Política Provincial
16 de febrero de 2016
CAUSA
Por el plan Qunita, procesaron a Aníbal, Manzur y Gollán
El juez federal Claudio Bonadio procesó a los funcionarios vinculados con la licitación del programa de reparto de kits para embarazadas Qunita del FpV. La respuesta de Aníbal Fernández
El juez federal Claudio Bonadio procesó a estos tres funcionarios kirchneristas y a otras 20 personas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Se trata del gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ex ministro de Salud, Daniel Gollán.
La causa fue a partir de una denuncia de la diputada porteña Graciela Ocaña. Para el juez Bonadio, la licitación fue dirigida por los funcionarios públicos para beneficiar con un millonario contrato a empresas que no tenían experiencia en negocios similares.
La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) fue la más favorecida con un contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita.
En La Plata había empresas fantasmas que funcionaban en locales extremadamente pequeños, sin capacidad para prestar servicios por 120 millones de dólares para la construcción de kits maternales.
Para esas compañías, que el año pasado declararon ganancias irrisorias, su ingreso al programa K significó un salto de hasta el 3.675% en sus balances. De ellas, cuatro contaban con domicilio fiscal en La Plata: Delta Obras y Proyectos S.A. (que recibió del Estado $29.991.000), Compañía Comercial Narciso SRL ($29.760.500), Grupo Diela S.R.L ($39.780.000) y Dromotech S.A. ($49.984.000). Excepto Diela, que se presentaba como una pequeña tienda de indumentaria deportiva en la calle 48, todas eran casas de familias, sin apariencia comercial ni identificación en su fachada.
Cabe recordar, que el 28 de enero pasado por el Secretario de Políticas de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, Eduardo Munín, y la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Dora Vilar de Saráchaga, del ministerio de Salud provincial, habían ordenado la suspensión del programa por considerarlo "inseguro".
Desde la cartera de Ortiz justificaron que “la suspensión de la distribución de las bolsas de dormir y las cunas se debe a que el INTI habría cuestionado la calidad de esos productos, con la gravedad de que ponen en riesgo la vida de los recién nacidos”.
Además de los presuntos delitos en la sospechosa licitación, los acusados deberían responder por la gravedad que significa haber privilegiado los negocios por sobre la vida de los recién nacidos.
En diálogo con Radio del Plata, el ex jefe de gabinete, indicó: "Si Bonadío cree que es necesario hacer el embargo está bien” y enfatizó: “no me preocupa, no me asusta".
Además, el kirchnerista explicó: "Yo quiero declarar porque no tengo por qué ocultar nada" y finalizó: "No tengo más remedio que confiar en la Justicia".
Más allá de esta causa, la situación judicial de Aníbal Fernández venía complicada por