La Tecla
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El métier donde mejor se mueven el gobernador bonaerense Axel Kicillof y sus principales colaboradores es la economía. Por eso se abren muchas expectativas acerca de políticas que pueda impulsar la Provincia en busca de recursos por fuera de los que lleguen vía coparticipación y recaudación propia.
De acuerdo a datos suministrados por el diputado Guillermo Bardón, de Cambio Federal, Buenos Aires recibirá este año 76.000 millones de pesos que no tenía contemplados al inicio de la gestión: 30.000 por Ingresos Brutos, por la firma del Consenso Fiscal 2019, que suspende la reducción de alícuotas de este tributo; 10.000 por la eximición a la Provincia de reducir al 0,75% la alícuota máxima del impuesto de Sellos; y 36.000 por las reformas introducidas en el impuesto a las Ganancias (no reducción de la alícuota del 30% al 25% para sociedades) y el aumento de alícuotas en Bienes Personales.
De todos modos, tampoco alcanza, y el Gobierno deberá salir a buscar más recursos tratando de evitar un mayor endeudamiento. Es un tema que todavía no está en agenda, pero deberá aparecer, y pone al Ejecutivo ante un verdadero desafío. En los corrillos legislativos dicen que esa plata “se consigue haciendo política”, es decir, con consensos que anestesien a la oposición, recetas para reducir el costo de la política y bisturí para operar sobre organismos propios (abajo, dos ejemplos).
La pérdida millonaria de una caja
La Caja de Jubilaciones del Banco Provincia tiene un déficit estimado para este año de 6.000 millones de pesos. Hay quienes entienden que es prioritario hacer algo para evitar ese escape constante de dinero que María Eugenia Vidal intentó tapar con el cambio del régimen jubilatorio de los empleados bancarios pero quedó a mitad de camino.
“Si los empleados se siguen jubilando como hasta ahora, el déficit de la Caja se va a agravar”, pronosticó un legislador del peronismo que considera necesario plantear el tema, aunque reconoce que Kicillof, difícilmente encare políticas que afecten derechos de trabajadores, pese a que a ojos vista “es injusto que otros empleados estatales deban esperar a los 65 años para jubilarse”. Negociar con los gremios del sector es una tarea titánica.