Horas contadas: embargo millonario y guerra abierta con la Provincia
La Justicia le dio 24 horas al gobierno bonaerense para informar las cuentas a embargar por más de $157 mil millones, mantiene la presión pese a la apelación y denuncia “amenazas” del fiscal en un conflicto que escala.
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Un juez federal embargó más de $157 mil millones a la Provincia de Buenos Aires por volcar efluentes cloacales sin tratamiento en el sistema hídrico de La Plata, Berisso y Ensenada. El gobierno bonaerense apeló, pero la medida sigue vigente. Y cuando el fiscal de Estado amenazó con denunciar al magistrado, el juez le respondió con una advertencia de sanciones.
La causa viene de 2020 y tiene en el centro un problema concreto: la falta de obras de saneamiento en la región, donde los líquidos cloacales terminan en el sistema hídrico sin pasar por ningún tratamiento, con el arroyo Del Gato como uno de los receptores más afectados. Los estudios incorporados a la causa son contundentes: los niveles de contaminación superan ampliamente los límites permitidos y tienen un impacto sanitario real sobre la población.
El gobierno de Axel Kicillof argumenta que no puede encarar solo obras que siempre dependieron de financiamiento nacional, y le apunta a la administración de Javier Milei por el recorte de fondos. Pero el juez no lo vio así: consideró que detrás de la situación hay una falta sostenida de voluntad política para avanzar con soluciones de fondo, más allá de los vaivenes del financiamiento.
Fue en ese marco que el juez federal Alberto Recondo le dio 24 horas a la Provincia para que identifique las cuentas bancarias sobre las que recaerá el embargo. La apelación del gobierno bonaerense fue concedida con efecto devolutivo, lo que significa que la medida continúa aplicándose mientras la Cámara resuelve.
La tensión subió de tono cuando el fiscal de Estado, Hernán Gómez, cuestionó el alcance del embargo y advirtió que podría llevar al juez ante el Consejo de la Magistratura. Recondo no se quedó callado: dejó sin efecto un oficio anterior, reformuló la orden y le exigió al funcionario que se abstuviera de hacer "amenazas", con advertencia de sanciones si insistía.
El fallo apunta a algo preciso: forzar el inicio de obras que llevan años postergadas. El dinero embargado quedará retenido en una cuenta judicial hasta que se demuestre que los trabajos efectivamente arrancaron. La señal que manda la Justicia es clara: el embargo no se frena y la crisis ambiental ya no tiene margen para seguir esperando.
