“Ramal que para, ramal que cierra”, dijo en 1989 el por entonces presidente de la Nación, Carlos Menem. Casi 30 años después, la tristemente célebre frase parece reversionarse en los peajes.
Es que Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional, decidió reacomodar todo el dibujo de las concesionarias viales bajo la modalidad del pro-yecto de Participación Público-Privada (PPP), y la decisión afectó directamente al peaje ubicado en el Km. 301 de la ruta 188. Allí trabajan 40 empleados y jefes de familia oriundos de Florentino Ameghino, cuyas fuentes laborales tienen fecha de vencimiento: el sábado 21 de abril del 2018.
El argumento esbozado por parte de Vialidad Nacional es que en las mediciones registradas por el sistema de Tránsito Diario Medio Anual Equivalente (TDMAE) no se alcanza el mínimo de los 5.000 autos por día, que es la frecuencia que determina si un puesto de peaje puede sustentarse por sí solo.
Dentro de este contexto, todas las miradas apuntaron contra el intendente local, Calixto Tellechea (Cambiemos), a quien los trabajadores y referentes de la oposición le reclaman que defienda las fuentes de trabajo con uñas y dientes; pero -según pudo saber La Tecla- la postura adoptada por la gestión local es de una pasividad absoluta.
Es que, desde el momento en que la noticia del inminente cierre se confirmó, apenas una sola vez el mandamás oficialista recibió a los empleados del peaje.
Dicha reunión se realizó a fines de enero, y la respuesta brindada por Tellechea no conformó a los damnificados. “Fuimos al Municipio para ver si nos podían dar alguna solución, pero no nos brindaron ninguna. El intendente nos dijo que iba a trabajar codo a codo con nosotros, pero a la semana, en los medios lo-cales, aseguró que estaba bien que se cierre, y sostuvo que no podía hacer nada”, apuntó Jorge Puertas, encargado del peaje.
En el mismo sentido, el referente del GEN, César Gugliermo, también fue crítico de este comportamiento. Dijo: “Lamentablemente, Tellechea partidizó inconscientemente la situación. Prefirió mediatizar una reunión y no movió un solo dedo. Más allá que sabemos que los peajes no son de jurisdicción municipal, bien podría haber tomado la iniciativa poniéndose en el lugar de cada trabajador y llevando el conflicto a niveles superiores, pero priorizó quedar bien con sus jefes”.
En la misma línea, el edil del peronismo, Gerardo Berchi, también cargó las tintas contra el comportamiento del mandamás ameghinense. “Cuando recién comenzó a correr el rumor dijimos que se iba a cerrar e hicimos una presentación en el Concejo Deliberante. Tellechea tiene que ver que es su espacio político el que está tomando esta determinación, por lo menos debería sentarse para tratar de interferir en ella o, caso contrario, ocuparse de los 40 empleados que quedan en la calle, pero hay una inercia absoluta”, sentenció.
Por fuera de la postura adoptada por el Ejecutivo municipal, el lado B del conflicto deja al descubierto un impacto social en el corto plazo para la economía local, que perderá una importante inyección monetaria. Con un promedio de sueldo que va de los 25.000 a los 30.000 pesos mensuales, la cifra, si se multiplica por 40, que es la cantidad de empleados que contiene el peaje, equivale a $1.200.000 mensuales, y $14.400.000 anuales, poco más del 5% del presupuesto municipal.
Para muestra basta un botón: el colegio semiprivado que funciona dentro de la ciudad ya vio reducida su matrícula en 30 alumnos. Algo similar se replicará en otros rubros, indefectiblemente: los policías locales percibirán menos horas extras, porque dejarán de ha-cer guardias en las cabinas de cobro; y los remises verán reducidos sus viajes, porque ya no llevarán a los empleados hasta sus puestos de trabajo. |
