A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde se apunta directamente a una acción intencionada de parte de sectores políticos -K o periféricos-, desde la Provincia se baja un mensaje menos pirotécnico.
Son varios los funcionarios del Ejecutivo de María Eugenia Vidal, o intendentes, que abonan la hipótesis de que los últimos hechos de violencia no son saqueos sino actos delictivos, escondidos detrás de una situación social que preocupa.
La escalada del dólar, ahora contenida, impacta en los precios y las previsiones inflacionarias para septiembre se ubican por encima del 5 por ciento.
Ante esta realidad, la Gobernadora lanzó un plan de prevención, con medidas que pretenden atajar el problema. Entre ellas, reasignación de recursos para destinarlos a políticas sociales -especialmente alimentarias- para contener la situación en los sectores más necesitados. En concreto, será mil millones que se aplicarán y se reducirá del Presupuesto en dos partes.
Sumados a refuerzo en planes sociales y en fortalecimiento de programas, marcan una preocupación oficial -y oficializada- por lo que pueda venir, especialmente en distritos sobre los que está puesta la mirada.
Así, el Ejecutivo aceita contactos con intendentes del Conurbano, especialmente, para coordinar acciones en caso de hechos violentos que puedan anticiparse, con la colaboración también de organizaciones sociales.
Estos grupos, considerados marginales y sin responder a estructuras políticas, según el oficialismo provincial, estarían detrás de hechos como los ocurridos en Tres de Febrero, Mar del Plata u Olavarría, todos teñidos del amarillo de Cambiemos.
La situación une a jefes comunales con la Provincia, la mayoría oficialistas y otros, los menos, peronistas, que también está en el punto de mira.
La Matanza, bastión del PJ gobernado por la ultrakirchnerista Verónica Magario, es uno de ellos y cuenta con una estructura de contención que tejieron organizaciones, iglesias y escuelas para prevenir acontecimientos no deseados.
También se observa la zona que comparten dos comunas oficialistas: Morón y Tres de Febrero, donde se registró uno de los hechos violento de la semana pasada.
La misma mirada se tiene en la frontera entre Moreno, donde manda el K Walter Festa y General Rodríguez, con el macrista Darío Kubar a la cabeza.
A pesar de sus zonas exclusivas, Pilar es otra zona caliente, al contar con localidades de alta densidad poblacional y sectores postergados como Derqui. Lo mismo ocurre en José C. Paz, gobernado por el histórico Mario Ishii, donde se realizan operativos de saturación policial de la mano de la Bonaerense.
Tampoco escapan a esta alerta Berisso (Jorge Nedela) o San Vicente (Mauricio Gómez), o el Quilmes del oficialista Martiniano Molina, municipio que cuenta con los índices más altos de villas del Conurbano.
Almirante Brown , Florencio y la localidad quilmeña de San Francisco Solano comparten una zona triangular que también preocupa.
Lejos del polvorín del Conurbano, Mar del Plata no escapa a la realidad social. Allí se registraron algunos intentos de asalto a comercios, con zonas vulnerables y un intendente, Carlos Arroyo, que para ser aliado provoca más de un dolor de cabeza a Vidal.
En el interior la situación parece no ser tan explosiva, aunque algunos intendentes se adelantan y disponen medidas para evitar males mayores. Algunos ya han decidido dar bonos adicionales a sus empleados, como es el caso del kirchnerista Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem) o los jefes comunales de Pila, Gustavo Walker y de Dolores, Camilo Etchevarren, que analiza una medida similar.
En esta línea se enmarca también la propuesta del radical Miguel Fernández (Trenque Lauquen), que analiza lanzar un plan social para jóvenes, en una primera etapa. Se trata de capacitación y un incentivo desde el municipio por cuatro meses para realizar tareas en la propia intendencia o en empresas del distrito. |
