Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Gobernadores peronistas acordaron una doble estrategia por el tema de la coparticipación: por un lado, apuestan a una "salida política" cuyo efecto prevén más inmediato y, por otro, activan la vía judicial como un camino de fondo.
El primer paso de la alternativa legal se concretará el miércoles, cuando los fiscales de Estado de las provincias se congreguen en el edificio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el centro porteño, publica La Nación
La intención es explorar el menú de opciones para accionar ante la Justicia con el objetivo de recuperar el 15% de fondos coparticipables que les descuentan desde hace más de 20 años, tomando como antecedente el fallo de la Corte que benefició a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Esos tres distritos, opositores durante la era K, litigaron durante ocho años para lograr la restitución y, en el caso de las dos últimas, también el correspondiente retroactivo.
La devolución había sido extendida al resto de las provincias por Cristina Kirchner a través de un decreto de necesidad y urgencia, a poco de dejar el poder. El "premio" nunca se ejecutó porque inmediatamente la jueza en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland dictó una medida cautelar. Allí se presentaron en grupo trece provincias del PJ para dar marcha atrás con el amparo al cuestionar la competencia de la magistrada.
Todo eso quedó en la nada cuando Mauricio Macri, hace dos semanas, derogó el decreto de la ex presidenta, que comprometía este año unos $ 80.000 millones extras.
Los gobernadores venían actuando sin una articulación clara hasta que el Presidente aumentó 168% el coeficiente de coparticipación de la Capital, cuna de Pro, y se abroquelaron para protestar en bloque. En el documento elaborado en San Juan, directamente advirtieron que recurrían a la Justicia si la Casa Rosada no accedía a su reclamo.
Anteayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, los endulzó con la convocatoria de una mesa técnica de trabajo para estudiar cambios en el reparto de los fondos y se comprometió a agilizar pagos retrasados de obras públicas. Como triunfo político, el PJ se llevó la corrección del decreto que favorecía a la administración porteña.
"Independientemente de la negociación, la vía judicial es una obligación. Lo hacemos en términos de políticas públicas que trascienden a una gestión", dijo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en declaraciones a Vorterix. Reflejó, así, una postura bastante extendida.
