Política Provincial
6 de octubre de 2017
DISPUTA
La puja política por las fiscalías de género
La pelea por instalar unidades de investigaciones especializadas contra la violencia de género desnudó la guerra fría que existe entre el oficialismo y la oposición. El procurador de la Provincia, Julio Conte Grand, en el centro de los cuestionamientos.
La negativa del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, a un proyecto de la senadora bonaerense Mónica Macha (FpV-PJ) que tenía como fin crear fiscalías especializadas en violencia de género en todos los departamentos judiciales del territorio bonaerenses, coló en la agenda preelectoral.
La diferencia de miradas entre oficialismo y oposición en la forma de abarcar este flagelo evidenció algo más que dos formas distintas de concebir un mismo problema, ya que dejó al descubierto la guerra fría que subyace detrás de la discusión central: quién capitaliza y lidera políticamente la lucha contra la violencia de género en la Provincia.
La discordia se inició en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial, que preside la legisladora de Cambiemos Nidia Moirano, donde descansaba -desde noviembre del año pasado- el proyecto enviado por la bancada kirchnerista para crear las unidades de investigación. El pressing de asociaciones feministas vinculadas a la redacción de la iniciativa y de diversos operadores judiciales obligó a Moirano a desempolvar el expediente y pedirle a Conte Grand que se pronuncie y emita su opinión. Pero la respuesta del jefe de los fiscales no dejó conforme a la oposición y sólo avivó la polémica.
En el informe de 16 páginas que firma el funcionario no hace falta llegar hasta el punto final para advertir la intención del gobierno de ser, mediante la Procuración, el que defina dónde deben estar esas fiscalías. “Estimo oportuno revindicar las facultades del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires -emanadas de la Consti-tución provincial- a los fines de definir la política criminal en el diseño institucional de la Provincia y, en su consecuencia, decidir respecto de la estructura operativa y unidades funcionales idóneas para cumplir con los objetivos determinados”, reza el párrafo en cuestión.
La respuesta generó malestar en el bloque kirchnerista, no sólo por contradecir sus intenciones, sino también porque consideran que el Procurador faltó a su palabra. Fuentes vinculadas a la bancada del Frente para la Victoria confirmaron a La Tecla que en una reunión mantenida entre Macha y Conte Grand, éste se había comprometido a trabajar en conjunto la iniciativa, pero luego se desayunaron con su opinión en el informe, donde resolvió unilateralmente no avanzar con el proyecto.
Otro de los aspectos en los que encontraron contradicción fue en la obstrucción para que el Poder Legislativo se meta en la regulación de las fiscalías; y le recordaron a Conte Grand que la cámara ya creó unidades especializadas en violencia institucional y fiscalías especializadas en violencia en el deporte. “Con esta postura, pretendidamente exclusiva del Procurador, quedaría sin control interpoderes, y sujeta a las definiciones discrecionales de cada gestión al frente del Ministerio Público, la existencia o no de fiscalías especializadas en violencia de género en cada departamento judicial”, señaló la legisladora del FpV-PJ Mónica Macha en respuesta a Conte Grand.
Por fuera de los alcances y limitaciones que tanto la estructura legislativa como la judicial pretenden imponerse, la puja entre oficialismo y oposición dejó al descubierto que la lucha contra la violencia de género no escapa a las arbitrariedades políticas. En el medio, los datos fríos son alarmantes: el último informe del Observatorio de Violencia de Género dio cuenta de que cada cuatro días, en la provincia de Buenos Aires una mujer es asesinada.