Política Provincial
3 de octubre de 2013
LA GESTIóN DEL TANO
IOMA: estafas crónicas
La Scaleia tiembla y teme por su talón de Aquiles, la internación domiciliaria. Sigue en su cargo, luego del escándalo con los medicamentos oncológicos y los tres funcionarios que estuvieron presos. De directivos millonarios y pacientes pobres
Sonriente y ampuloso se paseaba con el flamante ambo Dolce Gabbana por los pasillos de IOMA. Siempre ropa importada, auto alemán, para no ser menos, y más que una historia de sus andanzas para narrar ante quien quisiera escucharlo: fichas varias en la suntuosidad de Las Vegas, “Maravilla” Martínez en USA o su bucólico descanso autóctono, en el reparador chalé de Mar de las Pampas.
Marcelo Piergiácomi, de él se trata, se jactaba de ser un hombre exitoso. En términos económicos, se ve, lo era. Como simple empleado de IOMA cimentó una probable fortuna, y hasta intentó ser presidente de su club, Estudiantes de La Plata, en las elecciones de 2011. Salió segundo de tres.
Ya suena raro: simple funcionario de una dependencia pública (subdirector del área de Farmacia) con tiempo, disponibilidad y contactos para manejar uno de los clubes más importantes del país, cuyo cargo no es rentado. ¿Cómo haría para cumplir con la jornada laboral en IOMA y presidir Estudiantes?
Hoy esto parece una anécdota, claro que sí, pero pinta de cuerpo entero a la piedra angular de un negocio posiblemente millonario en desmedro de los afiliados de la obra social. Piergiácomi, desde su atiborrada oficina del tercer piso de la sede de calle 46, digitó una verdadera organización vinculada con los medicamentos, las farmacias y, posiblemente, el mercado ilegal. Esto, al menos, especula la Justicia. Por eso estuvo preso más de cuatro semanas.
Tanto en IOMA como en la industria de la salud se cree que Piergiácomi no actuaba solo. Obvio que no. El fiscal piensa lo mismo. De hecho, está procesado por asociación ilícita. El tema es hasta dónde llegaba su maquinaria de estafar al fisco, de desviar fondos en beneficio propio y/o de amigos/cómplices. La pregunta del millón es si el titular del instituto, el doctor Antonio La Scaleia, participaba o no de la misma. Parece ingenuo inferir que el presidente no supiera nada, cuando se estima que el delito comenzó a tipificarse en 2007. El “Tano” conoce a Piergiácomi como el capitán a su barco.
Y si no era conocedor de todas estas maniobras que hoy investiga la Justicia, la pregunta es aún más obvia: ¿Le robaron a sus espaldas y no se dio cuenta? ¿Así custodia el dinero de todos los afiliados de IOMA? En este caso, por negligencia -de mínima- debería haber renunciado. Pero no, sigue en su cargo. ¿Por qué? En los pasillos de la obra social no creen en la versión oficial, ni en el desconocimiento que dice tener el presidente de la institucion.
Qué sucedió en IOMA
Piergiácomi trabajaba codo a codo con el oncólogo Sergio Massacesi, jefe del departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica, quien también estuvo preso. Ellos manejaban, entre otras cuestiones, el neurálgico plan Meppes (para enfermedades o patologías especiales) de IOMA. Con números de afiliados de pacientes fallecidos inventaban recetas. Truchas, claro que sí. Una farmacia, también cómplice, las dispensaba.
Y otra persona, de la misma organización delictiva, las retiraba. Así se cerraba el círculo: el instituto le pagaba a una farmacia por un medicamento oncológico que quedaba en las mismas manos, para un afiliado que existía sólo en los papeles.
¿Y qué pasaba con ese medicamento? Se cree que luego iba al mercado negro, ilegal. Este es otro punto clave de la investigación. Ninguna de esas recetas estaba por debajo de los diez mil pesos, y la Fiscalía tendría acreditados al menos setenta casos. Pero se estima que hay cientos, miles más.
