29 de octubre de 2025
LITIGIO
Argentina rechazó la jurisdicción de EEUU sobre YPF y denunció maniobras especulativas
La Procuración del Tesoro argumentó ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que el caso por USD 16.100 millones no corresponde tribunales extranjeros y cuestionó el rol del fondo Burford Capital. Paralelamente, el gobierno solicitó más tiempo para entregar comunicaciones de exfuncionarios
Representantes legales del Estado argentino presentaron hoy sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en la apelación contra el fallo que condenó al país a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF. Los abogados sostuvieron que el caso escapa a la jurisdicción estadounidense y se basó en una interpretación errónea del derecho argentino.
Durante la audiencia de alegatos orales, la defensa argentina enfatizó que los demandantes originales adquirieron sus acciones de YPF mediante transacciones privadas con Repsol en España, en operaciones que estuvieron marcadas por sospechas de corrupción y connivencia política. Según la argumentación presentada, estos inversores participaron del vaciamiento de la empresa a través de dividendos desproporcionados y luego eludieron la justicia argentina para litigar en tribunales extranjeros.
La Procuración del Tesoro identificó al fondo británico Burford Capital como el verdadero impulsor del litigio, señalando que compró el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior a los USD 18.000 millones. En sus alegatos, los representantes argentinos acusaron al fondo de utilizar los tribunales estadounidenses para litigar una controversia regida por el derecho argentino y de intentar entorpecer el proceso de recuperación económica del país.
Paralelamente, el gobierno argentino informó a la jueza federal Loretta Preska sobre su decisión de cooperar con la entrega de mensajes y correos electrónicos solicitados como parte de la investigación, solicitando una prórroga hasta el 21 de noviembre para cumplir con el requerimiento. Esta extensión busca permitir la obtención del consentimiento individual de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyas comunicaciones fueron requeridas por la justicia.
La presentación judicial aclaró que la cooperación no implica una admisión sobre el contenido de los mensajes, sino una disposición a facilitar el proceso en línea con los procedimientos de privacidad que establece la legislación local. Este movimiento marca un cambio en la estrategia de defensa, priorizando evitar sanciones procesales y demostrar buena voluntad ante el tribunal neoyorquino.
El gobierno argentino destacó que su defensa jurídica ha recibido el respaldo de numerosos Estados y organismos internacionales, que reconocen la solidez técnica de la posición argentina frente a un conflicto heredado de enorme trascendencia para los intereses del país y sus socios internacionales.