Política Provincial
23 de noviembre de 2013
EN EL PARQUE
El Rock de Macri con poca melodía
El deseo del gobierno porteño de contar con un escenario para mega recitales no transitó por los caminos normales. Desde la oposición plantean que la modificación del predio no pasó por la Legislatura, violando la Constitución. Además, sospecha de negocios privados con el alquiler del espacio. ¿Música para los oídos?
El cambio de la fisonomía de la Ciudad parece ser uno de los pilares fundamentales de la gestión de Mauricio Macri en la Capital Federal. La modificación de espacios estratégicos para levantar grandes emprendimientos o incorporar medios de transporte como el MetroBus, generan mucha adhesión por una parte, pero diversas críticas por otra, basadas en la alteración de los lugares públicos.
Ahora, un nuevo emprendimiento inaugurado a fines de septiembre abre una nueva polémica en CABA. Es que con la idea de realizar espectáculos musicales multitudinarios, inició reformas en el ex Parque de la Ciudad sin haberse aprobado en la Legislatura porteña. Bajo el nombre Buenos Aires Rock, el predio ubicado en Villa Soldati promete albergar 90.000 espectadores y una playa de estacionamiento para 10.000 autos.
Otro de los puntos fuertes en el que se centran las observaciones, es en el contrato firmado entre el gobierno porteño y la firma Siberia SA, encargada de realizar el show musical Quilmes Rock. Según el convenio, la empresa se compromete a pagarle a la administración porteña una suma de 180 mil pesos a cambio de la explotación de los 160 mil metros cuadrados del predio. Desde la Defensoría del Pueblo aludieron a que dicho monto es irrisorio teniendo como parámetro la ganancia posterior. Además, la misma firma le pidió por el mismo espectáculo al Club River Plate, 300.000 dólares.
“Se gastaron millones de pesos en arreglar el Parque, sacaron una serie de estructuras que estaban protegidas, no tenían permiso para hacerlo y tenían que haber pasado por la Legislatura. Y lo segundo es hacer semejante inversión para favorecer a empresas privadas como Siberia SA. Es evidente que Macri sigue usando los espacios públicos para el sector privado”, afirmó a Desafío Económico Alejandro Bodart, legislador porteño del MST.
Por otro lado, la Defensora Adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, y la Organización por la Conservación del Parque de la Ciudad (OCPC) presentaron un amparo en relación a la realización del festival Quilmes Rock, debido a la violación del artículo 89 de la Constitución de la Ciudad que establece cómo se debe operar en la modificación del espacio.
Estos son los dos frentes que se le critican al Jefe de Gobierno: por un lado, el no tratamiento de las modificaciones en la Legislatura y, por el otro, el posible negociado con empresas privadas.
La historia del predio
Ubicado en una zona carenciada de la Capital Federal, Ciudad Rock fue ideado tres años atrás por el gobierno porteño con la idea de ser sede del Rock in Río, un megaevento musical que reúne a cantantes de primer nivel internacional. Para ello, Macri viajó a Río de Janeiro a presenciarlo y, según cuentan, quedó maravillado con la propuesta.
Debido a esto, la negociación entre la Ciudad y la firma organizadora, Dream Factory Comunicacao, se selló en 2012 y garantizaba las tres ediciones del Rock in Río Buenos Aires de 2013, 2015 y 2017. Mientras la empresa se encargaba de montar los escenarios y contratar bandas; plantar árboles, destinar parte de lo recaudado en entradas a proyectos sociales y buscar sponsors privados; la Ciudad debía proporcionar puntos de publicidad para el festival, adecuar el área mediante la construcción y adecuación a la infraestructura necesaria, ofrecer un playón para al menos 10 mil vehículos, no utilizar ese “espacio a construir” ningún espectáculo similar a Rock in Río y ceder un área mínima de 160.000 m2 en el Parque, que se denominará Ciudad del Rock-Buenos Aires.
