INFORME ESPECIAL
07/09
La guerra detrás de las tomas
El crecimiento exponencial de usurpación de terrenos en la Provincia desató un nuevo enfrentamiento entre oficialismo y oposición. También hacia el interior del Frente de todos. El rol de los intendentes y los legisladores. La Justicia, las organizaciones sociales, los negocios y señalamientos cruzados.
Las imágenes viralizadas en las redes sociales conmovieron. Un grupo de muchachos disputando la tenencia de un trozo de tierras con una mujer. Y, de pronto, el disparo con un arma “tumbera” sobre la dueña legal de las mismas. 

La realidad indica que, además del problema de fondo –la gravísima ausencia de planes de vivienda accesibles para vastos sectores de la sociedad, existe una creciente oleada de tomas en medio de la pandemia. Y algunos vinculan este fenómeno con la necesidad de miles de personas en busca de un pedazo de tierra donde poder levantar cuatro paredes y un techo.

Las cifras –extraoficiales- son escalofriantes: en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Sumadas representan 43 hectáreas, una superficie mayor, por ejemplo, que distritos como Hurlingham o Ituzaingó.



No pasaron demasiadas horas para que, en fila y con un discurso unívoco, varios intendentes de Juntos por el Cambio (mayoritariamente del PRO) denunciasen la gravedad de la situación en sus distritos, donde las usurpaciones de terrenos públicos y privados son el pan de cada día. 

Así, alcaldes “amarillos” como Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Pablo Petrecca (Junín) o Martín Yeza (Pinamar) salieron con los tapones de punta para exigir a las autoridades nacionales y provinciales que tomen cartas en el asunto. Y de manera urgente.

Otro alcalde de este sector fue mucho más allá. Se trata de Julio Garro, jefe comunal de La Plata, quien señaló la existencia de verdaderas mafias detrás de este flagelo. 
 

El mandamás capitalino sostuvo que "es un negocio inmobiliario empujado por abogados, escribanías, bandas que tienen información sobre los lugares donde hay tierras de la Provincia o Nación”.

“Estas bandas hacen los negocios con la gente que más lo necesita, que luego termina perdiendo su plata y el terreno”, señaló el macrista, recordando que “en 2013 nos inundamos en La Plata, y crecieron muchos de estos intentos de tomas, hace que este crecimiento sin planificación... esas familias son blanco de cualquier evento climático”, agregó.

La avanzada opositora motivó una respuesta tan curiosa como repudiada por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien manifestó que el problema “no es de Seguridad”, lo que fue interpretado como un acto de “tirar la pelota a la tribuna”. Justo de parte de la responsable de garantizar la seguridad y los bienes de los argentinos.

En un nuevo gesto de distancia política con la funcionaria nacional, su par de la Provincia, Sergio Berni, se mostraba inflexible con el destino que deberían correr quienes usurpen propiedades ajenas. “La toma de terrenos es un delito, y vamos a garantizar el derecho a la propiedad privada. El que tome terrenos va a ir preso”, enfatizó.

Y añadió: “Se pueden quedar tranquilos, que para su gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la libertad, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada”.
 

Sin embargo, los intendentes de las ciudades “grandes” pintadas de amarillo fueron por más. Pidieron una definición pública y contundente del gobernador Axel Kicillof, que en un tramo de la conferencia de prensa que brindó para presentar un plan de obras hizo una elíptica y sobrevolada alusión al problema.

Algunas horas después, y tras reunirse con intendentes e intendentas del Conurbano, el mandatario provincial fue más firme en sus definiciones, al sostener que "las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas".

"Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero este no se soluciona con intrusiones ilegales", remarcó, ante la crítica opositora por la falta de pasos concretos para comenzar a resolver el drama de la falta de vivienda para miles de familias.

En tanto, la ministra de Gobierno, Teresa García, introdujo el condimento político al tema. “Son más de 3.000 y muchísimas de esas personas no son del distrito, con lo cual empezamos a analizar cómo se generaron estas tomas", dijo, y dejó la sombra de la duda acerca de tomas “direccionadas”.

Legislatura, caja de resonancia

“Che, salgamos a decir algo. No podemos permitir que quede la sensación de que estamos del lado de los que violan la ley. No podemos quedar pegados con Frederic”, arengó un importante dirigente del peronismo bonaerense, ante la andanada de acusaciones, más o menos veladas, por parte de Juntos por el Cambio.

Así, el Frente de Todos decidió que la platense Florencia Saintout gane presencia ante las fuertes declaraciones del capitalino Julio Garro. No fue casual: es la principal referente opositora en uno de los grandes distritos controlados por el PRO.

También sacaron a la cancha a otra espada en un municipio de importancia, como Federico Susbielles, un exlegislador a cargo del Consorcio Portuario de Bahía Blanca. El bahiense acusó de promover “chicanas” al alcalde macrista Héctor Gay, quien había exigido un posicionamiento claro a Kicillof. 

