Un proyecto de la Red Federal de Concejalas, que será presentado por la vicegobernadora Verónica Magario, propone introducir cambios con perspectiva de género en la Ley Orgánica de Muncipios de la Provincia, sancionada en 1958.
La iniciativa será ingresada el próximo 17 de septiembre por la presidenta del Senado, luego de un encuentro del que participaron, entre otras, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; su par de Mujer, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de AySA Malena Galmarini; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y la ex senadora pampeana María Higonet.
El proyecto busca establecer la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género y en las comisiones de los concejos, a raíz del evidente desequilibrio en el mapa de la participación femenina: solo hay 38 presidentas de concejos deliberantes de un total de 135, y apenas seis intendentas.
La Red de Concejalas sostuvo que se procura “empoderar a las mujeres políticas en gobiernos locales -es decir el ámbito de representación democrática de vecinas y vecinos- con el fin de consolidar la equidad e igualdad de oportunidades”.
Entre otras reformas, el texto prevé incorporar los términos “vecinas”, “concejalas” e “intendentas” y garantizar el derecho a las licencias laborales por maternidad y paternidad.
En concreto, se plantea modificar los artículos 16, 19 y 87 de la Ley Orgánica, para lograr la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género.
Además, se establece la modificación de los artículos 19 y 76 para observar “igualdad cuerpos deliberativos y de las comisiones”.
También plantea la incompatibilidad para ser miembro de una Municipalidad a quienes sean deudores alimentarios morosos, la capacitación obligatoria en género y violencia de género de la Ley Micaela; la perspectiva de género para la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los presupuestos municipales y la instauración del ejercicio de la política “libre de violencias”, estableciendo procedimientos y sanciones de violencia política que tienden a erradicar tales conductas por razones de género.
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