Jorge Fernández y otros tres exfuncionarios del municipio continuarán en la Unidad Penitenciaria 13 de Junín. Todos ellos, detenidos desde febrero pasado, están imputados por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita.

La Justicia negó la prisión domiciliaria al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández

La Jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese negó la prisión domiciliaria al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, detenido en la Unidad Penitenciaria 13 de Junín desde el mes de febrero pasado.

Fernández está privado de su libertad luego de ser procesado por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación o adulteración ideológica de documentos y uso de documento falso o adulterado, en concurso real con el de asociación ilícita.

La prisión preventiva del ex jefe comunal fue dictada tras la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial juninense, que confirmó la resolución de primer instancia, asegura el sitio Cuarto Político.

La medida alcanzó, además, a tres exfuncionarios que están detenidos por la misma causa: Walter Fernández, ex contador general del municipio; Mario Ruiz, exsecretario de Gobierno y Marcelo Porto, ex tesorero.

La prisión preventiva contra Fernández y los demás imputados fue dictada el 28 de febrero pasado por la jueza de Garantías 2 del Departamento Judicial Junín doctora Marisa Muñoz.

Todos ellos fueron detenidos el 24 de enero pasado, junto a una actual empleada del municipio, Silvia Mazaitis, quien fue liberada luego de declarar, aunque afronta un sumario administrativo por parte de la administración actual, que encabeza Salvador Serenal, de Cambiemos.

Fernández, detenido en General Pinto, está acusado de 39 hechos a partir de un informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, por maniobras que consistían en "la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros), se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales”.

El Tribunal de Cuentas dejó al descubierto, entre otras cosas, la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP.

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