En receso, las discusiones legislativas no tienen fin. El kircherismo busca voltear la disposición del ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, a la que adhirieron varios municipios en el último tiempo.

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Polémica: la oposición plantea reparos y lleva a la Justicia la norma que regula uso de agroquímicos

Diputados de la bancada de Unidad Ciudadana llevarán a la Justicia la resolución provincial que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires y que entra en vigencia
desde este 1° de enero en los municipios que adhirieron.

Los legisladores presentaron un proyecto de ley para que se deje sin efecto la resolución firmada por el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis, que se hizo pública el 11 de diciembre en un acto al que asistieron varios jefes comunales.

Sin embargo, desde Unidad Ciudadana sostienen que la medida puede exponer la salud de las personas a los riesgos de la aplicación. En esa línea, el diputado Mariano Pinedo, oriundo de San Antonio de Areco, confirmó que se están desarrollando “acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior”.

Según pudo saber La Tecla.info, el bloque evalúa llevar el caso a la Justicia mediante una acción de amparo para contar con la posibilidad que la norma se frene cuanto antes.

“Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que acá pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero”, afirmó Pinedo en las redes junto a una imagen del proyecto.

Además de Pinedo, la iniciativa llevas las firmas de Avelino Zurro, Lucía Portos, Santiago Révora, Lauro Grande, Facundo Tignanelli, Mariana Larroque, Miguel Funes y José Ignacio Rossi, además de la titular del bloque, Florencia Saintout.

"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", se sostiene en los considerandos.

En ese línea, la banca solicita la concreta delimitación de zonas de amortiguamiento, con la explícita definición de dimensiones particulares para establecer distancia y superficies.

“Hasta que la Legislatura apruebe la ley provincial se pone en vigencia esta resolución, a la que podrán adherir los municipios”, aclararon desde Agroindustria a La Tecla.

Estamos desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y vamos a presentar una acción judicial para que se impida de inmediato su aplicación.
— Mariano Pinedo (@MarianoPinedo) January 2, 2019

La regulación de la Provincia

La resolución provincial establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento tales como lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales.

También fija que las aplicaciones deberán considerar características intrínsecas del producto a utilizar, regulación del equipo y las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación. Además, deberá contratarse un profesional que determine las previsiones a tener en cuenta antes, durante y después de la utilización de fitosanitarios.

Por otra parte, la resolución señala que los municipios podrán acordar con el Ministerio para auditar las aplicaciones que considere oportunas verificando el correcto cumplimiento de las buenas prácticas agropecuarias.

Sarquís subrayó que la resolución se basa en el informe elaborado en forma conjunta por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación en julio pasado luego de varias audiencias públicas. Ese paper logrado con consenso social consta de 12 principios y 23 recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios.

“Es la primera vez que desde la Provincia se elabora una norma de estas características que apunta tanto a cuidar la salud de la población, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y al mismo tiempo a mantener las actividades productivas a través de la sustentabilidad y sostenibilidad, con fuerte foco en las buenas prácticas agropecuarias”, había señalado el responsable de esa cartera, Leonardo Sarquís.

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