21 de febrero de 2026
INFORME
La mora familiar salta al 24% y pone en jaque al crédito como sostén del consumo
Un informe basado en datos del Banco Central de la República Argentina revela que 20,5 millones de adultos están endeudados y que casi uno de cada cuatro tiene atrasos en sus pagos. La irregularidad trepa al 24,6% en entidades no financieras y al 8,8% en bancos, configurando un escenario que limita el rol del crédito en 2026.
Un informe basado en datos del Banco Central de la República Argentina revela que 20,5 millones de adultos están endeudados y que casi uno de cada cuatro tiene atrasos en sus pagos. La irregularidad trepa al 24,6% en entidades no financieras y al 8,8% en bancos, configurando un escenario que limita el rol del crédito en 2026.
El crédito funcionó en 2024 y 2025 como un amortiguador frente a la caída del poder adquisitivo y la contracción del empleo. Sin embargo, la última radiografía sobre endeudamiento familiar muestra que ese “puente” empieza a mostrar fisuras: la mora escaló con fuerza y condiciona la dinámica del consumo hacia 2026.
Según datos de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central, la irregularidad total de la cartera de hogares alcanza el 13% del sistema financiero. El dato esconde una brecha significativa: mientras la mora en entidades financieras tradicionales se ubica en 8,8% (noviembre de 2025), en entidades no financieras —fintech, plataformas digitales y tarjetas comerciales— trepa a 24,6%.
El fenómeno no es marginal. Actualmente, 20,5 millones de personas —equivalentes al 60% de la población adulta— tienen algún tipo de financiamiento. Esto implica un aumento interanual del 8%, es decir, casi dos millones de nuevos deudores respecto del cierre de 2024.
La expansión no fue homogénea. Las personas endeudadas exclusivamente con entidades no financieras crecieron 18% en el último año, mientras que aquellas que solo mantienen créditos bancarios cayeron 4%. En paralelo, los individuos con deudas en ambos segmentos aumentaron 29%, reflejando una mayor financiarización de los hogares.
En términos de carga financiera, el deterioro también es evidente. El financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios formales (medidos por RIPTE) a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En la práctica, las familias sumaron el equivalente a un salario adicional para sostener su nivel de consumo.
La mora, además, exhibe un perfil regresivo. Uno de cada cinco créditos menores a un millón de pesos presenta atrasos superiores a dos meses, mientras que en los préstamos mayores a diez millones ese ratio cae a 11,9%. Aunque los créditos pequeños explican casi la mitad de los préstamos otorgados, representan menos del 5% del saldo total del sistema.
Si la medición se realiza por cantidad de personas y no por volumen de cartera, el cuadro se agrava: el 24% de los deudores tiene algún tipo de problema para cancelar sus obligaciones, diez puntos porcentuales más que a fines de 2024. Es decir, casi uno de cada cuatro adultos endeudados está en situación irregular.
El deterioro no se explica principalmente por nuevos ingresantes al sistema. Si bien quienes accedieron por primera vez al crédito acumularon deudas por 3,1 billones de pesos y registran una mora algo superior al promedio, aportaron solo el 5% de la nueva irregularidad. El grueso del empeoramiento provino de deudores ya existentes que perdieron capacidad de pago ante la caída de ingresos reales.
De cara a 2026, el margen para que el crédito vuelva a funcionar como motor de actividad luce acotado. Con una base de deudores más amplia, niveles elevados de mora y mayor peso de las cuotas sobre el ingreso, la sostenibilidad del financiamiento dependerá de la recuperación del salario real y de la trayectoria de las tasas de interés.
En síntesis, el endeudamiento permitió suavizar la caída del consumo en el corto plazo, pero dejó como contrapartida una estructura más frágil. Sin una mejora sostenida de los ingresos, el sistema enfrenta el riesgo de que el crédito deje de ser un amortiguador y pase a convertirse en un factor adicional de restricción para la economía doméstica.