El 2017 se cierra con una Legislatura a la medida del oficialismo: quórum propio en el Senado y
primera minoría en Diputados. Con todos los acuerdos al día, y el respaldo del bloque de intendentes peronistas en la Cámara Baja, Cambiemos logró aprobar sin problemas todas las iniciativas de último momento. Sin ir más lejos, esta semana convirtió en ley la adhesión al Pacto Fiscal con la única oposición de las bancadas de Unidad Ciudadana y el FIT.
De cara al 2018, fuentes oficiales confirmaron qué temas quedaron pendientes y piensan destrabar con todos los números a su favor.
Entre ellos, el primero que mencionan es el proyecto AUBASA S.A (Autopistas de Buenos Aires) que el Ejecutivo giró a la Legislatura con el objetivo de "optimizar la utilización de los recursos de la Provincia en beneficio de las condiciones de mantenimiento y ampliación del sistema vial".
Según trascendió, se trata de cambios en el Estatuto de AUBASA para modificar su régimen impositivo a partir de los cuales "se considerará como onerosas las concesiones de obra pública por peaje otorgadas o que se otorguen a futuro a la empresa Autopistas de Buenos Aires SociEdad Anónima (AUBASA)".
Otro punto fundamental en el que se va a enfocar Cambiemos es en la reforma de la Ley de Obra Públicas, que está hace tiempo trabada en la Cámara Baja. El texto del anteproyecto, que fue presentado en mayo de 2016, fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación. De sancionarse, reemplazaría a la ley 6.021 sancionada y reglamentada en 1959.
La norma propone modificaciones de fondo en el actual sistema con dos objetivos centrales. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible.
El segundo gran objetivo que persigue el anteproyecto que empuja Vidal es introducir un cambio sustancial en el esquema de financiamiento de las obras públicas: habilitar la posibilidad de que los privados acerquen un esquema de financiamiento propio, es decir, de esta forma, una empresa constructora podrá gestionar créditos, por ejemplo de organismos internacionales, para cubrir los costos de las obras.
En tanto que el proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio bonaerense -que administra el Instituto de Previsión Social (IPS)- que busca armonizarlo con el sistema nacional de ANSES, habría quedado en suspenso. Desde el oficialismo, se amparan en la negativa del ministro de Economía. Con pocas definiciones al respecto, habría quedado frenado hasta nuevo aviso.