Casi al mismo tiempo, tanto en Diputados como en Senadores florecieron pedidos de informes y proyectos referidos a la problemática habitacional. Uno de los primeros fue el presentado por el senador vidalista Walter Lanaro, requiriendo a diversas áreas del Ejecutivo provincial información y posibles soluciones.



En Diputados, el exsubsecretario de Asuntos Municipales y actual vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, presentó una iniciativa para quitar los beneficios y planes sociales por dos años a personas u organizaciones que participen o alienten la toma de terrenos públicos y privados.

Campbell aseguró a La Tecla que "es importante aclarar que usurpar una propiedad pública o privada es un delito y está penado por la ley, y lleva de 6 meses a tres años de prisión. "Nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es desincentivar la toma de tierras, porque las palabras de la ministra Frederic fueron casi incentivarlas", expresó.

El vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio indicó que "lo que está pasando en estos momentos en San Fernando, donde unas tierras fiscales, que son del ferrocarril Mitre, que por 20 familias que se metieron en esas tierras se ven perjudicados todos los usuarios de ese ramal".

Además, enfatizó en que "debe haber una decisión política de frenar la tomas, como la hubo durante los cuatros años de gestión de María Eugenia Vidal. Yo no olvido una toma que tuvimos en Merlo y por una decisión política, tanto de la entonces Gobernadora como del ministro de Seguridad de ese momento, Cristian Ritondo, pusimos freno a eso y con el apoyo de la Justicia logramos desalojar el predio". 

Desde el bloque Cambio Federal, el diputado Guillermo Bardón también pidió precisiones al Gobierno bonaerense, especialmente referidas a cantidad de terrenos tomados, planes específicos de Seguridad para estos delitos, cantidad de detenidos, número de desalojos producidos o la existencia de profesionales del derecho o de la contabilidad detrás de las mismas.

La última sesión de la Cámara Baja, realizada el pasado jueves, volvió a enfrentar a oficialismo y oposición, cuando ésta última intentó conseguir apoyos para tratar en el recinto el proyecto referido a la toma de tierras. El resultado fue negativo, y durante el debate volvieron a acusarse mutuamente de las peores cosas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy, en @diputadosba

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Refuerzos desde el Conurbano

La decidida definición punitivista de Berni no fue suficiente, y el oficialismo decidió hacer jugar a varios de sus poderosos intendentes, barones y baronesas del Conurbano, allí donde se suceden, desde hace años, episodios violentos derivados de la usurpación de terrenos.
Desde la Tercera Sección llegaron a La Plata jefes comunales de Presidente Perón, Blanca Canteros; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Florencio Varela, Andrés Watson; Berazategui, Juan José Mussi; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Berisso, Fabián Cagliardi; San Fernando, Juan Andreotti; Quilmes, Mayra Mendoza; y Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, luego de reunirse el día anterior y hacer público un documento en el que marcan posición: la usurpación es un delito y no es solución aceptable para resolver las carencias habitacionales de quienes menos tienen.

Como resultado del encuentro, se estableció un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural.

Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.
 

Nardini expresó que “es un tema que preocupa y nos ocupa a todos, por eso se puso el gobernador al frente, junto a los ministros y los intendentes estamos trabajando en acciones de prevención para evitar que pase la toma de tierras que es lo que ninguno queremos para que no sea una ilegalidad”.

Sobre el panorama en su localidad, el intendente expuso que “en los últimos tiempos tuvimos dos intentos, pero hay que tratar de trabajar en el alerta temprana para evitarlo. La verdad es que estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo primero Axel (Kicillof), los ministros y obviamente los intendentes".

Una mirada diferente fue la que tuvo Blanca Cantero, la intendenta de Presidente Perón, quien apuntó los cañones hacia  partidos y organizaciones de izquierda. “Cuando hicimos una mesa de diálogo, me senté con una persona que decía representar a los vecinos pero habían 15 organizaciones, la mayoría de partidos de izquierda sentados en la mesa. En esa oportunidad había tres vecinas solamente y una sola de ellas me pudo dar una dirección de Presidente Perón, el resto no. Eran de Lomas de Zamora, de Burzaco, de Quilmes, de cualquier lugar, menos de Presidente Perón”, contó la alcaldesa del Frente de Todos.

Sin embargo, las disputas internas dentro del Frente de Todos, quedaron patentizadas con el áspero cruce que tuvieron el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el  Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro.

El funcionario provincial, abanderado de la política de “meter presos a los que toman tierras”, señaló al dirigente del Movimiento Evita y a Emilio Pérsico, del mismo espacio, como instigadores de hechos de usurpación de terrenos, en el transcurso de un programa televisivo.

