El mismo día en que se conocía una dictamen que beneficia a la cadena de la que es accionista el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, los ediles de Chascomús votaban por unanimidad rechazar el desembarco de la cadena en la Provincia.

Mientras la Procuración apoyaba a Farmacity, concejales de Cambiemos le votaban en contra

La pretensión de la cadena Farmacity de instalarse en la provincia de Buenos Aires recibió un considerable respaldo luego del dictamente de la Procuración General de la Nación que contradice cuatro fallos de la justicia bonarense.

Allí, los procuradores fiscales Eduardo Casal y Laura Monti recomendaron (es no vinculante) hacer lugar al recurso de queja presentado a la Corte Suprema por la "farmashoping".

El dictamenten se dio a conocer, curiosamente, el mismo día en el que el Concejo Deliberante de Chascomús, como sucedió en otras localidades y de las que dio cuenta La Tecla.info, se manifestaba por la no vulnerabilidad de la Ley 10.606 con el apoyo de los ediles de Cambiemos. Por ende, en contra del ingreso de Farmacity a la provincia de Buenos Aires.

Además, los concejales solicitaron, también con voto unánime, al Colegio de Farmacéuticos la posibilidad de brindar soluciones a barrios que hoy carecen de ese servicio de salud.

“Desde Chascomús, seguiremos apoyando las acciones de Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) a nivel provincial y luchando para que la Corte Suprema de la Nación haga justicia y demuestre que puede mantener su independencia frente a las presiones políticas del poder de turno, y a favor de la salud pública y las farmacias de barrio”, aseguró Luis Ferrari, presidente del Colegio de Farmacéuticos local.

El mencionado artículo 10.606 establece que las farmacias de la provincia de Buenos Aires sólo pueden ser sociedades de responsabilidad limitada (SRL), empresas unipersonales, o mutuales, pero en ningún caso una Sociedad Anónima, con el objetivo de garantizar que se rijan por los principios de servicio público y no como un comercio, que es el espíritu de esta ley. La normativa establece, además, que las farmacias deben estar racionalmente distribuidas en el territorio provincial para garantizar el acceso a los medicamentos a toda la población, no sólo los grandes centros urbanos donde la dispensación de medicamentos puede ser una actividad lucrativa.

El dictamen de la Procuración General de la Nación salió dos días después de que Mario Quintana, vicejefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri y accionista de Farmacity, de la que supo ser CEO, anunciara que iba a desprenderse del 3% de las acciones que todavía conserva en Farmacity.

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