“La necesidad tiene cara de hereje”, suele decirse para justificar acciones que, empujadas por la realidad, algunas personas no harían en tiempos de normalidad.
Así, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires vieron los números que les acercaban sus responsables de Economía y quedaron patitiesos. La caída en la recaudación, el desplome en los fondos coparticipables y la crisis provocada por la pandemia de coronavirus los obligaban a rascar el fondo de la olla.
El recurso al que recurrieron fue la creación de tasas extraordinarias, en incluso contribuciones especiales, generalmente apuntando a los sectores más pudientes de cada distrito, como forma de conseguir fondos frescos para sus arcas. Algunos ya se han implementado, luego de ser aprobados por los respectivos concejos deliberantes, mientras que en otros municipios aún conservan la categoría de proyecto, con posibilidad de convertirse en realidad. El puntapié inicial de estos comunes y mal llamados “impuestos a la riqueza” provino desde el interior bonaerense. Lo presentó el alcalde peronista de Castelli, Francisco Echarren, y consistió en un fondo solidario para luchar contra el COVID-19 formado por el aporte de productores rurales.
Los montos oscilaron entre 9 mil y 36 mil pesos, de acuerdo a la extensión del campo que posean: para establecimientos de entre 200 y 300 hectáreas aportan el valor de medio ternero, mientras que los propietarios de campos de hasta 1.000 hectáreas deben poner el equivalente a un ternero. Finalmente, les corresponde el valor de dos terneros a quienes tengan extensiones de más de 1.000 hectáreas.
El monto recaudado fue cercano a los 10 millones de pesos, con los que el distrito equipó su hospital municipal, pudo inaugurar una terapia intensiva moderna y disponer de anestesistas para operar las 24 horas.
El jefe comunal del Frente de Todos aseguró a La Tecla que “la cobrabilidad del aporte superó el 90 por ciento”, explicando que de los 534 productores que entraban en la normativa, sólo unos 50 no lo pagaron, en tanto que cuatro recurrieron a la Justicia en contra del gravamen.
La patriada le valió a Echarren un conflicto judicial con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, quien planteó -sin éxito- la inconstitucionalidad del tributo. Aunque no se expidió sobre el tema de fondo, el juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores rechazó la medida cautelar solicitada por el legislador de la Coalición Cívica, quien además, es productor agropecuario.
Acerca de la cuestión jurídica de estos tributos, el experto constitucionalista Orlando Pulvirenti aclaró que “un impuesto a la riqueza, sólo lo puede cobrar el Estado nacional, como el impuesto a las Ganancias”, y añadió que “los municipios tienen facultades para imponer tasas municipales o contribuciones especiales”.
“El problema que se plantea es que la tasa implica una contraprestación con algún servicio, y la pregunta es por qué gravás a unos contribuyentes y no a todos, si se benefician de lo mismo. Por eso veo que, en lugar de crear tasas, algunos municipios optan por las contribuciones especiales, amparados en las emergencias que les dan un paraguas para recaudar. Aunque también es debatible, porque no está contemplado en la Constitución provincial”, aseveró.
Pulvirenti agregó que un recurso para los alcaldes es el de ampliar alícuotas para determinados contribuyentes, una facultad que les confiere la ordenanza impositiva. “De todas maneras -completó-, lo que parece que hacen muchos intendentes es crear la tasa o la contribución, la cobran y después lo discuten en el terreno judicial. Y como la Justicia tarda años en decir si algo es o no legal en lo impositivo, vos lo recaudás y después verás, cuando ni siquiera esté esta gestión, ni la próxima”
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