El fiscal Jorge Paolini (a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos que lleva el expediente), rápido de reflejos, sabe que Piergiácomi es un pez gordo, pese a su puesto de simple empleado de IOMA. Por eso lo fue a despertar de madrugada para ponerlo tras las rejas. Lo sorprendió, para que no escapara. Luego allanó en profundidad el tercer piso del instituto. Se llevó de todo, con expedientes con firmas altamente comprometedoras para los imputados. Y posiblemente alguna más, como la del director general de Administración de la obra social, Alejandro Fernández, o el director general de Prestaciones, Nicolás Vitale.
Este es otro punto álgido: nadie puede creer que dicha persona, con un puesto estratégico, no supiera nada de todo esto. En total fueron tres los funcionarios-empleados detenidos (el restante fue Guillermo Hernández Plata, médico auditor), y otras siete personas vinculadas con el negocio de la salud. Todas ya fueron excarceladas, pero el proceso continúa.
En los pasillos de IOMA siempre se cuenta que Piergiácomi pasó de perro a escopeta. De golpe y porrazo sorprendió con vehículos de altísima gama, viajes múltiples y exóticos al exterior, pilcha europea y un nivel de vida que no se dan ni empresarios de los más importantes. ¿Con un simple sueldo de IOMA? Sí, todo muy raro.
La fiscalía también trata de determinar si este hombre había ya cruzado el escritorio de su oficina para transformarse, efectivamente, en un empresario farmacéutico. Será materia de investigación, pero todo parece indicar que sí.
El subdirector de Farmacia fue ratificado en el cargo por La Scaleia cuando asumió la presidencia de IOMA, en marzo de 2010. Ambos compartían almuerzos, largas charlas y divergencias con relación a algunos temas, pero se conocen desde muchísimo tiempo atrás. Por caso, el “Tano” había sido funcionario del instituto, y como director de Prestaciones había trabajado junto a Piergiácomi. No puede decir con sinceridad que no sabía de estas maniobras. De hecho, el expediente judicial que tramita en la actualidad no es nuevo, tiene años; pese a ello, el titular de la dependencia siempre lo mantuvo en el cargo.
La Scaleia está sospechado, además, por otro negocio posiblemente millonario, vinculado con la internación domiciliaria, un servicio ideado prácticamente por él y su equipo. Antonio Nardella, su hombre de confianza, es uno de los referentes en el rubro. De hecho, es el director de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria.
La internación domiciliaria es un escándalo en sí mismo. Un empresario del rubro le dijo a La Tecla. “Lo sabe todo el mundo. Cualquier empresa, para ingresar a brindar esta prestación tiene que dejar algo y cumplir con un registro de proveedores más complejo que el chino mandarín”.
Luego de la detención de Piergiácomi, La Scaleia y Nardella mandaron a tirar y limpiar todos los papeles y/o expedientes sobre internación domiciliaria. Les habían avisado que podía venir un allanamiento, y querían evitar malas interpretaciones.
En síntesis, el negocio de la internación domiciliaria se sustenta en estas patas:
Empresas cuasi fantasmas con poca estructura que cobran millones por servicios que no dan o que dan sobrefacturados.
n Las empresas les pagan migajas a sus empleados, en su mayoría enfermeros con escasa o nula preparación.
Algunos de los médicos auditores forman parte de la maniobra o, por temor, se niegan a realizar la denuncia.
Pero, como siempre, hay excepciones. En 2010 la doctora auditora Claudia Terrasa denunció públicamente y se negó a avalar “irregularidades” en este servicio. ¿Resultado? La echaron. Luego la Justicia ordenó su reincorporación. Sí, estaban los mismos que hoy: La Scaleia y Nardella.
La denuncia de la doctora Terrasa, hecha pública por la revista Desafío Económico a fines de 2010, habla por sí sola. “Había una docente con esclerosis múltiple, pero resultaba que estaba trabajando. Cuando la quise ubicar, estaba en el exterior, de vacaciones; y con internación domiciliaria”, contó esta mujer, que fue restituida en su cargo por un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias.
