Carlos Arroyo fue duramente cuestionado por el sindicato de trabajadores municipales y un grupo de activista tras la cesantía de 400 empleados y luego que apelara la decisión de un juez que beneficiaba el acceso a la playa pública.
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Son días difíciles para el flamante intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. La administración de la ciudad más importante de la costa bonaerense ya le trae reiterados dolores de cabeza al jefe comunal, tras la toma de decisiones muy cuestionadas.
En las últimas horas, el sindicato de empleados municipales marplatense denunció que el jefe comunal avanzó con la cesantía de 400 trabajadores, según publica el portal local 0223.
“Frente a las amenazas de despido que bajan del Ejecutivo, en reunión de delegados y comisión directiva decidimos realizar una campaña para concientizar a los compañeros de las diferentes áreas municipales. Hay que analizar y entender lo que ocurre para accionar si es necesario”, indicó a ese medio local el vocero del gremio, Luís María Muñoz.
Ante los reclamos gremiales, desde la comuna salieron a respaldar la decisión del Ejecutivo municipal. “No se ha decidido ningún despido hasta la fecha. No es despido, es la no prórroga de los contratos”, indicó al mismo portal, el secretario de Gobierno del municipio, Alejandro Vicente.
A la mayoría de los empleados afectados se les venció el contrato el 31 de diciembre pasado, y tanto el jefe comunal como el sindicato había acordado una prórroga de 30 días de trabajo para luego discutir los pasos a seguir.
A esto se suma la apelación del Municipio la decisión del juez Facundo Gómez Urso que obligaba a todos los balnearios a garantizar el acceso irrestricto a la playa. Ante esto, activistas que integran el Grupo Sombrilleada Zona Sur en Acción dijo que "es evidente que el gobierno de Carlos Arroyo se ha inclinado hacia el lado privado".
Conocida la apelación del ejecutivo, las distintas organizaciones que defienden los derechos al acceso a las playas públicas planean realizar una nueva sombrilleada en el Municipio la próxima semana.
"Nosotros estimábamos que con la medida tomada por el juez se iban a inspeccionar los balnearios y de allí se podían generar multas o la baja de las concesiones, pero si es el Municipio el que la apela, no nos queda otra que salir a pelear por nuestros derechos", aseguraron en defensa de las playas públicas.
