La persona que vio por última vez al fiscal Nisman para prestarle su arma calibre 22, parece estar cada día un poquito más complicado. Además de que se le prohibió la salida del país, y se le puso custodia contra su voluntad. Ahora trasciende que podría ser condenado por cesión ilegítima de arma, lo que se castiga con prisión de uno a seis años
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El dueño del arma con que Alberto Nisman apareció sin vida es uno de los actores más señalado en las últimas horas. En el día de ayer se prohibió la salida del país del informático, quien tiene el contrato más alto de la Unidad Fiscal AMIA. Según trascendió esto fue por desencuentros entre Lagamarsino y la fiscal Viviana Fein, la que no lo encontraba en su casa o en el teléfono suministrado a la magistrada.
De esta manera, los puestos migratorios ahora tienen la instrucción de no dejar salir a Lagomarsino. Asimismo, ayer, el jóven, enterado por la televisión de lo que estaba pasando, llamó a la fiscal. Dijo que estaba en la casa de un amigo y se ofreció a ir a la fiscalía.
Fuentes de la Defensoría General informaron que, estará representado por una defensora oficial. Además, quedó bajo protección de la Gendarmería, medida que se adoptó contra su voluntad. Lagomarsino no quería ningún tipo de custodia y pretendía irse a la costa atlántica, pero el Ministerio de Seguridad recomendó que se le asignaran una vigiliancia.
Su indagatoria parece inminente, pero todo lo que informó ayer la fiscal fue que se le había prohibido salir del país "a los efectos de tenerlo a derecho", y agregó: "Cualquiera sea su situación procesal". Es decir, sea testigo o acusado.
Cabe resaltar que el informático de 38 años podría ser condenado por el sólo hecho de haberle prestado su arma a Nisman. Podrían acusarlo del delito de cesión ilegítima de arma, que castiga con prisión de uno a seis años a quien "entregare un arma de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario".