Los jefes comunales arribaron a la Gobernación y fueron recibidos por el Gobernador. Apoyan el reclamo de la Provincia por fondos y piden a Nación aprobar el endeudamiento. Pero llegan con demandas urgentes por la caída de recursos, el aumento de la asistencia social y la falta de obra pública. Los boina blanca quieren un cara a cara con Kicillof y López.

Kicillof con intendentes: reclamos por recursos y pase de factura a Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió a decenas de intendentes de la provincia de Buenos Aires en la Gobernación, para analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei en las finanzas municipales.

El encuentro se inició hacia las 15.30 de esta tarde en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, con la presencia de jefes comunales oficialistas opositores, en un contexto de creciente tensión financiera en los municipios, que vienen denunciando dificultades para sostener sus cuentas y afrontar la demanda social.

Bajo el eje “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, el Gobierno provincial busca unificar diagnósticos y reforzar sus críticas hacia la Casa Rosada.

Sin embargo, jefes comunales de la oposición aseguraron que no vienen a la capital provincial sólo para escuchar diagnósticos, sino que esperan soluciones a sus reclamos. “La situación económica, social y de salud en los territorios se complica día a día. Y también la Seguridad”, señaló un alcalde radical a La Tecla.

Durante la jornada, el equipo económico de la Provincia, encabezado por el ministro López y el de Producción, Augusto Costa, expuso sobre el estado de las cuentas públicas y el impacto de las políticas nacionales. Según sostienen en la administración bonaerense, la caída de recursos afecta directamente la coparticipación que reciben los municipios, profundizando la presión sobre sus presupuestos.

“Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires no es una excepción. Esto está dañando a todo el país, está dañando a todas las provincias. Es una política profundamente antifederal”, dijo Kicillof, luego de que López delineara la situación de las arcas bonaerenses.

El Gobernador llamó a “desmontar el relato oficial” acerca de la situación de las provincias. “El gobierno nacional nos habla de una fiesta, de una recuperación, de crecimiento. Y lo que se ve en la calle y en los números es exactamente lo contrario: caída de ventas, caída de salarios, deterioro del empleo, empeoramiento de las condiciones de vida.”

“El gobierno nacional se ha corrido totalmente en materia de educación, en salud. Es un Estado nacional que deserta como nunca pasó en la historia. Y no es que deserta por un posicionamiento ideológico. Están incumpliendo leyes. Están incumpliendo convenios. Están incumpliendo además, y para que quede claro, la Constitución Nacional”, apuntó Kicillof.

Los radicales pidieron diálogo entre Provincia y Nación

Antes del cónclave, el Foro de Intendentes Radicales mantuvo un encuentro virtual y definió que acudiría con una delegación encabezada por su titular, el rauchense Maximiliano Suescun. Y también elaborarán un punteo con las principales demandas.

En el caso de los boina blanca, reclamaron “diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno bonaerense, imprescindible para abordar los problemas estructurales que afectan a los municipios”.

“En ese marco, el Foro acompaña el reclamo por una mejora en los recursos que recibe la Provincia, en un esquema federal que hoy presenta desequilibrios, pero considera imprescindible mejorar la gestión y fortalecer la administración de áreas sensibles como la educación, la salud, la seguridad, el IOMA y el IPS, con el objetivo de garantizar mejores servicios y respuestas a los vecinos de cada uno de nuestros distritos. Los municipios bonaerenses atraviesan crecientes dificultades para sostener el funcionamiento de los servicios públicos, en un contexto donde los ingresos por coparticipación resultan insuficientes para acompañar la evolución de la inflación y las paritarias”.

En un comunicado, exigieron al gobierno nacional que avance “en la autorización de herramientas financieras para la Provincia”, y pidieron una reunión de los jefes comunales de la UCR con el Gobernador y el ministro de Economía, Pablo López.

Por otra parte, intendentes del PRO pusieron condiciones para concurrir. “Si es para un acto político, prefiero no ir”, señaló a este medio el zarateño Marcelo Matzkin, manifestando su voluntad de pegar el faltazo. “Menos con el título que le pusieron a la convocatoria”, ratificó.

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate (PRO)

Desde los territorios aseguran que es una noticia que trae alivio el cobro, en los próximos días, de la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento incluido en el Presupuesto 2026, aunque consideran que no es suficiente. “Necesitamos que la Provincia achique las deudas por IOMA y otros conceptos”, señalan.

Un reclamo con B de billones

En paralelo, la Provincia mantiene un reclamo contra Nación por una deuda que, según sus cálculos, supera los 22 billones de pesos. Dentro de ese monto se incluyen fondos coparticipables, la paralización de la obra pública y transferencias recortadas. Entre los principales conceptos figuran 8,7 billones por obras comprometidas y no finalizadas, 3,8 billones por deudas directas como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, y otros 3,1 billones por programas discontinuados.

“Los montos transferidos por la Nación a la Provincia para medicamentos oncológicos y de alto costo, equipamiento y demás, se redujeron en un 62%. Algunas de estas cuestiones las estamos reclamando, porque es ilegal que las hayan cortado. Pero al mismo tiempo se perdieron 300.000 empleos, con lo cual el poder adquisitivo de las familias es cada vez menor. Eso significa que las obras sociales, que trabajan con quienes tienen empleo formal, están en una situación crítica”, dijo Kicillof.

A esto se suma la disputa judicial en la Corte Suprema por la suspensión de transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinadas a cubrir déficit previsionales provinciales, cuya deuda se estima en más de 2,2 billones de pesos. Desde el Ejecutivo bonaerense advierten además una pérdida de 4,3 billones por la caída de la coparticipación y otros 2,3 billones por menor recaudación producto de la situación económica.

En los municipios, el impacto ya se traduce en un aumento de la demanda social. Intendentes de distintos signos políticos alertan sobre mayores pedidos de asistencia para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres y servicios. A esto se suman los efectos del freno de la obra pública, el cierre de empresas y la caída de la actividad en sectores clave como la construcción y el comercio, lo que incrementa la demanda de empleo.

Un informe reciente también refleja el deterioro de los recursos municipales: si bien en enero de 2026 las transferencias provinciales crecieron en términos nominales, registraron una caída real del 2,24% frente a la inflación. Aunque algunos distritos lograron mejoras puntuales, casi medio centenar sufrió bajas significativas. En este escenario, la Provincia impulsa un Fondo de Emergencia para fortalecer a los municipios, mientras la Legislatura seguirá de cerca la evolución de la crisis a través de una comisión bicameral de monitoreo.

A este escenario se suma el deterioro de las cuentas provinciales. En el tercer trimestre de 2025, Buenos Aires registró un déficit financiero de $1,4 billones, equivalente al 5,7% de sus ingresos totales. Desde la gestión de Axel Kicillof atribuyen gran parte de ese rojo al ajuste nacional y a la interrupción de transferencias, con un reclamo que ronda los $12,9 billones —y que políticamente elevan a $15 billones— por fondos destinados a educación, salud y obra pública. Sin embargo, también crecen las críticas por el manejo interno de la Provincia, que incluyen el aumento sostenido del empleo público en medio de paritarias tensas y una oferta salarial inicial del 1,5% para enero de 2026.

Asimismo, crecen los cuestionamientos porque se acumulan deudas con proveedores en áreas sensibles. Empresas que prestan servicios al Estado advierten sobre pagos demorados que superan los 120 días y la aparición de cheques rechazados, lo que expone un sistema al límite.

Con proveedores que ya no pueden sostener el financiamiento implícito al gobierno provincial, el panorama económico de cara a 2026 aparece marcado por la fragilidad y la creciente tensión financiera.

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