La exPresidenta sostiene que esa palabra, referida a la nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones, no eran propiedad de las AFJP. Y advirtió que podría traer consecuencias jurídicas y económicas para nuestro país.

A través de un proyecto de ley presentado en el Congreso, la senadora nacional Cristina Kirchner solicitó que se anule del Memorándum de Entendimiento Técnico con el FMI la definición de "incautación", referida a la recuperación y nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones, cuya administración estaba en manos privadas y no eran de propiedad de las empresas administradoras.

La ex presidenta advirtió que la expresión "incautados en 2008", que el gobierno de Mauricio Macri incluyó para definir a los fondos de jubilaciones y pensiones que administraban las AFJP "es una afirmación falsa" y "merece ser suprimida de manera urgente ante las posibles consecuencias gravosas que la misma puede acarrear para nuestro país".

"Aun teniendo en cuenta que el acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI debe ser debatido en el ámbito del Congreso de la Nación, de conformidad con lo prescripto en el artículo 75 de la Constitución, la gravedad de la situación hace necesario y urgente el tratamiento de este proyecto de ley", asegura.

En el texto del proyecto, CFK añade que "según la Real Academia Española, el término incautar tiene dos acepciones: privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa y el más directo: apoderarse ilegítimamente de algo".

"Es por ello que, las palabras utilizadas por los funcionarios de este gobierno, que esperamos constituyan un lamentable error, no pueden pasar inadvertidas", afirma el texto presentado por la legisladora.

El proyecto firmado por Cristina explica que "la Ley N° 26.425, al unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público (SIPA), resolvió la recuperación y nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones cuya administración estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas administradoras".

"La situación no merece mayor análisis", agrega, para afirmar luego que "sostener ahora, que esa medida adoptada por este Congreso Nacional, pudo haber sido una 'incautación' de bienes propios de las AFJP, decretada por el Estado Argentino, podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos ilegítimos, que recaerán nuevamente sobre las espaldas de todo el pueblo argentino".

Como ejemplo, cita la demanda que existe contra nuestro país en CIADI por parte de la empresa estadounidense Metlife, que sostiene precisamente el término que los funcionarios incorporaron en la carta de intención cuestionada, concluyendo que "si a ello le sumamos que el actual titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS), Juan Martín Monge, haya sido el CEO de la empresa demandante (Metlife) hasta diciembre de 2016 la necesidad de la sanción de la presente se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran corresponder".

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