural en tierra countrie. Eso es algo que tiene que ver también con la estrategia que toman los desarrolladores, no solo con la actitud de la administración bonaerense. Esto es cómo en el fútbol. El otro también juega. Hay que trabajar muy fuertemente en ordenar el modo en el que los desarrolladores van tomando decisiones y realizan sus negocios. Porque después obligan a la Provincia a realizar inversiones de infraestructura muy grandes para llevar los servicios públicos a esos emprendimientos. No hay un planeamiento urbano. Las ciudades crecen según los intereses de los desarrolladores y no según los objetivos de la sociedad. Es complejo, no lo desconocemos. Cuanto antes vamos a tratar de que esos 230 barrios cerrados que no están registrados empiecen a pagar como countries. Es el objetivo que nos pusimos.



-P: ¿Ese 25 por ciento de countries irregulares coincide con el porcentaje de propietarios que no ha logrado escriturar?
-CG: Los propietarios que viven en esos 230 barrios cerrados no pueden poner las partidas a su nombre, no pueden escriturar; cuentan solo con un boleto de compra venta; pagan el impuesto irregularmente a través de las expensas cuando no les correspondería, también en beneficio de los desarrolladores.

-P: ¿Se sabe cuántos son?
-CG: No tengo el número de propietarios, porque lo que ocurre el desarrollador va vendiendo de a partes. Un buen número de los terrenos siguen en cabeza del desarrollador, lo cual es un problema para nosotros.

-P: ¿Cómo trabaja la agencia de recaudación con esta situación puntualmente?
-CG: El rol de Arba es a través de imágenes satelitales detectar la construcción de este tipo de urbanizaciones cerradas y si no estaban registradas darle intervención al ministro de Gobierno. Teresa García es quien tiene en cabeza la responsabilidad máxima en relación a la regularización de los barrios cerrados. De ella depende la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial, que a partir de esa notificación de que se detectó un barrio cerrado por parte de Arba inicia el contacto con los desarrolladores para que adhieran a la normativa y regularicen su situación. Una vez que Gobierno avanza, Arba intima también a los desarrolladores a que hagan los trámites para empezar a pagar, al menos como tierra en desarrollo. Se trata de una figura intermedia que nos permite mejorar la recaudación. 

-P: Esta es una problemática que viene desde hace mucho tiempo, su antecesor, Gastón Fossati ya lo señalaba también... ¿Desde que usted asumió, cómo es el diálogo con los desarrolladores, teniendo en cuenta que antes de una intimación habrá una relación previa? ¿Se encuentra voluntad de los desarrolladores para ponerse al día y regularizar la situación?
-CG: Hay 78 barrios cerrados a los que ya le estamos de oficio aplicando la valuación de tierra en desarrollo, por fuera de los 230. Eso es un avance. La ministra de Gobierno está comentando que ya son 97 los emprendimientos que ya tiene notificados y con los que está avanzando para regularizar la situación en la que se encuentran. Estos si son parte de esos 230. La verdad es que la pandemia en el medio genera alguna dificultad para avanzar con la velocidad que nos gustaría, perro venimos a buen ritmo tratando de poner en regla el funcionamiento de estos desarrollo inmobiliarios. En el próximo año esperamos tener avances significativos.



-P: ¿Cómo está en general la situación de la recaudación, teniendo en cuenta la pandemia?
-CG: La pandemia en cuanto a la crisis genera está impactando negativamente en la recaudación, lógicamente. Tuvimos meses duros en abril y mayo, pero en junio empezó a recuperarse, aunque ahora estamos viendo un amesetamiento en ingresos brutos. Mientras, por otro lado, mejora la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales, con lo cual estamos ante un efecto mixto. No tenemos los elementos suficientes como para decir "ya está, ya quedó atrás la caída, estamos en recuperación". Tenemos elementos mixtos, algunas cosas mejoran y otras van camino. Probablemente cuando termine el año vamos a tener un panorama más claro. Sí te puedo decir, ha sido un año muy duro para la economía, muy duro para la recaudación en la provincia de Buenos Aires. La crisis que genera el virus atenta contra la circulación, y cambia los hábitos y los patrones de consumo. Si bien fuimos autorizando actividades con protocolos y tenemos un sistema de fases, el virus no ha dejado de impactar en la economía bonaerense, como en toda Argentina y todo el mundo.

-P: -¿En relación a esta crisis, cuáles son los beneficios que están ofreciendo al contribuyente?
-CG: Cuando arrancó la pandemia el gobernador nos manifestó su voluntad de acompañar a los y las contribuyentes, asique decidimos posponer los vencimientos de las cuotas del inmobiliario y el automotor que vencían en abril y mayo, que quedaron para fin de año. Veremos cuando termine este 2020 si pudieron o no cumplir con el pago. Por eso te decía que en ese momento va a ser más claro el panorama. Y después para las pymes tomamos muchísimas medidas, todas orientadas a mejorarles la capacidad financiera a las empresas que estaban teniendo dificultades en el marco de la pandemia: reducción de ingresos brutos del 50 por ciento para 200 sectores, reducimos las alícuotas de retenciones de los regímenes bancarios y de percepción y de regimen general de retenciones. Todo eso ha impactado en apróximadaente 200 mil empresas de la provincia de Buenos Aires. Obviamente es un paliativo en un contexto de crisis. Veremos el saldo final cuando esto pase. Estuvimos trabajando desde un primer moemento para que la crisis impactara de manera amplificada en los sectores productivos y sobre todo en la gente.