Los casos de juicios millonarios a las municipalidades de Daireaux y Chascomús abrieron el debate sobre la cantidad de de-mandas que cada distrito tiene archivadas. Por fuera de ambas situaciones concretas, todo edificio municipal bonaerense tiene, mal que le pese, un cuartito donde se apilan expedientes de juicios contra la municipalidad.
Los mismos se van pasando de gestión en gestión, conforme los tiempos legales así lo permitan. De este modo, un intendente que asume, además de heredar bondades y vicios del Ejecutivo saliente, adquiere demandas que no generó pero que debe pagar.
No es una situación única e irrepetible. Le pasa al gobierno entrante y le pasará también al gobierno que lo reemplace. Es que quienes encabezan la Secretaría Legal y Técnica de cualquier gestión echan mano a la vieja receta de la apelación y la causa se estira como chicle hasta que se agotan las instancias. Allí, entonces, al municipio no le queda otra que asumir los costos.
La mayor parte de los juicios al primer fusible del Estado provienen de demandas laborales, lesiones de trabajo del propio personal a cargo y de la responsabilidad que la gestión local tiene por distintos accidentes de tránsito con los vehículos oficiales.
No obstante, aquellos distritos con hospitales bajo su órbita son los que más expuestos están, ya que cualquier detalle que no sea tenido en cuenta puede derivar en juicios millonarios por mala praxis. El caso más reciente es Daireaux, pero también gestiones como la de Tandil y San Isidro sufrieron demandas de este tipo.
A estos ejemplos pueden sumarse las ciudades en cuyas competencias públicas entra la prestación de servicios. La base argumentativa por la que un particular puede iniciarle juicio al Estado es variada, pero para estos casos se basan en un principio: es esa misma persona la que, al abonar los impuestos, le paga al municipio para que cumpla con un servicio de manera óptima. Si no lo hace, cabe el juicio.
También existen otras situaciones que se prestan a la demanda, y es cuando los municipios son “responsables solidarios”. Esa figura puede aplicarse en varios casos: desde cuando un ciudadano consume un producto en mal estado y falla el control municipal hasta cuando sucede una tragedia en cualquier evento deportivo o espectáculo de cuya organización estaba a cargo la gestión local.
“La realidad es que el Estado está más expuesto a cometer errores porque está en todas partes, desde un barrio hasta una ruta. Y así como hay estudios jurídicos que se dedican a sociedades comerciales o familia, también hay bufetes especialistas en demandar al Estado”, aseguró, en diálogo con La Tecla, Esteban Molina, asesor Legal de la municipalidad de Carlos Tejedor.
En ese distrito, de acuerdo a las causas que pudo revisar, la gestión actual heredó
juicios que datan de la década del 80, aunque ninguno multimillonario. “El monto más grande por el que deberíamos responder es de seis millones”, aseveró Molina. Muy distinto de lo que sucede en Chascomús. Por fuera de la demanda millonaria que el municipio afronta, que ronda los 100 millones de pesos, existen cientos de causas que se apilan históricamente.
“Heredamos muchos juicios y no había un inventario de demandas cuando asumimos, así que todavía no hemos terminado de relevar la totalidad de causas que tenemos en contra”, sostuvo el secretario de Gobierno local, Cipriano Pérez del Cerro.
En términos numéricos detalló que los juicios significan para la Comuna “un pasivo contingente muy importante, de 250 millones de pesos”.
Como si esto fuera poco, una cuestión paralela que también incide en las economías de los distritos emerge detrás los juicios a los municipios. “Un hecho preocupante son las demandas por accidentes de trabajo, porque se inflan mucho los montos, y eso hace que las compañías de seguro por riesgos de trabajo (ART) tengan que hacer reservas muy grandes, generando una situación que después, indirectamente, repercute en los municipios porque aumenta la cuota que las compañías de seguro les cobran”, agregó el funcionario chascomunense. |