El mecanismo está tercerizado. Es decir, empresas privadas se dedican a brindar esta prestación. La resolución Nº 6357/08 dispone los requerimientos para la adhesión al sistema; entre ellos también se incluye la posibilidad de que estas compañías brinden hasta el servicio de traslado de los pacientes. Algunas de las empresas son Medical System, de Capital Federal; y Medical Help SRL, también de la capital bonaerense. Casi todas, se cree, responden a La Scaleia a través de interpósita persona.
Para tomar dimensión del tema, la internación domiciliaria es trasladar a la vivienda particular una prestación análoga a la que se brinda en un hospital y/o clínica. Por lo tanto, la empresa debe brindar un servicio integral, y le cobra al IOMA por cada uno de los servicios.
La doctora Terrasa, como médica auditora, tenía la función y responsabilidad de controlar la organización, funcionamiento y coordinación -tanto de los profesionales intervinientes, las prestaciones brindadas, los pacientes y sus familiares-, de las internaciones domiciliarias.
“Terrasa también comprobó que uno de los pacientes con internación domiciliaria estaba jugando al golf”, relató en su oportunidad su abogado, Jorge Milloc, quien a su vez también es letrado de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de Obra Médico Asistencial (APIOMA). La médica confirmó el mismo hecho.
La doctora denunció todo dentro de la misma institución, es decir, el IOMA. Su inmediato superior -según narró la misma mujer- Daniel Rossi, titular de la Región Pehuajó, la increpó: “Me llamó ‘buchona’. Me dijo que él no era ningún ‘buchón’”. Dentro de la obra social nadie la respaldó. “Ninguna de las autoridades se comunicó conmigo. Todas apañaron al director, no al empleado. Es más, como yo no estaba afiliada a UPCN pensaron más en arreglar entre ellos que en protegerme. UPCN está de la mano, desde el punto de vista político, con los directivos de IOMA”, añadió la mujer.
El tema es de vieja data, y muy complejo. “Todo el tema de la internación domiciliaria es de lo más oscuro, lo que menos se sabe; poco transparente. Hay empresas nuevas que entregan esa prestación, y muchas denuncias que indican que estarían ligadas con los directores de IOMA”, denunció -en estricto off the record- uno de los empleados consultados, quien cree que un allanamiento al instituto es ahora inminente.
El juez Arias sostuvo en su sentencia que la doctora Terrasa, quien realizó la residencia en el hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, fue cesanteada sin causa, lo que configura “una arbitrariedad palmaria, que lesiona gravemente elementales garantías constitucionales, en particular la pérdida del empleo y el salario”. El magistrado concluyó que no hubo un sumario administrativo previo, y que Terrasa tuvo la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa; por lo tanto ordenó su reincorporación al IOMA.
Dentro de este farragoso tema ya asoman algunas conclusiones:
1.- La doctora Terrasa comprobó irregularidades en el sistema de internaciones domiciliarias. Las denunció, pero, en lugar de respaldarla, las autoridades del IOMA la echaron sin justa causa.
2.- Tanto Terrasa como el empleado del instituto coinciden en que el mecanismo es poco transparente, y que algunas de las empresas guardan ligazón con las autoridades de la obra social.
3.- La Scaleia, un hombre de decisión y carrera dentro de la mutual, siempre respaldó y fogoneó este mecanismo, que no es brindado por el Estado sino por privados.
Según Terraza, “las empresas de internación domiciliaria presupuestan por médico, kinesiología, enfermería, psicoterapia, psicopedagogía y terapia ocupacional; y va uno solo, el otro no va, pero ellos cobran por el total”.
La Scaleia no sabía nada de esto en 2010, ahora tampoco sabe nada de esto de los medicamentos. La Justicia otorgó todos los pedidos de excarcelación por los funcionarios detenidos, aunque la causa no está cerrada. “Si sigue en su cargo es porque, evidentemente, el negocio no es de unos pocos”, cree uno de los denunciantes.