Política Provincial
2 de septiembre de 2014
PROVINCIA
Confirman rescisión de convenio a massistas
El titular de Arba, Iván Budassi, ratificó la cancelación del convenio por la administración y cobro del impuesto a las embarcaciones en Tigre, San Fernando y San Isidro
La Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) confirmó la cancelación del convenio por el cual cedía a los Municipios de San Fernando, Tigre y San Isidro la administración y cobro del impuesto a las embarcaciones, debido a irregularidades y “falta de compromiso”.Desde los municipios piensan que la medida es política y no descartan tomar medidas judiciales.
El director de la Agencia Provincial, Iván Budassi, ratificó la decisión tras realizar nuevos operativos de control en las comunas massistas. “En el año 2005 habíamos firmado un convenio con los municipios por el cual se le delegaba el control de las embarcaciones y a cambio de ello se quedaban con el 50% de lo recaudado, la verdad que este sistema de delegación no funcionó por lo que se le comunicó a los municipios que este convenio se rescinde” dijo el funcionario, y agregó: “Hemos estado por la zona de islas, donde hay 43 embarcaderos o guarderías no registradas y así una gran cadena de incumplimientos” señaló.
El jueves 28 de agosto, el HCD de San Fernando realizó un pedido de informes sobre la rescisión del convenio. Al respecto, Budassi dijo que “el convenio tenía por parte de San Fernando, San Isidro y Tigre una obligación que es controlar la evasión, no quiero entrar en valoraciones pero es una cuestión objetiva, en San Fernando hay registradas 7900 embarcaciones y ya intimamos a más de 14 mil sin declarar”, además agregó, “por ejemplo en este embarcadero a 10 cuadras de la Municipalidad el 70% de las embarcaciones no están registradas”.
Por su parte, el intendente de San Fernando expresó: “Cuando se firmó el convenio, el Municipio recibió un padrón con menos de 2.500 embarcaciones y, con el arduo esfuerzo diario, conllevó que a fines del año 2013, contemos con más de 9.300. Es decir, un incremento de más del 270%”. Asimismo, en lo que respecta a los ingresos obtenidos a partir de la descentralización de este impuesto, afirmó: “Logramos elevar de $83.500 a $11.788.000; significa un incremento de más del 14.000%”.
Además, el jefe comunal indicó: “Esta medida tiene carácter político; el objetivo es castigar al que piensa diferente. No se respeta el federalismo, ni la autonomía de los municipios y eso que Scioli piensa que es un enviado de Dios. La decisión de rescindir unilateralmente el convenio sin fundamento lógico y razonable por Scioli, provoca e incita necesariamente el voluntarismo político. La denuncia del convenio por parte de la Provincia configura no sólo una injusticia, sino un retroceso en el proceso de descentralización iniciado hace una década por el gobierno provincial”, mencionó el Intendente Andreotti.
En este sentido, el titular de ARBA comentó: “No hay excusas ni cuestiones políticas, esto es eminentemente técnica y totalmente objetiva”. Sobre la decisión de no rescindir el convenio con el Municipio de Vicente López, el titular de ARBA explicó: “quizás a Vicente López el control le sea más fácil porque solo el 4% de las embarcaciones de la provincia están allí. Pero de hecho registra mucho menor grado de evasión y también mucha mejor predisposición a colaborar con Arba y la provincia de Buenos Aires”, y aclaró “si fuera una cuestión de ir contra la oposición, en Vicente López también gobierna la oposición, así que aquí no hay cuestiones políticas sino números, y lo valorado es lo que pasó que es una evasión no menor al 80% en Tigre, San Fernando y San Isidro” aclaró.
Luego de cruzar datos con AFIP y analizar las imágenes que aporta el programa de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado (MESI), la Agencia de Recaudación bonaerense detectó irregularidades en la situación fiscal de 25 mil yates y, en los próximos días, comenzará a intimar a sus propietarios para que los inscriban en la Provincia y cumplan con el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos, y por ese motivo la Agencia de Recaudación les reclama una deuda conjunta de $ 60 millones.