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El Procurador interino Eduardo Casal tomó así postura en una causa en la que tiene que expedirse
El marco regulatorio actual, la ley 10.606, no contempla la posibilidad de instalar una farmacia a sociedades anónimas. Ese es el eje del debate que ya acumula varios años en el Poder Judicial bonaerense, tres sentencias en contra para la empresa.
Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete, fue, hasta fines de 2015, CEO del Grupo Pegasus, que controla Farmacity. La empresa inició la batalla legal contra la negativa de la provincia de Buenos Aires mientras él estuvo al frente de la compañía. El Colegio de Farmaceúticos siempre denunció una mano del poder detrás de la reactivación de la causa, luego que el macrismo llegara al poder.
Desde el Colegio de Farmaceúticos bonaerenses adelantaron a La Tecla.info su repudio al dictámen de Casal a la par que señalaron que sus asesores legales están abocados a su estudio.
El eje del debate que deja afuera pasa por el artículo 14 en el que las sociedades anónimas, como Farmacity, no están contempladas. La oposición pelea en un proyecto, trabado en comisión, para declarar que ese artículo es “taxativo”.
“Considero, por lo tanto, que el art. 14 de la ley 10.606 resulta inconstitucional, pues aun cuando se refiere a la autorización para instalar o enajenar farmacias, en rigor de verdad avanza sobre la regulación de lo concerniente a su titularidad -materia que, como se indicó, es de exclusiva competencia del Congreso de
La empresa argumenta su postura en el decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2284, firmado en 1991 por Carlos Menem. Ratificado por ley 24.307, la norma establece en su artículo 13 que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización”. Esa prescripción choca con la legislación bonaerense, observada por Casal.
“(…) orresponde recordar que el legislador nacional, en uso de aquella prerrogativa, ha regulado lo referente a la propiedad de las farmacias en el arto13 del decreto 2284/91 (ratificado mediante ley 24.307, arto 29), cuya aplicación ha solicitado Farmacity S.A. desde su primera presentación en el proceso. Esta norma, con el fin de "abaratar los precios de venta al público" (ver considerandos del decreto 2284/91), procedió a desregular lo concerniente a la propiedad de establecimientos farmacéuticos, permitiendo que cualquier persona física (hoy humana) o jurídica pueda ser titular de ellos. A diferencia de lo que sostuvo el tribunal apelado, entiendo que este precepto posee vigencia y plena operatividad en todo el territorio de
La polémica no tardó en aparecer. El diputado provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, repudió el fallo y afirmó que “una vez más, sin ponerse colorados, Mauricio Macri y Mario Quintana usan la política para hacer negocios”.
“El visto bueno de
Desde el bloque de Unidad Ciudadana también se manifestaron en contra del escrito de Casal y señalaron que "violenta claramente" la legislación provincial "y es un nuevo atropello contra los bonaerenses". "Con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías al territorio bonaerense, permitiéndole al amigo del presidente Mauricio Macri y actual vicejefe de Gabinete expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país. Esta decisión le asegura un negocio de ganancias multimillonarias", afirmó el espacio.
Con la polémica abierta, Quintana anunció días atrás que venderá su participación en la empresa Farmacity para evitar "evitar un eventual conflicto de interés".
"Fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todo negocio que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity", dijo a