Política Provincial
10 de noviembre de 2018
INCERTIDUMBRE
Isleños en riesgo de aislamiento
Un Estado ausente, antes y ahora, según los vecinos. Empresarios reclaman ayuda. Los gremios repiten medidas de fuerza. Un conflicto recurrente en un servicio insustituible
El silencio, la soledad que se vive en algunos momentos y el ritmo tranquilo y pausado son algunas de las características que definen la vida de los isleños, retratada en
tantos cuentos, como los que creó Horacio Quiroga.
Sin embargo, esa vida aparentemente relajada y sin las prisas de la gran ciudad presenta una serie de obstáculos para quienes optan por habitar alguna de las tantas islas que pueblan la geografía nacional, entre ellas, las situadas en territorio bonaerense.
Un elemento fundamental para su vida cotidiana lo constituye el transporte, realizado exclusivamente por vía fluvial, sin posibilidades de contar con medios de mo-vilidad alternativos. Es por agua o no es, sin vueltas.
Sin embargo, la situación en la que se desarrolla la actividad del transporte fluvial en las islas del Delta tiene a sus pobladores, con demasiada frecuencia, al borde del aislamiento, producto de lo que consideran un histórico abandono de las administraciones.
En este sentido apuntan tanto a la responsabilidad de la gestión de María Eugenia Vidal como a la de su antecesor, Daniel Scioli, mandatarios a
los que acusan de no tener en cuenta a los residentes de un territorio con necesidades específicas.
La cuestión es el transporte fluvial al que están atados en su día a día, único medio para entrar o salir de los territorios insulares, desfavorecidos por una legislación que no contempla apoyo para el servicio a través del agua.
De hecho, representantes de los vecinos isleños aseguran que el servicio público de transporte fluvial de pasajeros no se encuentra alcanzado por la asignación del beneficio de compensación ta-rifaria, establecido por el decreto nacional N° 652/02 de la entonces Secreta-ría (actual Ministerio) de Transporte de la Nación.
El conflicto, que amenaza con dejar en tierra a los casi 20 mil residentes en las islas, muestra varias aristas. Cada sector tiene sus explicaciones y, en algunos casos, se comprenden los argumentos de algunas de las partes.
Los trabajadores, nucleados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), reclaman por convenios que las empresas prestatarias no cumplen, pero entienden la situación de los patrones en un contexto de crisis, con costos que se multiplican y sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado.
Los empresarios entienden a sus empleados, que reclaman mejoras salariales y otras reivindicaciones laborales, que producirían erogaciones extras, con impacto en la sostenibilidad financiera de las empresas.
De acuerdo con los empresarios del transporte fluvial, desde el año 2004 las compañías recibieron subsidios “como pasa con los colectivos”, grafican; pero “luego la Nación pasó una parte de las partidas a Provincia y ahí quedó el fluvial fuera de los subsidios al transporte. Seguimos teniendo, sin embargo, el subsidio al gasoil, pero eso es insuficiente, y en los próximos meses podríamos tomar la decisión de dejar de dar servicio”, señalan a La Tecla.
Aunque comprensivos con la compleja coyuntura por la que atraviesan los empresarios, desde el ámbito gremial no sólo reclaman mejoras en sus sueldos y en las condiciones de trabajo, sino que apuntan también a la falta de inversión de sus empleadores. Así dicen: “Es cierto que necesitan apoyo por parte del Estado, pero durante años sí recibieron subsidios y no los destinaron a mejorar el servicio ni a modernizar las embarcaciones”.
La Cámara del transporte público fluvial insiste, además, en que la situación se ve agravada por la decisión de la Dirección de Transporte de la provincia de Buenos Aires de mantener congeladas las tarifas desde 2016.
Un aumento en el precio de los viajes beneficiaría a las compañías, pero -siempre hay un pero- los pobladores lo rechazan. Desde las organizaciones de vecinos piden ser incluidos en la SUBE y refieren que, desde tiempo atrás, mantuvieron y mantienen contactos con autoridades provinciales, quienes acercaron algunas ideas para aliviar el problema, las cuales no los satisficieron. “Una de ellas fue poner una tarifa plana, que llevaría cada viaje a más de 100 pesos, cuatro veces lo que cuesta hoy en día el boleto mínimo. Una auténtica locura”, afirman.
Así, intereses contrapuestos son moneda corriente, mientras los isleños viven en ascuas.