Navarro pidió derecho a réplica y solicitó pruebas a Berni, vociferando que se presentaría ante la Justicia para que se aclare dicha acusación. La respuesta del responsable de la Seguridad provincial fue un video en redes sociales en el que defiende el derecho a la propiedad privada y reafirma su idea de “tolerancia cero al delito”.
 

Maraña legal

Al momento de denunciar la presencia de organizaciones con fines económicos detrás de la ocupación de terrenos, el intendente de La Plata, Julio Garro, mencionó que es llamativo el grado de coordinación que muestran los grupos en algunas ocasiones. En la capital provincial se registraron unos 40 intentos de usurpación en lo que va del año, y el 95% a manos de personas que no residen en la ciudad.

En concreto, aseguró que inmobiliarias, escribanías y abogados estudian y asesoran a las bandas respecto de qué tipo de propiedad es la más conveniente para tomar, y explicó que “muchas veces investigand dónde hay tierras de la provincia o nación”. 

Con esos datos, saben que la Policía Bonaerense no puede ingresar a tierras nacionales, en caso de que se ocupe un terreno fiscal de propiedad federal, y viceversa, y ahí está el conflicto”. ¿Qué logran? Dilatar el proceso de intervención y, posteriormente, el procedimiento de desalojo.

En tal sentido, el fiscal Marcelo Romero aseguró que, en muchas ocasiones, tienen una logística que se repite. “En la primera línea van señoras con sus bebés, o chicas embarazadas muy jovencitas, mientras que los hombres no aparecen hasta que se arman las carpas o casillas precarias. Y entonces es complicado, porque no se puede entrar con una topadora”.



En efecto, la mecánica obedece a una resolución de la Suprema Corte y la Procuración de la Provincia, detallando los pasos a seguir frente a las ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad.

Este protocolo tiene la finalidad, aclara el máximo tribunal de Justicia bonaerense, “establecer directrices que permitan garantizar la debida actuación de las medidas judiciales a las garantías constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos; prevenir y/o reducir el impacto social que puede generar la instrumentación de las citadas medidas y garantizar la evaluación previa de los efectos multidimensionales de los desalojos”.

Además, resalta que uno de los objetivos es brindar protección a mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y “demás personas esencialmente vulnerables en los procesos de desalojo”.

Con la idea de darle a los jueces más herramientas para agilizar la recuperación de bienes usurpados, los senadores Juan Pablo Allan, Andrés de Leo y Walter Lanaro, los tres de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que propone que los magistrados no tengan que hacer las notificaciones previas a la orden de desalojo en caso de usurpaciones, y que la interposición de cualquier recurso jurídico no suspenda la resolución del magistrado. 

Se trata de un proyecto de Ley que modifica el Código Procesal Penal de la Provincia, disponiendo que “el pedido de restitución podrá ser presentado por la víctima o el particular damnificado directamente ante cualquiera de tales órganos. La solicitud deberá ser resuelta en el menor plazo posible. El reintegro podrá estar sujeto a que se de caución si se lo considera necesario. Y para la procedencia de dicha restitución no será necesario haber notificado previamente a todos los ocupantes del inmueble”. 

A pesar de ciertas limitaciones, Romero consideró que los fiscales pueden, de todas maneras, emprender ciertas acciones antes del proceso de desalojo, como la identificación de las personas, recibir la declaración indagatoria a un imputado. Es decir, “llevar a cabo todas las acciones previas al momento en que tengamos que pedir al juez el desalojo y él pueda decidir”.

A estas trabas se suma la vigencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires de la Ley Ley 15.172, sancionada por el Senado bonaerense el 21 de mayo pasado, que suspende hasta el 30 de septiembre de este año “toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales”.

También deja sin efecto los desalojos de alquileres, las ejecuciones hipotecarias y los inmuebles comprados con créditos UVA.

Con la justicia en la mira, el intendente de Pinamar, Martín Yeza (Juntos por el Cambio) se quejó de la pasividad del fiscal de Usurpaciones y Flagrancias Eduardo Elizarraga (UFID 5), considerando que no accionó contra la toma de terrenos en su distrito, pidiendo su destitución.
 

“No tengo nada que decir sobre su persona pero sí sobre su función. La fiscalía nace para luchar contra las usurpaciones y no fue así”, señaló el alcalde macrista en sus redes sociales.
El jefe comunal pinamarense añadió que en cinco años de Gobierno ha tenido que “rogar que solicitara desalojos ante usurpaciones”, incluso frente a la situación de tener “treinta personas traídas de otra ciudad a ocupar tierras municipales”.

Según Yeza, la permisividad del funcionario incluye “falta de actuaciones ante casos de abuso sexual, de acoso sexual, de estafa”, donde –sostuvo- “directamente archivaba las causas mediando pruebas testimoniales y materiales. Mientras tanto los vecinos le recriminan a la intendencia”.