Los gobernadores, uno por uno, a la Corte

Después de lo que la reunión de gobernadores y representes de los ejecutivos de 16 provincias ante el Consejo Federal de Inversiones, se avanzó en una respuesta judicial contra la última medida de Mauricio Macri. Claro, en el encuentro, se había estudiado las medidas adoptadas por el gobierno nacional luego de las PASO. En esta línea los gobernadores dejaron en claro que no se oponen a las medidas que apuntas a favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores, sin embargo pusieron en duda “los recursos para afrontar las mismas” y el costo fiscal a sus distritos, como también disponer de los recursos provinciales.

En ese sentido, las provincias determinaron presentarse a la Corte Suprema de Justicia. Las presentaciones, que fueron individuales, las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan

Vale recordar que en el cónclave del miércoles pasado se recalcó que “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales”.

Como punto final, ante la situación que quedan expuestas las diferentes administraciones, se mostraron abiertos al diálogo con la advertencia “de buscar amparo judicial a nuestros derechos”.

Documento emitido por los gobernadores de provincias argentinas reunidos en el CFI:

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la pace situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos... pero, las medidas que se han dado a conocer. realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento. En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida dar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer - inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando.

2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias — perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad... por el contrario hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del estado nacional, que a privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia que nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo. 

4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que está actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.

Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes  para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo. Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.