Sin embargo, el festival nunca llegó. A mediados de 2012, Rock in Río anunció que posponía la edición de Buenos Aires hasta 2014 debido a “cuestiones relacionadas con el período necesario para asegurar la excelencia de la producción y de los contenidos del evento”. Pero otras fuentes señalan que el tipo de cambio y las ganancias que dejaría el festival no entusiasmaron a los organizadores.
Por este motivo fue que el gobierno de la Ciudad decidió alquilar este predio a distintas empresas para que realicen allí sus espectáculos musicales, en un espacio que ya requirió el gasto de cerca de 70 millones de pesos.
Y es a partir de aquí donde comienzan a surgir los primeros cuestionamientos: primero, que las obras llevadas a cabo por el gobierno en el Parque de la Ciudad no fueron discutidas ni puestas en debate en la Legislatura. Y segundo, que el monto que tiene que pagar la empresa Siberia SA para la organización del Quilmes Rock es irrisorio: según calculan, la firma embolsará cerca de $ 22,5 millones, pagando sólo un canon de 180 mil pesos.
Mientras el oficialismo celebra la inauguración del predio, su puesta en funcionamiento parece no acusar recibo del no tratamiento de las obras en la Legislatura, parte de la oposición espera que la Justicia tenga en cuenta el amparo presentado y que se cumpla con lo que dice la ley. Por ahora, en el ex Parque, la música suena desafinada.
Presentaron un amparo ante la Justicia
La Organización por la Conservación del Parque de la Ciudad (OCPC) en colaboración con la Defensora del Pueblo Adjunta, Graciela Muñiz, presentaron un amparo ante la Justicia solicitando que se declare la nulidad del convenio firmado entre el gobierno de la Ciudad y la firma Dream Factory Comunicacao e Eventos Ltda., por vulnerar los Art. 89 y 90 de la Constitución de la CABA, al disponer el Ejecutivo por encima de sus atribuciones de un espacio del dominio público de la Ciudad sin el debido tratamiento legislativo bajo el procedimiento de doble lectura.
Este acuerdo establecía la cesión del espacio público en forma totalmente gratuita para un evento privado y realizando todas las adecuaciones necesarias del predio a expensas del erario público. Uno de los que adhirió al amparo fue el legislador porteño Alejandro Bodart (MST) quien consideró que “con el afán de otorgar a un privado la posibilidad de la realización de un festival en un predio de la Ciudad de Buenos Aires sin que sean claras las condiciones a favor de la Ciudad, el Gobierno favorece a empresarios, otorgándoles la posibilidad de utilizar un predio sin contraprestación alguna violando la Constitución local y avasalla el patrimonio cultural declarado por la Legislatura porteña”.
“No es el gobierno el que tiene que decidir”
-¿Cómo seguirá el tema?
-Vamos a seguir insistiendo en que los lugares públicos tienen que ser para el conjunto de los porteños y no para la actividad privada. Usamos las herramientas que tenemos para intentar frenarlo. Tenemos menos de dos espacios verdes por habitante, cuando tendríamos que tener 12. Los tipos no se frenan ante nada.
-¿Los espacios eran irrecuperables?
-Se los había dejado caer con el objetivo de hacer lo que se hizo. Acá ha habido una política de muchos años para hacer eso. La ley dice que todo esto tenía que haber pasado por la Legislatura y haber decidido qué teníamos que hacer con eso. Pero el macrismo, como sabe que abre la discusión y se le pone límites, directamente avasalla la Legislatura, avanza y después hay que discutir sobre el hecho consumado. No es el Gobierno el que tiene que decidir y menos transformando un tercio del Parque en un lugar de negocio.
-¿Han hablado con gente del PRO?
-No vale la pena. Ellos están en una actitud de avasallar y seguir adelante con todo, no podés ni dialogar con ellos. Acá el problema central es la oposición: el macrismo no tiene mayoría pero siempre consigue que algún sector de la oposición le dé un voto. Los tipos se dan el lujo de hacer lo que quieren.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 65 DE DESAFIO ECONOMICO