La gobernadora María Eugenia Vidal designó por decreto a tres de los cinco funcionarios que habían desatado un fuerte ruido interno en el directorio del Tribunal de Cuentas un mes atrás, tal como había dado cuenta La Tecla.info. La decisión era promovida por tres miembros, pero tuvo el rechazo de otro y la abstención del presidente.
La mandataria bonaerense designó por decreto a tres de esos funcionarios por fuera de los requisitos exigidos en la resolución 75/15. Hizo cambios en las funciones de emplados y designó a otros profesionales en cargos de relevancia, una medida que había despertado la oposición de organizaciones gremiales que defendían la carrera interna.
A través de tres decretos firmados el 2 de agosto y publicados en el Boletín Oficial de este jueves 8, Vidal avanzó con los nombramientos de tres funcionarios, que durante la discusión se habían mencionado como cercanos a la conducción del gobierno provincial. En tanto, dos de los candidatos propuestos por la oposición fueron rechazados. Habían sido propuestos por el representante de Martín Insaurralde en el directorio.
Vidal nombró a María Florencia Vezetti al frente de la Secretaría de Actuaciones y Procedimiento, a Felipe González Barlatay como secretario Legal y Técnico, y a Leonardo Adrián Pietro como secretario de Auditorías Financieras.
El nombramiento de Felipe González Barlatay implicó un traslado de dependencias oficiales. Se encontraba en un cargo de la planta temporaria, como personal de gabinete de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que conduce Federico Salvai.
En tanto, Leonardo De Pietro poseía un cargo de planta temporaria del Tribunal de Cuentas, como parte del gabinete del vocal Gustavo Díez, quien asumió este año en el directorio por impulso de la excontadora general María Fernanda Inza. Contador de profesión, De Pietro trabajó durante 13 años en la empresa Chevron. Entre 2018 y 2019, ocupó la Tesorería del partido PRO de la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, una designación repercutió en personal de carrera. Para la designación de Florencia Vezetti –hasta ahora directora de Asuntos Administrativos–, la gobernadora desplazó a María Silvina Novello de Actuaciones y Procedimiento, quien ocupaba ese cargo, y la trasladó al frente de la Secretaria de Relaciones Institucionales y Profesionales con el mismo sueldo.
La Secretaría de Actuaciones y Procedimientos es un puesto estratégico, dado que allí se revisan todos los plazos y procedimientos. Es un área central del tribunal que interviene en todos los fallos en los que se evalúan las cuentas de organismos públicos. Según supo este medio, Novello estaba a un año de jubilarse pero el movimiento tuvo impacto.
Los tres funcionarios designados pasarán a tener un sueldo equivalente al de un Fiscal de Estado, jefe de los abogados de la Provincia.
En la tanda de designaciones, quedaron fuera Pablo de Rosa (Secretaría de Consultas y Dictámenes) y Hernán Jorge González (Secretaría de Modernización y Fortalecimiento). En la mesa de discusión, los había promovido el vocal Pablo Peredo, que responde al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
Polémica
En la previa, la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) denunció violación del marco normativo del organismo. La seccional bonaerense de APOC había dicho que la designación implicaba “limitar en sus funciones” a dos secretarías e incorporar “cinco personas de la calle que no reunirían los requisitos exigidos para ocupar el puesto”.
Como parte de su rechazo, la organización sindical dirigió una carta a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y le pidió que se abstuviera de firmar decretos de excepción “atentatorios de un decreto madre como lo es la Estructura Orgánico Funcional del Tribunal de Cuentas vigente desde el año 1994".
En la carta, se señala que “la ocupación de históricos cargos de carrera en manos de funcionarios políticamente afines a los nuevos titulares y ajenos al Tribunal, tiñe de parcialidad la tarea de la auditoría y su consecuente juicio de cuentas”.
Por su parte, la decisión de Grinberg también había desatado una fuerte polémica, cuando dio a conocer su posición al resto de los miembros del directorio a principios de julio. Si bien se había abstenido de votar, había manifestado dejado entrever su desacuerdo con la movida.
Grinberg mandó un mensaje sobre los alcances de la medida que puede tener la decisión a tomar por parte de la mandataria. “Si considerase que, a partir del 4 de enero de 2019 fecha de asunción de los nuevos vocales, las secretarías pueden ser ejercidas por mera decisión política, los aprobará”.
En tanto, también dijo: “Si considerase que deben ser ejercidas por funcionarios que desarrollaron su carrera profesional desde su ingreso en el nivel inferior por concurso, pasando por los estratos intermedios hasta su culminación como secretarios como siempre ha sido, o eventualmente por selección pública, los rechazará”.
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