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Martes, 30 abril 2024
DIPUTADOS
24 de mayo de 2018

El mapa judicial será el protagonista, mientras un ministro de Vidal puede quedar complicado

Después de cuatro reuniones de comisión, el proyecto del Ejecutivo se debatirá en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia. Los votos están y sería un trámite. La oposición, buscará que Gabriel Sánchez Zinny de explicaciones por el cierre de los CAJ y CAI, además del traspaso de los Centros de Formación Profesional al ministerio de Trabajo.

El mapa judicial será el protagonista, mientras un ministro de Vidal puede quedar complicado - La Tecla

Este jueves, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionará para dar el primer paso al nuevo mapa judicial bonaerense. Si bien se presumía que sería una sesión tranquila, lo cierto es que sobre las últimas horas comenzó a circular el rumor del ingreso de pedido de informes a un ministro de María Eugenia Vidal.

Se trata de Gabriel Sánchez Zinny, titular de Educación, que será el centro de las críticas del bloque de Unidad Ciudadana, quienes buscarán que en labor parlamentaria se apruebe un pedido de informe.

La medida del kirchnerismo será presentada para que el funcionario bonaerense de explicaciones por el traspaso de los Centros de Formación Profesional a la órbita del ministerio de Trabajo. Además, le cuestionan el fin de los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ).

Claro está, para avanzar con su deseo el sector mayoritario de la oposición tiene que negociar con los bloques opositores restantes. Si bien no aseguran lograr que el pedido de informe ingrese al recinto, esperan que prime la “lógica y que los que también se quejaron por las fallas en Educación acompañen”.

De esa manera, buscan que los diferentes bloques peronistas y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que expresaron su preocupación por los cierres de los diferentes centros educativos, mantengan su postura y acompañen el pedido.

Ya fuera de la rosca política de la oposición para buscar dar un golpe al gobierno provincial, se buscará avanzar en la aprobación del proyecto de ley de mapa judicial, una de las partes de la amplia reforma en el sistema de Justicia bonaerense que impulsa el Ejecutivo.

Con el objetivo medular de avanzar en nueva estructura del Poder Judicial bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal promueve esta iniciativa dirigida a la creación de juzgados y cargos en tribunales y fiscalías.

Conforme a lo expresado desde calle 6, muchas de las creaciones de juzgados, tribunales, cargos en el Ministerio Público y hasta departamentos "carecieron de sentido práctico o vínculo con necesidades reales o posibilidades presupuestarias". En ese sentido, ahora se busca reordenar el mapa.

Vale recordar que el cambio en el Mapa Judicial, junto con la variable en los Jurys de Enjuiciamiento de Magistrados, había sido enviado por Vidal para tratarse sobre tablas sin paso por comisión en la primera sesión ordinaria del año. Allí, la oposición en unidad rechazó su ingreso y obligó a la Gobernadora a que el proyecto pase por comisión para ser consensuado por todas las fuerzas.

Ahora, después de cuatro reuniones de debate, la iniciativa cuenta con el visto bueno de las comisiones que trabajaron en conjunto para darles despacho, y llega consensuado al recinto.

Igualmente eso no será todo. A su vez, la sesión servirá para darle ingreso al proyecto por el cual se reducen impuestos en las tarifas de luz y agua, que ya cuenta con la aprobación del Senado y tiene el visto bueno del oficialismo pero no de la oposición.

Por ello pasará a comisión para ser tratado en el futuro cuando se consiga el consenso que permita avanzar pese al rechazo de los intendentes. En este punto, desde el kirchnerismo quieren marcarle la cancha al bloque del Partido Justicialista, el espacio de los intendentes, para que no sean funcionales a Cambiemos y nuevamente voten unidos.

También tomará estado parlamentario el proyecto de adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que está vigente desde 2005 pero fue modificada en diciembre, y obliga a las provincias a adherir para cumplir las metas fiscales que la propia norma dicta.

El Ejecutivo acaba de mandar a Diputados el proyecto, que deberá estar aprobado antes del 30 de junio, que es el plazo final para la adhesión de las provincias.  Esta normativa no tiene relación con el Pacto Fiscal provincial que se votó en diciembre pasado, y que impone condiciones para los municipios.

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