Tal como informó En definitiva, la diputada bonaerense del bloque de Unidad Ciudadana, Lucía Portos, se acercó hasta Ituzaingó para conversar con Conforme a los trascendidos, el encuentro tuvo como objetivo tomar conocimiento del plan de lucha de la asociación bomberil para acompañar desde el rol legislativo. Vale destacar que, tal como lo informó Pasado en limpio, la decisión representa un 40 por ciento menos de ingresos para las asociaciones bomberiles, lo que se traduce en una pérdida adquisitiva superior a los $ 600 millones. La baja en la suma de dinero generó malestar en las diversas instituciones que llevaron adelante diferentes acciones para dar marcha atrás con una medida que califican de “inconstitucional”. Es que la afectación de esos recursos está determinada por la ley N° 25.848, que los asigna bajo la categoría de Fuente 13, y que sirve para financiar instituciones, programas y actividades específicas de No obstante, cada una de las asociaciones de Bomberos Voluntarios del país recibió un depósito de $ 1.060.369 que, comparado con el del año pasado, fue menor (lo percibido entonces fue $ 1.085.000). El desfinanciamiento se torna más visible si se tienen en cuenta las estimaciones de inflación proyectadas para el 2018. Así, estas instituciones deberían recibir alrededor de un 30 por ciento más, lo que llevaría esa cifra a $ 1,600.000 para cada cuartel. Alarmados por el escenario que se avecina, desde Para apoyar su postura, desde la misma asociación, y luego de elevar el reclamo correspondiente al Ministerio de Seguridad y a gran parte de los legisladores nacionales y provinciales, en el mes de enero se inició una acción judicial que logró obtener una medida cautelar favorable en el tema, y en mayo se reiteró el pedido por vía administrativa, sin obtener aún respuesta alguna. Si bien, hasta diciembre, el Estado nacional tiene tiempo de ampliar la partida y pa-gar lo que correspondería a cada entidad, lo cierto es que el panorama se proyecta negro. Para colmo, Nación toda-vía adeuda un remanente de plata que corresponde al 2017. No es un monto menor: son $ 147.396.107 que fueron solicitados oportunamente en noviembre de 2017, con una reiteración en mayo de 2018, y que ahora mutaron en un nuevo reclamo judicial. La reacción del Gobierno es la misma: indiferencia. Fuentes vinculadas a En torno al recorte del 2018, en paralelo al reclamo judicial, los bomberos se movilizaron hasta el Congreso Nacional para sostener reuniones con los legisladores, que se comprometieron a tomar cartas en el asunto. Pero lo que más asusta a los cuarteles, aun así, no es el desfinanciamiento actual, sino una información que obtuvieron en el último tiempo, y que indica un futuro nuevo recorte. Según señalan desde |